Manuel Rodríguez Becerra

Llegó la hora de que el gobierno colombiano abandone su tradicional indolencia, que con frecuencia se torna en complicidad, frente a la destrucción de los humedales del país (ciénagas, lagunas, caños, pozas, etc. ) y la tragedia social que conlleva, generada, en particular, por su desecamiento y relleno para fines agropecuarios y urbanísticos, a lo que habría que añadir los daños causados por su contaminación, de origen doméstico, agrícola e industrial. Nos encontramos, aunque suene apocalíptico, frente a un nuevo ecocidio, que se manifiesta, entre otros muchos fenómenos, en el declive de la fauna la y flora acuáticas de la Gran Cuenca Magdalena-Cauca. Basta con recordar que su producción pesquera descendió de 75.000 toneladas en el año de 1977, a 8.600 en el 2000 y a 4.500 en el 2003, situación principalmente generada por el creciente deterioro ambiental del complejo sistema conformado por los humedales de las llanuras aluviales y por los cientos de ríos y corrientes de agua de la Gran Cuenca.

Además, como diversos estudios científicos lo señalan, el deterioro de los humedales conlleva la desregulación del ciclo del agua y es uno de los principales factores que -conjuntamente con la deforestación y la degradación de los páramos- están haciendo al territorio colombiano crecientemente más vulnerable a los efectos de las olas invernales, como la muy intensa y trágica que hoy vivimos.

En últimas, la transformación de humedales en tierras para la actividad agropecuaria constituye un asalto al patrimonio ecológico de la nación, puesto que son bienes públicos que, de conformidad con la ley, son imprescriptibles e inalienables. Y este asalto ha estado acompañado, con frecuencia, por indecibles violencias y el desplazamiento de los habitantes de la región, siendo, quizá, los pescadores artesanales sus mayores víctimas, no solo porque los humedales son su fuente primordial de alimentación, sino porque su cultura, sus tradiciones y sus formas de vida están profundamente intrincadas en la riqueza de estos ecosistemas.

Pero, en medio de este escenario de sombras, hay luces de esperanza. Doscientos representantes de los quince mil pescadores artesanales del Magdalena Medio acordaron recientemente en Barrancabermeja -con el soporte técnico de la Fundación Alma, dirigida por Alegría Fonseca, y de la alcaldía del municipio- adelantar un programa para la restauración ecológica de los humedales y, en general, de la llanura aluvial de esta región (ubicada en Santander y el sur de Bolívar y del Cesar). Su concepción social y técnica se basa en el mejor conocimiento científico existente sobre la materia. Y su financiación, en su primera etapa, la aporta Ecopetrol, empresa que, con muy buen criterio, está apoyando este ambicioso programa para salvar los humedales que, otrora, contribuyó a deteriorar.

Pero, para alcanzar los objetivos que se plantean, se requiere la fuerte intervención del Gobierno Nacional para que, en cumplimiento de diversas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tome las medidas para asegurar la restitución de las zonas de los humedales que han sido ilegalmente invadidas por los terratenientes, y para proteger el derecho a la vida y el derecho a la ciénaga a los pescadores artesanales, y ofrecerles los medios para que reconstruyan sus formas tradicionales de vida con bienestar.

Como bien lo recomendaron los pescadores artesanales del Magdalena Medio, para resolver la grave situación de los humedales de Colombia resulta imperativo expedir una ley para su restitución y restauración social, ecológica y económica. Si, valerosa y atinadamente, el gobierno de Juan Manuel Santos se propone restituir a los desplazados de la tierra, ¿por qué no cerrar el círculo con el caso de los humedales? Aún estamos a tiempo.