Manuel Rodríguez Becerra

La política de protección de la diversidad cultural y biológica de la Amazonia, puesta en marcha durante la administración del presidente Virgilio Barco, cumple veinte años. En efecto, entre 1986 y 1989 se declararon en la región 44 resguardos indígenas con una extensión de 14’228.819 hectáreas, y 5 áreas protegidas con una extensión de 4’011.000 hectáreas.

Puesto que existen algunas superposiciones entre los resguardos indígenas y las áreas protegidas, la extensión total declarada durante esa administración, en las dos modalidades, asciende a aproximadamente a 16’292.319 hectáreas. Es una extensión que, sumada a las anteriores y posteriores declaratorias de resguardos y parques nacionales, asciende hoy a 30’986.101 hectáreas, equivalente al 65 por ciento de la Amazonia colombiana. Y constituye la política de ordenamiento del territorio más ambiciosa en la historia del país, un hecho del cual muchos colombianos, incluyendo parte de nuestra dirigencia, son patética y dañinamente inconscientes, quizá porque están más cerca de Miami o de París que de la Amazonia.

El presidente Barco lanzó oficialmente esa política, en abril de 1988, al hacer entrega del Predio Putumayo a 11 comunidades indígenas que, con una extensión de 5’869.448 hectáreas, se constituyó en el resguardo más extenso del país. Se reconocieron, así, los derechos ancestrales de estos pueblos sobre sus territorios. Y, de alguna manera, se les compensó por los indecibles atropellos de que fueran víctimas por parte de la casa cauchera Arana y Hermanos que, durante las tres primeras décadas del siglo pasado, sometió al pueblo indígena huitoto y a otras etnias a una cruel esclavitud, tal como lo denunció en forma magistral José Eustasio Rivera en La vorágine.

Tanto la creación de los resguardos como la de parques nacionales tenían ya una larga historia, pero con la política Barco tomaron un lugar sin precedentes en la agenda pública nacional de la época. Y recibió un sustantivo impulso durante la administración del presidente César Gaviria, y, en particular, en la Constitución de 1991, que establece que estas áreas son imprescriptibles, inenajenables e inembargables, y que consagra los derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas.

¿Cuál es el balance de la política amazónica de Barco veinte años después? Las comunidades indígenas han desarrollado significativos procesos para reafirmar su identidad cultural y el control de sus territorios, poco conocidos en el resto del país. Pero tanto los resguardos como los parques han tenido que enfrentar las graves amenazas generadas por la indiferencia de los últimos gobiernos, el conflicto armado, el narcotráfico, y la minería y la extracción ilegal de madera, y que se expresan en la tragedia del pueblo nukak y en la destrucción de amplias extensiones de selva en La Macarena y el Putumayo.

Y, en medio de este panorama de luces y sombras, nuestra selva en esta región se encuentra mejor protegida en comparación de lo que ocurre hoy con este ecosistema en la mayor parte de países amazónicos. Así, se evidencia, por ejemplo, en la no potrerización de cientos de miles de hectáreas y la no explotación industrial de madera del bosque natural, tal como ha ocurrido en los otros países, así como en el piedemonte amazónico colombiano. Estas últimas son opciones que, por fortuna, no son factibles en la mayor parte de las tierras de nuestra región amazónica, puesto que la política de Barco las sacó efectivamente del mercado.

En últimas, con las decisiones del presidente Virgilio Barco se concretó una de las políticas de protección de las culturas indígenas y conservación de la selva húmeda tropical más ambiciosas del mundo, que, veinte años después, muestra un balance positivo y admirables logros. Hoy, el gran reto del país es fortalecer y consolidar esta gran política de Estado, crucial para el futuro de Colombia.