Manuel Rodríguez Becerra

La Plataforma de Durban, acordada el domingo pasado, representa un fracaso inocultable en la lucha contra el calentamiento global. En últimas, fue la escena final de la fallida Cumbre de Jefes de Estado en Copenhague, celebrada hace dos años.

Fracaso no es un término que guste a la diplomacia de las Naciones Unidas, que prefiere reclamar éxitos cuando no los hay. Y es que hay que recordar que hace más de veinte años se comenzó a soñar en una acción colectiva global que evitara en forma contundente que el incremento promedio de la temperatura de la Tierra superara el umbral de peligro, que, de acuerdo con la ciencia, se ubica en dos grados centígrados. Pero hoy, a partir de Durban, lo único cierto es que ya no es posible concretar ese sueño y que la humanidad deberá inevitablemente enfrentar las graves consecuencias de un aumento de la temperatura, que podría llegar a los tres o cuatro grados centígrados a lo largo del siglo.

Hay que reiterarlo. La ciencia ha señalado con una alta certidumbre que se está enfrentando un cambio climático originado por la acción humana. Y, al mismo tiempo, ha reconocido que existe incertidumbre sobre la magnitud de los impactos que se podrían producir a consecuencia de los diversos escenarios de incremento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Y esta última situación ha sido manipulada por diversos grupos de interés con el fin de aplazar la acción, señalando que la ciencia del cambio climático se mueve en arenas movedizas. Pero, por el contrario, esa incertidumbre es lo que justamente hace aún más urgente una acción pronta y decisiva. Si bien existe el riesgo de que después de haber actuado con contundencia se encuentre que la amenaza fue sobreestimada, igualmente existe el riesgo de que, al no actuar, o al hacerlo tímidamente, los impactos sean catastróficos.

En Durban se tomó este último riesgo. Se acordó construir de aquí al 2015 un nuevo instrumento legal que comprometa a los países desarrollados y en desarrollo en la lucha contra el calentamiento global, que se pondría en marcha a partir del año 2020. Es algo así como tratar de pegar los platos rotos en Copenhague con babas, puesto que, como los científicos lo han subrayado, esta última fecha es muy tardía para poner en marcha las acciones necesarias para reducir las emisiones de GEI en la magnitud exigida. Y es que de hoy al 2020, cuando entre en vigor el nuevo acuerdo, se contará con un Protocolo de Kioto aún más debilitado que no incluye ni a los Estados Unidos, que nunca lo ratificó, ni a los países que resolvieron retirarse de él, que se cuentan entre los mayores emisores de GEI, como Rusia, Canadá y Japón.

Así, después de Copenhague y Durban, ha quedado definitivamente sepultado el objetivo central de la Convención de Cambio Climático (1992) y su Protocolo de Kioto (1997), que exigía adelantar un desarrollo económico que no interfiriera en forma peligrosa con la estabilidad climática.

Son muchos los responsables de esta situación; en primera fila se encuentran no pocas de las mayores empresas privadas del mundo que, en aras de sus intereses económicos de corto plazo, se dedicaron con eficacia a desprestigiar la ciencia del cambio climático y a oponerse al Protocolo de Kioto y a cualquier legislación nacional para disminuir las emisiones de GEI, mientras públicamente se proclamaban como campeonas del desarrollo sostenible (si se quiere conocer a algunas de las más representativas empresas involucradas en este propósito, y su juego sucio, véase Who’s holding us back?, Green Peace, 2011). Y, como siempre, las víctimas de este inaceptable acto de “irresponsabilidad social corporativa” serán principalmente las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo, como las recientes tragedias de Colombia lo están enseñando.