Manuel Rodríguez Becerra

“Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”, establece el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, de creación del Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Lamentablemente, en estos treinta años el deterioro y la destrucción de la Sabana –caracterizada por excepcional riqueza en suelos, alta biodiversidad y valores paisajísticos únicos– ha estado en un creciente proceso de destrucción y deterioro, signada por una urbanización caótica y de baja densidad.

Algunos dirán que esto ha sido inevitable ante la necesidad de suelos para la construcción de vivienda y otras infraestructuras. Esta es una verdad a medias, como lo revelan estudios recientes de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá que concluyen que hoy existe un exceso de tierras destinadas a la urbanización en el interior de los perímetros urbanos de la casi totalidad de los municipios de la Sabana.

La única medida tomada en línea con el artículo 61 ha sido la creación de la Reserva van der Hammen, el más ambicioso proyecto ecológico —un corredor de 1.400 hectáreas que conecta los cerros orientales y el río Bogotá— y recreacional de las grandes ciudades de América Latina. Después de muchas vicisitudes todavía se requieren medidas para su consolidación. La alcaldesa Claudia López ha tomado diversas decisiones para el efecto, pero hoy existe una gran controversia sobre la construcción de la avenida Boyacá a través de la reserva, que no es propiamente la mejor decisión para protegerla. Es por ello muy relevante la posición adoptada por la ministra Susana Muhamad, que ha planteado la necesidad de que para proteger integralmente este conector ecológico se consideren otras alternativas de corredores viales, como son los ubicados en el borde oriental, arriba de la autopista Norte. Además, en reciente audiencia realizada en Suba, sobre diversos problemas de esa zona, el presidente Gustavo Petro solicitó que se estudie la inclusión de la reserva en el sistema nacional de áreas protegidas y señaló la prioridad de adquirir sus terrenos, lo que concuerda con mecanismos que para el efecto estaría a punto de establecer la alcaldesa López.

Pero las buenas noticias sobre la Sabana no acaban aquí. Por una parte, la ministra Muhamad se encuentra liderando el proceso de formulación de los lineamientos y el estatuto de zonificación de la sabana de Bogotá para su ordenamiento ambiental con el fin de dar cumplimiento al mandato derivado del artículo 61 de La ley 99 de 1993, transcrito en las primeras líneas de esta columna.

Según el Ministerio, “en la reglamentación se está dando énfasis al ordenamiento territorial en torno al agua, la declaratoria de ecosistemas estratégicos y áreas para la protección de especies amenazadas, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, el ordenamiento de la actividad minera, las intervenciones sobre ríos y humedales, las condiciones para la definición de suelos de expansión urbana y suelos suburbanos y la protección del paisaje biocultural. Los lineamientos y la zonificación que se están construyendo tienen el carácter de determinantes de ordenamiento territorial para los planes de ordenamiento territorial departamentales, municipales y planes estratégicos metropolitanos y para las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares de la sabana de Bogotá”.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha presentado un plan para reservar alrededor de 50.000 hectáreas en once municipios de la provincia de Sabana Centro con el objetivo de impulsar la producción de alimentos en la región, prohibiendo el desarrollo de nuevas urbanizaciones e industrias en estas áreas. ¡Qué maravilla!

En suma, estaríamos ‘ad portas’ de hacer una realidad el uso social y ambientalmente sostenible de la Sabana, en contraste con el caos predominante en las últimas décadas.