08 de diciembre 2024
Exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, advierte de los riesgos de una jurisdicción agraria, como propone el Gobierno Petro
En diálogo con SEMANA, el experto en medio ambiente, el exministro Manuel Rodríguez habló acerca de las polémicas propuestas del gobierno de Gustavo Petro y del fracaso económico de las COP que se hicieron en este año.
Por: Redacción Semana
SEMANA: Usted ha lanzado una voz de alerta por el proyecto de creación de una jurisdicción agraria. ¿Cuál es el riesgo?
Manuel Rodríguez (M. R.): Son muchos y están incluidos en la carta abierta, entre otros, todo lo que significa identificar los suelos agrarios con el suelo rural. Es como si el país en un 100 % tuviera una vocación agraria. Si se excluye el suelo que está representado en las ciudades y poblados, las infraestructuras, etc., estaríamos hablando de que el proyecto de ley de jurisdicción agraria está considerando que es susceptible a actividades agropecuarias en el 95 % del territorio colombiano. Supuesto que es falso. Entre otras cosas, en el territorio colombiano el 26 % son humedales.
Además, prácticamente la totalidad de los suelos amazónicos no son fértiles. Entonces, ¿cuál es el punto de entregar a campesinos suelos que no son fértiles? Lo que hay que hacer a través de la jurisdicción agraria es buscar que personas que tienen posesión antigua, antes del Acuerdo de Paz en suelos que no son fértiles, aseguren la jurisdicción agraria que se le entregan a esos campesinos suelos que son fértiles y esos no están en la región amazónica.
Además, declarar que es posible entregar suelos en la región amazónica es fomentar la deforestación cuando es claro que por la crisis ambiental global no se puede deforestar una hectárea o no se puede deforestar una hectárea más de la región amazónica. Algo similar ocurre con la región del Pacífico.
SEMANA: ¿Sabe si el Gobierno tomó nota o al menos recibió esa carta de preocupaciones que ustedes hicieron pública?
M. R.: Claro que ha tomado nota. Varias de las personas que firmaron la carta se reunieron con los ponentes y se han reunido con la ministra de Agricultura y también con la ministra de Medio Ambiente. Y a ellos se les están sometiendo más de 30 proposiciones que modifican o adicionan el proyecto de jurisdicción agraria. Nuestra impresión por ahora es que las ministras, por ejemplo, han escuchado.
Yo no estuve entre quienes se reunieron con la ministra de Agricultura, pero sí me reuní personalmente durante una hora con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y su equipo jurídico que tomaron muy atenta nota de las proposiciones críticas que le explicamos, además de dejarle las 30 proposiciones que el total de las proposiciones que estamos haciendo. Así pues, si uno puede decir que tal como lo planteamos o como lo planeamos, la carta abierta fue el abreboca para abrir una discusión amplia sobre el tema del proyecto de jurisdicción agraria.
Como lo previmos, las comunidades campesinas se han pronunciado argumentando en contra de los diferentes puntos de nuestra carta abierta. Quienes lideramos la firma de esa carta abierta, en su concepción, fuimos conscientes de que, naturalmente, habría una reacción de parte de los campesinos. Los campesinos claramente tuvieron diferentes instancias de consulta y concertación con el Ministerio de Agricultura, oportunidad que no se dio a otros sectores como es típicamente el ambiental.
SEMANA: ¿Cuál es el problema con la ley de jurisdicción agraria?
M. R.: En últimas, no se trata del problema con el proyecto de ley de la jurisdicción agraria, es que es una ley muy anticuada, por decirlo así, en que deja lo ambiental completamente por fuera, como si fuera antes de los años 50, y que además antepone o enfrenta los intereses agrarios con los intereses ambientales, cuando la concepción moderna es justamente tratar de hacer las actividades agrarias en un contexto de sostenibilidad ambiental. Hay que recordar que, a nivel global, las actividades agrarias emiten el 26 % de los gases de efecto invernadero, consumen el 70 % del agua dulce y generan contaminación muy importante en los suelos, destruyendo la biodiversidad de los suelos y también en las aguas.
De lo que se trata en Colombia, el 59,2 % de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la deforestación y de las actividades agrícolas y los cultivos agrícolas y pecuarios. Entonces, claramente eso, y Colombia tiene el compromiso muy claro de disminuir de aquí al año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 50 %, lo que significa, entre otros, disminuirlas drásticamente en toda la actividad que tiene que ver con el uso de suelos, tener la deforestación, hacer grandes restauraciones de bosques, como de hecho lo planea el Ministerio de Medio Ambiente y el actual Gobierno, y naturalmente generar todas las tecnologías para adaptar la agricultura al cambio climático.
SEMANA: ¿Entonces es un error esta propuesta de parte del Gobierno?
M. R.: De alguna manera, la ley de jurisdicción agraria es contradictoria contra toda la política del gobierno del presidente Petro, que incluye no solamente la disminución de la deforestación, sino también la restauración de grandes bosques, la restauración masiva de bosques.
Hay que decir que la ministra Susana Muhamad discutió con nosotros durante una hora las observaciones que hicimos en la carta abierta, las propuestas, y fue de buen recibo y mostró preocupación. Me da la impresión que tanto la ministra de Agricultura como la ministra de Medio Ambiente están escuchando, y eso de por sí ya es un logro de la carta abierta.
SEMANA: Cambiando de tema, ¿qué balance hace de las dos COP que se hicieron en el mundo, en Cali y en Azerbaiyán?
M. R.: Ambas convenciones fracasaron en un tema que es absolutamente central, que es el tema de los recursos financieros. Esas convenciones no pueden implementarse adecuadamente si no hay los recursos financieros adecuados y hay una distancia entre los recursos financieros hay una distancia gigantesca entre lo requerido y lo logrado y lo que se han comprometido los países, etc., y esa misma distancia se mantuvo durante las dos COP o sea, eso es lo que tienen en común porque nunca se han logrado.
Es decir, no es diferente a lo que ha sucedido no es diferente a lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Ambas convenciones son un fracaso, para decirlo claro. En ese contexto hay que mirar las COP, porque claro, siempre se llegan a algunos acuerdos, algunos se implementan, otros no se implementan.
Entonces en 2009 se acordó que los países desarrollados transferirían 100 mil millones de dólares de allí al 2015 anualmente en forma concesional, en forma regalada a los países en desarrollo a partir del principio responsabilidades comunes, pero diferenciadas que de por sí esos 100 mil millones de dólares se consideraban insuficientes. No obstante, lo que se acordó en 2009 a 2015 no se había cumplido, se ratificó en el Acuerdo de París que esa plata se la otorgarían y al 2020 por primera vez se llegó a la suma de 100 mil millones de dólares, es decir, 11 años después de acordado, pero esos 100 mil millones de dólares a su vez, según un estudio de Oxfam el 60 % corresponden a créditos de la banca multilateral, o sea que no corresponden al compromiso de que fueran concesionales o regalados.
SEMANA: ¿Y qué hace falta para que se consigan esos objetivos?
M. R.: Claramente el tema es que los grandes intereses económicos de la Convención de Biodiversidad se han atravesado con el tema, eso es clarísimo. Entonces, esa es la situación. Es que en ambas COP no se logró. En el caso del cambio climático el tema central era la financiación de esta COP, ese era el tema prioritario. De acuerdo con los expertos se requerirían 1,3 billones de dólares al año en transferencias concesionales de los países desarrollados a los países en desarrollo en plata concesional o regalada.
¿Por qué? Porque obviamente en los países en desarrollo el 80 % de la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero está en 20 países y entre otras cosas entre China y Estados Unidos aproximadamente suman el 50 %. ¿Qué se logró? Un compromiso en principio de los países desarrollados por 300.000 millones de dólares, es decir, quedamos a una distancia de un billón de dólares de la plata requerida.
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