Manuel Rodríguez Becerra

La forma extremadamente simplista en que la política minera considera el territorio colombiano es, quizá, la principal causa de los crecientes conflictos socioambientales que se están presentando en el país.

Es tal el simplismo que el Código Minero establece que la industria minera en todas sus ramas y fases es de utilidad pública e interés social, lo que, en últimas, implica que la minería prima sobre  la actividad agrícola, los derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas y la protección ambiental. 

Y, además, en lo atinante al medio ambiente la arquitectura del código es de tal naturaleza que una vez otorgado el título es muy improbable que se pueda negar la licencia ambiental. Es cierto que en el Código excluye algunas áreas de la minería (los páramos, los parques nacionales, los humedales Ramsar). Pero es absurdo que el otorgamiento de los títulos y concesiones en el resto del territorio nacional se haga sin un  ordenamiento ambiental previo, en el cual se establezca en qué áreas la minería es dable, y bajo qué condiciones, y  en cuáles no.

El no hacerlo es suponer que el territorio colombiano es homogéneo y que declaradas las áreas mineras estratégicas,  por el único prurito de sus potenciales mineros, lo único que queda por hacer es  otorgar los títulos y concesiones a partir del principio de “quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho”, una norma de indiscutible sabor decimonónico.

Y es que antes que homogéneo, el territorio colombiano presenta una enorme complejidad desde las perspectivas geográfica, ecológica, climática  y geológica. Basta con recordar que en él se encuentran representados cinco de los grandes ecosistemas de Suramérica: Caribe, Pacífico, Andino, Orinocense y Amazónico. Y que, dada la altísima biodiversidad del territorio,  al interior de cada una de estas regiones se encuentra también una gran heterogeneidad.

Así, para no pocos colombianos  la Orinoquia es una llanura homogénea, que podría ser transformada sin mayores cortapisas, puesto que allí no existirían valores ecológicos de significación que proteger, como, en contraste, si existen en la región amazónica. Pero  por el contrario, cualquier proceso de transformación debe tomar en cuenta que la Orinoquia cuenta con 159 ecosistemas,  39 tipos de sabana, y una enorme riqueza en agua que, sin embargo, presenta una  gran fragilidad, en virtud de su marcada estacionalidad,  que se caracteriza por una larga estación lluviosa y una estación de fuerte sequía. 

La  región andina es, quizá, la que presenta una mayor complejidad para los potenciales proyectos mineros.  Y es que en el ámbito global se cuenta muy poca experiencia de explotación minera en una región de tan alta biodiversidad y pluviosidad como esta. Y, además, son pocas las regiones montañosas del mundo que cuentan con una población tan alta como la región andina colombiana. Y por eso no es extraño que las comunidades se preocupen por el futuro de sus aguas, ya sea porque la minería podría generar una excesiva demanda  por el uso de este recurso frente a las irrenunciables demandas para usos agrícolas y domésticos, o por los riesgos de contaminación del agua originados en la extracción de los minerales, o por los drenajes ácidos que podrían generarse en las montañas andinas en virtud de la composición de los materiales rocosos de las mismas. 

En muchos casos “el oro o el agua” no es un falso dilema, como lo afirman los defensores a ultranza de la minería, sino una certera representación de la realidad.