Manuel Rodríguez Becerra

El infierno está lleno de buenas intenciones y ese podría llegar a ser el destino de aquellas manifestadas por el presidente Juan Manuel Santos de fortalecer la institucionalidad ambiental del país. Y es que si las cosas siguen como van, con el proyecto de ley para el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente para modificar la estructura de la administración pública, continuará el lamentable debilitamiento del Ministerio de Ambiente.

En efecto, el Proyecto aprobado por la Comisión Primera del Senado ordena que se escinda “del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano y del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y a las dependencias a su cargo”, y se asignen al nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Al Ministerio de Ambiente se le quitan, así, las funciones de formular, implementar y efectuar el seguimiento de la política de desarrollo territorial en el marco del desarrollo sostenible y orientar los procesos de ordenamiento territorial del orden nacional, regional, departamental y local. Como lo ha subrayado María Mercedes Maldonado, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en un contundente concepto sobre las inconveniencias de la ley en trámite: “El instrumento más importante del ordenamiento territorial son los planes de ordenamiento territorial (POT), que corresponde formular a las autoridades municipales. Y la armonización de sus decisiones con los objetivos, directrices y normas nacionales se logra a través de los determinantes de superior jerarquía de los POT, que en su mayoría son de naturaleza ambiental. Es, entonces, de simple lógica que la orientación del ordenamiento territorial esté en cabeza del Ministerio del Ambiente, para lograr una articulación más coherente entre el nivel nacional y el municipal”.

Entre las funciones que se trasladarían al Ministerio de Vivienda se cuentan, también, algunas que deben pertenecer, sin lugar a discusión, al Ministerio del Ambiente como son: formular políticas y regulación nacionales sobre zonificación y uso adecuado del suelo; establecer criterios y directrices para articular las áreas protegidas y de manejo especial de carácter nacional a procesos de planificación y ordenamiento territorial municipal, regional y nacional; y formular e implementar una estrategia de fortalecimiento institucional en materia de descentralización, ordenamiento y gestión territorial dirigida a las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental.

Y como bien lo ha cuestionado la doctora Maldonado: “¿Por qué el Ministerio de Vivienda debe encargarse del fortalecimiento institucional del sistema nacional ambiental o de procesos relacionados con las áreas protegidas? Es como si el Ministerio de Ambiente fuera encargado del sistema nacional de vivienda de interés social o de definir las políticas, criterios e instrumentos de financiación de la vivienda.”

En plata blanca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deja de ser la autoridad nacional en materia del ordenamiento territorial, una función esencial para la protección de la gran riqueza en biodiversidad y agua del país. Y para rematar, las funciones referentes a la política sobre agua potable y saneamiento básico se asignan también al Ministerio de Vivienda, dejando en Minambiente las correspondientes a la conservación del agua. Se está negando la posibilidad de liderar una gestión integrada del agua dulce, que incluya la protección en sus fuentes, su uso racional para fines domésticos y productivos y los necesarios procesos de descontaminación.

Todavía es posible subsanar estos exabruptos en la última vuelta que resta para el trámite del proyecto en el Congreso. De no hacerse, acabaremos contando con un Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible raquítico que no le podrá hacer honor a su nombre.