Manuel Rodríguez Becerra

El 2013 no augura nada positivo en materia de política ambiental, pues todo parece indicar que esta continuará el rumbo de los dos últimos años, en los cuales las locomotoras del desarrollo han tenido poco miramiento con la protección de nuestra riqueza natural.

No pocos dirán que la política ambiental de la administración del presidente Juan Manuel Santos no debe ser muy diferente de las de los gobiernos anteriores, si se juzgan por el continuo deterioro que se observa en las últimas décadas.

Pero hay que recordar que el deterioro ambiental es un común denominador de todos los países, como lo expresa el hecho de que hoy se requeriría planeta y medio para suministrar los recursos que consumimos y absorber los desperdicios que producimos. Y que en el territorio de un país esa huella ecológica puede tener una magnitud mayor o menor que la global, puesto que cada cual está en posibilidad de marcar diferencias mediante políticas de protección de los ecosistemas y sus servicios -como la provisión de alimentos y agua- y de prevención y mitigación del deterioro ambiental asociado a la producción y el consumo. Naturalmente, es una tarea que corresponde a la sociedad en su conjunto, pero en ella el Gobierno juega un papel fundamental.

En Colombia encontramos gobiernos que han efectuado avances en materia de la protección ambiental que en ocasiones han sido perdurables y en otras no han corrido con esa suerte. El de Carlos Lleras creó el Instituto de Recursos Naturales (Inderena), con el cual se inició la gestión ambiental moderna. En los gobiernos de Misael Pastrana y Alfonso López se elaboró y expidió el Código de los Recursos Naturales, y en este último se inició su vigorosa implementación. Durante la presidencia de Belisario Betancur se promovió la participación de la sociedad civil en la conservación. En el gobierno de Virgilio Barco se crearon extensos resguardos indígenas y parques nacionales en la Amazonia, para proteger su diversidad cultural y biológica. En el de César Gaviria se aprobó la Constitución Verde, se consagró en ella la creación de las propiedades colectivas de las comunidades negras de la cuenca del Pacífico, y se estableció el Ministerio de Ambiente. Y durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, el Sistema Nacional Ambiental registró un período de ascenso y consolidación.

En la actualidad, cumplimos ya diez años de una política ambiental en declive, esclava, más que nunca, de las políticas de crecimiento económico. Así se manifestó, entre muchos otros hechos, en el caótico otorgamiento de más de 9.000 títulos mineros en el período 2002-2010, que amenazan con arruinar valiosos ecosistemas, situación que se profundizó en el actual gobierno con la declaración de 22 millones de hectáreas como reservas mineras estratégicas, que se traslapan con áreas con valores ecológicos únicos e insustituibles en diversos rincones del territorio nacional.

Así mismo, en el gobierno anterior se fomentó una rápida transformación de la Orinoquia a partir de intervenciones radicales en sus complejos ecosistemas (drenaje de los humedales, tumba de morichales y matas de monte), que en el actual gobierno se continúa. Estamos en la ruta de perder valiosos recursos de biodiversidad y desestabilizar el frágil ciclo del agua, poniendo, además, en riesgo las actividades agrícolas mismas. Evidentemente, en los Llanos Orientales existen grandes oportunidades para el desarrollo económico y social del país, pero no en la forma en que se está llevando a cabo.

En últimas, y como se ha ilustrado con los dos casos anteriores, cada vez se está más lejos de reconocer que las actividades productivas no deben desarrollarse a cualquier costo ambiental y en cualquier lugar de la geografía.

Y a las políticas poco amigables con el medio ambiente del último decenio se suma el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, que se inició en el 2003 con la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, la cual tuvo muy negativas consecuencias, como diversos estudios lo evidenciaron. El presidente Santos intentó corregir esta situación mediante el establecimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puesto en marcha a finales del 2012. Pero su conformación no fue del todo afortunada, puesto que se le quitó la función del ordenamiento territorial, ahora en manos del Ministerio de Vivienda, que es crucial para la gestión ambiental. Y, además, la responsabilidad última por las licencias ambientales dejó de estar en cabeza del Ministro, con lo cual esta cartera quedó virtualmente sin dientes, y se trasladó aquella a la nueva agencia especializada, la Anla.

Al frente del nuevo ministerio se nombró a Frank Pearl, a quien simultáneamente se hizo parte de la comisión que, en forma secreta, acordó con las Farc iniciar el proceso de negociaciones de paz. Y de un ministro de tiempo muy parcial no podía esperarse sino un resultado muy gris en el proceso de implementación de la reforma de la institucionalidad ambiental. Y el nuevo ministro, Juan Gabriel Uribe, nada que sale de esa zona gris, restándole solo este año para hacerlo.

Bien parece, entonces, que hoy la política ambiental del presidente Santos no es muy diferente de la de su antecesor, el presidente Álvaro Uribe. En esto, infortunadamente, le ha sido fiel.