Manuel Rodríguez Becerra

La adquisición de extensos predios en la Orinoquia por grupos empresariales del país ha detonado un debate sobre si hubo acaparamiento ilegal de tierras o no de, al menos, seis grandes empresas.

En últimas, es a la justicia a la que corresponde dictaminar sobre lo ocurrido. Pero al leer y escuchar los diversos argumentos presentados, lo mínimo que se puede afirmar es que, así los jueces llegaren a declarar legales estas operaciones, ellas no lucen nada bien desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa (RSC).

Y es que la RSC consiste en ir más allá de lo que la ley exige a las empresas, lo que implica altas dosis de prudencia, que en este caso parecen haber estado del todo ausentes. Las evidencias y opiniones presentadas por congresistas, empresarios, miembros del Gobierno y abogados, en estos dos meses, han mostrado que el propósito de adquirir las extensiones de tierra requeridas para la creación de una agroindustria a gran escala se movió en un mar de dudas y cuestionamientos. No era, entonces, para los empresarios y sus abogados, muy difícil adivinar que se estaba navegando en una zona gris, con altísimos riesgos y en contravía de los principios de la RSC.

Ojalá que se debatiera, también, el futuro ambiental de la Orinoquia, que parece poco promisorio si, en su alocada apertura a la actividad agropecuaria y minero-energética, se siguen destruyendo humedales y bosques, con clara violación de la ley. Además, no bastaría con que las empresas se limitaran a cumplir con la ley si lo que se pretende es evitar una transformación indeseable de los ecosistemas de la Orinoquia, caracterizados por una alta fragilidad. Son temas que en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes intentamos dilucidar a través de un programa multidisciplinario cuyo primer producto fue el libro La mejor Orinoquia que podemos construir (2009), bajo mi dirección.

En el marco de este programa se realizó un proyecto para Riopaila-Castilla, empresa punta del iceberg de este escándalo. No participé como investigador en el estudio, pero seguí con sumo interés su realización. En él se determinan en forma precisa las áreas que la empresa deberá conservar de conformidad con la ley, como los humedales y los bosques. Y se identifican otras áreas que, por su importancia ecológica, deberían ser protegidas, no obstante que la ley hoy no lo ordena, como son, entre otras, las zonas encharcables, equivalentes a los nacederos de los ríos negros, y algunas sabanas ricas en biodiversidad.

El diagnóstico y las recomendaciones fueron, en gran parte, aceptadas por Riopaila-Castilla, y, de ponerlas en práctica, la empresa estaría yendo más allá de lo que la legislación ambiental le exige. Y, en esto, muchos encontrarán una paradoja cuando, al mismo tiempo, he calificado que la adquisición de tierras por parte de Riopaila y otras empresas está lejos de lucir bien. A lo mejor se podría afirmar que son las contradicciones en que los empresarios suelen incurrir, pero esta sería una mala explicación y una peor justificación.

En últimas, en un cuadro lleno hoy de luces y sombras, en Uniandes se está avanzado en la construcción de un modelo de implantación de la actividad agroindustrial en el paisaje de la Altillanura en forma tal que se protejan los ecosistemas y sus servicios ambientales y se transite por vías que aseguren un desarrollo socialmente justo. Y este modelo se podría aplicar en otras empresas y lugares de la Altillanura y coadyuvar al Gobierno para el establecimiento de sus políticas en la región, que son hoy tan deficitarias y tan deficientes.