Manuel Rodríguez Becerra

La población de Nemocón está siendo víctima de una intensa violencia virtual por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y es que esta última denominación es la única que cabe a la determinación de esta entidad de conceder licencia ambiental para construir un relleno sanitario regional en Nemocón e insistir en ella, no obstante que sus ciudadanos rechazaron contundentemente la iniciativa mediante consulta popular.

Como se registró en esta columna (22 de marzo de 2008), los habitantes del municipio acudieron a las urnas, el primero de octubre de 2006, para expresar su posición respecto a dos preguntas: (i) “¿Está usted de acuerdo con que se realice en el municipio un relleno sanitario regional?”, y, (ii) “¿Está usted de acuerdo con que el municipio maneje sus residuos sólidos de forma independiente sin la participación de otros municipios?”. El 95 por ciento de los votantes respondió negativamente la primera pregunta, y el 77 por ciento respondió positivamente la segunda.

Un año después, la CAR desconoció esta decisión democrática al otorgar una licencia ambiental que permite a la empresa Tecnoambientales S.A. la construcción de un relleno sanitario, al servicio de nueve municipios, en jurisdicción de Nemocón, sin importar que el artículo 55 de la Ley 134 de 1994, reglamentaria de la participación ciudadana, establece que: “La decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria.” Para cualquier ciudadano, esta norma no puede ser más clara, pero no así para la CAR, que, al reafirmar su decisión, a mediados del año pasado, esgrimió el estrambótico argumento de que esta obligatoriedad no le incumbe puesto que es una entidad técnica y autónoma. Autorizados expertos han cuestionado la decisión de la CAR, incluyendo el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP), dirigido por el profesor Daniel Bonilla, que, en reciente solicitud presentada ante la Corte Constitucional, conceptuó que “la CAR de Cundinamarca ha violado, y continúa violando, los derechos a la participación política de los habitantes de Nemocón”.

Para rematar, la CAR desconoció el acuerdo del Concejo de Nemocón que prohíbe la construcción de rellenos regionales en su territorio, haciendo uso de su competencia constitucional de “reglamentar el uso del suelo”. Porque si bien los rellenos sanitarios regionales pueden, eventualmente, constituir una alternativa más efectiva que los individuales, los municipios deben estar en posibilidad de rechazar la ubicación de aquellos en su territorio, como en esta bella población de la Sabana, que con su decisión intenta defender su vocación turística, ecológica, cultural y agrícola.

La CAR hizo así moñona en esta violación de los derechos de los habitantes de Nemocón al conceder la licencia en cuestión a una influyente empresa. Es una situación que ha generado enorme descontento popular y acciones de protesta que llevaron al enfrentamiento con la Fuerza Pública, un hecho no justificable pero detonado por la violencia virtual ejercida por una agencia gubernamental contra un débil grupo de nuestra población.

Ahora, la Corte Constitucional tiene la palabra, puesto que aceptó para revisión la acción de tutela presentada por las autoridades del municipio contra la CAR, a partir de una “solicitud de insistencia en la selección” del G-DIP, que subraya que el alto tribunal tiene la gran oportunidad de pronunciarse sobre: “(i) el carácter obligatorio de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente de las consultas populares, y, (ii) las limitaciones que impone la Constitución al desempeño de las competencias asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales.” Nos encontramos, entonces, frente a decisiones cruciales sobre la defensa de la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991 como uno de los caminos para garantizar una sociedad más incluyente y alcanzar la paz.