Manuel Rodríguez Becerra

El fortalecimiento de la institucionalidad y la política ambiental de Colombia es urgente e inaplazable. De no hacerse, es mucho lo que estaríamos poniendo en riesgo en términos del desarrollo del país y de su patrimonio natural. Así se concluye al leer dos estudios aparecidos a fines del año pasado. Se trata de un dramático SOS para el gobierno del presidente Uribe, que durante su primer mandato no se distinguió por adelantar una buena gestión ambiental.

Los títulos de los estudios son muy expresivos. El primero, ‘El ascenso y el declive del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia: 1993-2006’, es una investigación adelantada por Henry Mance como tesis de posgrado en estudios políticos para la Universidad de Oxford. El segundo, ‘Análisis de la situación ambiental del país: control de la degradación ambiental para la reducción de la pobreza y el aumento del crecimiento en Colombia’, es un informe realizado por el Banco Mundial y que fue objeto de un editorial de EL TIEMPO. Se trata de dos miradas desde el extranjero, un hecho que quizá ayude a dilucidar la situación de la política ambiental de Colombia sin necesidad de caer en la estéril batalla de uribistas y antiuribistas.

El Informe del Banco Mundial señala la necesidad de otorgarle la más alta prioridad a la resolución de los problemas del agua en Colombia, que se sintetizan en la falta de acceso de amplios grupos de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico y en el deficiente manejo ambiental de las fuentes hídricas. Advierte también sobre el gran incremento de la contaminación del aire, en particular en nuestras grandes urbes. Según el Banco, los costos asociados con estos hechos superan el 3,7 por ciento del PIB reflejados fundamentalmente en el aumento de la mortalidad, la morbilidad y la disminución de la productividad. Esta cifra sería mucho más alta si incluyera la valoración de las pérdidas de biodiversidad, un aspecto crítico dada la excepcional riqueza biológica de nuestro país y las posibilidades que se esfuman para el desarrollo y la calidad de vida de la población.

Henry Mance concluye en su investigación que la institucionalidad ambiental nacional representada en el Ministerio del Ambiente sufrió un grave proceso de declive durante el primer período del gobierno del Presidente Uribe. Subraya que entre los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se identifica un proceso de consolidación de la institucionalidad y de continuidad en la política ambiental, pero reconoce que este estuvo signado por restricciones derivadas de la vulnerabilidad política del Ministerio y del déficit fiscal afrontado por los dos últimos gobiernos mencionados.

En contraste con ese balance relativamente positivo, la fusión en Minambiente de las funciones de vivienda adelantada por el gobierno de Uribe resultó en un verdadero desastre que se refleja hoy en la muy débil capacidad política, técnica y económica para la gestión ambiental de esta cartera ministerial. Más grave aún, según Mance, durante los últimos cuatro años el Ministerio dejó de ser un vocero del interés ambiental, tal como se evidenció en su patético papel en la expedición de la ley forestal, en la resolución sobre desechos peligrosos y en el otorgamiento de licencias non sanctas para la construcción de nuevos puertos.

El estudio de Mance complementa bien al informe del Banco Mundial. La conclusión es obvia: sin una insititucionalidad fuerte no es posible desarrollar las recomendaciones de política ambiental formuladas por el Banco que, dicho sea de paso, requieren de un amplio debate público. El ministro Juan Lozano ha dado indicios de cambio de rumbo de Minambiente como lo evidencian algunas de sus primeras medidas y como lo muestra el nombramiento de la nueva viceministra del Ambiente Claudia Mora. Pero ni él ni ella, con sus buenas intenciones, podrán llevar a cabo una transformación de fondo si no reparan el destartalado carromato de la gestión ambiental que heredaron de las dos ministras que los antecedieron. Deberán comenzar por recuperar el timón.