Manuel Rodríguez Becerra

Los escandalosos casos de Carimagua y la Ley Forestal, así como el atropello cometido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca contra los habitantes del municipio de Nemocón, al desconocer los resultados de la consulta popular efectuada sobre el establecimiento de un relleno sanitario regional en su territorio, tienen un trágico común denominador: el supuesto de que los grupos más vulnerables de nuestra sociedad ocupan un papel marginal y desechable en la construcción de un país mejor.

El Ministerio de Agricultura ha intentado convencer a la opinión pública de que la Ley Forestal fue declarada inconstitucional por un inocuo asunto de trámite. Nada más falso. La Corte Constitucional la declaró inexequible al establecer que vulneraba los modos de vida y derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras y señaló que, por ello y de acuerdo con la ley, era indispensable una consulta previa con estas minorías étnicas. Pero la consulta no se hizo porque, como resultó evidente durante el trámite de la ley, los ministerios de Agricultura y del Ambiente, en alianza con las mayorías gubernamentales del Congreso, consideraron que podría convertirse en un obstáculo para sacar adelante un acto legislativo que tenía como uno de sus propósitos fundamentales la explotación maderable a gran escala del bosque natural, en beneficio de unas pocas empresas.

Carimagua es la expresión de una política agraria que define a los campesinos sin tierra como no aptos para la producción eficiente y, en consecuencia, como no merecedores de recibir una parcela. Continuarían entonces condenados a convertirse en eternos asalariados de los grandes terratenientes, o a engrosar los cordones de miseria de las grandes ciudades, o a tumbar selva para establecer una parcela en suelos cuya única vocación es seguramente forestal, y producir, de paso, la destrucción de la valiosa biodiversidad del país. No solo es una errada visión sobre el papel que puede jugar el agro y el bosque para construir una sociedad más justa, sino que conlleva el ejercicio de lo que Rudolf Hommes ha denominado como la violencia virtual sobre los campesinos sin tierra, incluyendo a los desplazados.

El caso de Nemocón es también patético. El primero de octubre del 2006, el municipio sometió a consulta popular dos preguntas: “¿Está usted de acuerdo con que se realice en el municipio un relleno sanitario regional? ¿Está usted de acuerdo con que el municipio maneje sus residuos sólidos de forma independiente sin la participación de otros municipios?”. A la primera respondió negativamente el 94 por ciento de los votantes y a la segunda respondió positivamente el 72 por ciento. Es decir, los pobladores de Nemocón le dieron un rotundo no al establecimiento de un relleno sanitario regional en su territorio, el cual estaría al servicio de seis municipios.

Pero el pasado 26 de octubre, esta consulta fue desconocida por la CAR de Cundinamarca al otorgar a la Sociedad Tecnoambientales S. A., E. S. P., la licencia ambiental para la construcción del mencionado botadero de basuras regional en las veredas de Checua y Cerro Verde, no obstante que el artículo 55 de la Ley 134 de 1994 consagra que “la decisión tomada por el pueblo en la consulta será obligatoria”.

Es una burla a la voluntad popular y otra forma de violencia virtual que, a similitud de lo ocurrido con Carimagua y la Ley Forestal, contribuye a agudizar los conflictos sociales de nuestro país. Y, en este caso, se está ejerciendo en contra de un grupo de ciudadanos que, al creer en las instituciones democráticas de Colombia, hicieron uso de la consulta popular para tomar una decisión sobre el uso del suelo de su municipio. Y que ahora están constatando que su determinación colectiva y la ley valen menos que los intereses de la empresa beneficiada con la licencia ambiental y las potenciales ganancias de su negocio.