Manuel Rodríguez Becerra

Todos los candidatos presidenciales del establecimiento económico y del clientelismo, como acertadamente los denominó Rudolf Hommes en reciente columna, y entre quienes Juan Manuel Santos es su más característico representante, ofrecen proteger el agua dulce y la biodiversidad del país, detener la deforestación, luchar contra la contaminación del aire y el calentamiento global, establecer ciudades ambientalmente más sostenibles, etcétera. Se trata de un completo menú de temas de la conservación y de la sostenibilidad ambiental, de uso universal, que hace también parte de los planes de desarrollo de los últimos gobiernos, y que se encuentra, palabras más, palabras menos, en el programa del candidato Antanas Mockus, del Partido Verde.

No obstante este común denominador de temas y de rótulos, entre las propuestas de los candidatos del Establecimiento y la del candidato del Partido Verde existen diferencias abismales, puesto que para Antanas Mockus solamente es factible desarrollar las metas ambientales de su programa en el marco de cuatro concepciones fundamentales: el destierro de la ilegalidad, la creación de una cultura ambiental, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

Precisamente, como alcalde de Bogotá, Mockus dio, entre otras muchas, una lección incomparable de lo que significa la corresponsabilidad ciudadana en el manejo ambiental, al crear una cultura de ahorro del agua que hoy se mantiene, cerca de quince años después, y que explica en gran parte el hecho de que su consumo en la capital sea hoy aproximadamente la mitad de lo que entonces se preveía.

Pero, además, la cultura ciudadana incluye, como uno de sus atributos fundamentales, la sanción moral de la comunidad sobre quienes violan la ley, una modalidad esencial de control social que en la Colombia de hoy ha sido sustituida por la tolerancia, e incluso por la recompensa económica, frente a los más abyectos comportamientos.

Y es que en la concepción de Antanas Mockus si no se hace una lucha frontal contra la ilegalidad en materia ambiental lo único que podemos esperar es más destrucción y más deterioro. La permanente violación de las normas ambientales, y su flagrante impunidad, así como el frecuente acomodo de las mismas a los intereses de poderosos grupos económicos tradicionales y “emergentes”, es, sin duda, una de las mayores causas de la creciente pérdida de nuestro patrimonio natural.

Recordemos, entre cientos de ejemplos, la destrucción en marcha del cauce y las riberas del río Dagua por acción de los mineros del oro, la contaminación de las playas de Santa Marta como consecuencia del irresponsable manejo del carbón, la degradación de los páramos por parte de empresas mineras y paperas, la autorización de la construcción de un puerto en Mingueo-Dibulla, que sacrifica innecesariamente un lugar de especial valor ecológico, y la caótica y destructiva urbanización de la Sabana de Bogotá.

Son situaciones que han sido favorecidas por la corrupción y la politización de muchas de las corporaciones autónomas regionales. ¿Acaso los candidatos del Establecimiento y del clientelismo están dispuestos a cambiar este aberrante estado de cosas, cuando los promotores y perpetradores de estos desafueros son sus aliados y, con frecuencia, los financiadores de sus campañas? Hacer cumplir la ley y construir una cultura ambiental son dos ideales profundamente relacionados que están, además, complementados y reforzados por las concepciones, las realizaciones concretas y la sustantiva experiencia aportadas por Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón y Antanas Mockus, en la tarea de conformar ciudades más sostenibles desde las perspectivas social y ambiental, la cual ha recibido un amplio reconocimiento internacional. ¡La ola verde augura un destino ambiental radicalmente diferente al camino de la destrucción en que estamos embarcados!