Manuel Rodríguez Becerra

Colombia está corriendo por una senda de insostenibilidad ambiental. Se señala en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “La economía colombiana tuvo un sólido crecimiento en los últimos años, con un promedio anual del 4,3 % entre el 2000 y el 2012, a través del cual se ha logrado la disminución de la pobreza y desigualdad, con un incremento del ingreso per cápita a nivel nacional. Sin embargo, el indicador de ahorro neto ajustado para el mismo periodo sugiere que, desde el punto de vista ambiental, el crecimiento económico posiblemente no es sostenible, debido a que la riqueza total se está agotando. La economía colombiana es más intensiva en la utilización de recursos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), con presiones sobre los recursos naturales ejercida por la industria extractiva, la ganadería extensiva, la urbanización y la motorización” (pág. 468).

Si algún ambientalista hubiese hecho esta misma afirmación, seguramente habría sido calificado de ambientalista extremo. Y es que en este diagnóstico se subraya que el país está haciendo muy mal uso de sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables, lo que, en el caso del medioambiente, significa pérdidas irreparables de la riqueza en agua, biodiversidad y suelos, entre otras.

Este diagnóstico, que sintetiza las conclusiones de recientes informes de la Ocde y del Banco Mundial sobre Colombia, debería ser motivo de un debate nacional. ¿Acaso el hecho de que el país esté en un creciente proceso de agotamiento de su riqueza natural y de insostenibilidad ambiental no merece un análisis abierto y en profundidad, con participación de los diversos grupos de la sociedad, con miras a corregir la equivocada ruta?

Pero es un asunto que poco importa a la dirigencia nacional, si nos atenemos a la enorme indiferencia con que ha mirado la negativa evolución del estado del medioambiente del país, que se señala no solo en los mencionados informes internacionales, sino principalmente en los muchos estudios producidos en las dos últimas décadas por los cinco institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, por las universidades y las ONG, y por centros especializados como el Ciat, Cenicafé y Corpoíca, sin dejar de mencionar informes especiales, como el elaborado sobre la minería en Colombia por la Contraloría General de la República. Bien parece que la mejor forma de negar la existencia de una ruta equivocada es negar las conclusiones de la ciencia.

En contraste, crecientemente las comunidades de base están intentando enfrentar esta anómala situación y, con frecuencia, acuden a la protesta, como se expresa en el hecho de que Colombia sea uno de los países del mundo con mayor número de conflictos socioambientales, un indicador, entre muchos, de que algo anda mal.

A corto plazo, los ambientalistas y los ciudadanos a quienes les importa el tema estamos ante la oportunidad de incidir en la definición del Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente, un grupo de ambientalistas y organizaciones sociales, con el liderazgo de Juan Pablo Ruiz, representante del sector ambiental en el Consejo Nacional de Planeación, presentó al DNP un conjunto de propuestas, las cuales fueron objeto de una positiva recepción del director del DNP, Simón Gaviria, y su equipo de colaboradores inmediatos. Las recomendaciones son múltiples y debidamente fundamentadas, refiriéndose muchas de ellas a cómo hacer que sectores claves como el agrícola, el minero, el urbano y el de infraestructura sean más amigables con el medioambiente. Amanecerá y veremos.

Pero, como es obvio, estas recomendaciones apenas serían el principio de la solución de un problema grave y complejo que desborda la agenda ambiental y que requiere mucho más que un plan de desarrollo del gobierno de turno.