Manuel Rodríguez Becerra

La sabana de Bogotá está siendo destruida sin pausa. Y, aunque parezca inverosímil, esta destrucción ha sido, en mucho, propiciada por las autoridades ambientales y las entidades territoriales –el Ministerio de Ambiente, la CAR de Cundinamarca, el departamento y los municipios–.

Existen muchos hechos que lo evidencian. Las mencionadas autoridades han omitido las responsabilidades atinentes al mandato del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que declara “la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional”. A su vez, la CAR tiene una enorme responsabilidad en la urbanización desordenada de la Sabana, puesto que, en últimas, no ha impedido el “volteo de tierras” no obstante tener las herramientas para hacerlo. Además, está adelantando obras de adecuación hidráulica del río Bogotá y sus afluentes que son altamente cuestionadas por su inconveniencia ambiental. El memorial de agravios a la CAR parece interminable.

Por fortuna, diversas organizaciones de la sociedad civil del Distrito Capital y de diferentes municipios vecinos están intentando defender la Sabana. En los últimos años, se ha dado una valerosa lucha en contra de la construcción de la Perimetral de la Sabana, un proyecto de carácter público-privado (APP), originado por la empresa Odinsa, que desde el municipio de Cajicá pasa por los municipios de Tabio, Tenjo, Funza, Mosquera Madrid y Soacha. La fuerte oposición condujo a una audiencia pública con presencia del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en la que habitantes y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de Tabio y Tenjo expusieron sus argumentos sobre la inconveniencia de la vía con tanta contundencia que el mandatario del departamento los acogió en un acta por él firmada.

En consonancia con el compromiso adquirido por la Gobernación, el mes de febrero pasado, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) presentó al Conpes una solicitud para que se elimine el proyecto del Programa Integral de la Movilidad Vial de la Región Bogotá-Cundinamarca. En la solicitud se aduce que “las comunidades de Tabio y Tenjo, especialmente, han manifestado su rotundo rechazo frente al proyecto, pues consideran que no genera beneficios para su región y podría traer consigo afectaciones a su diario vivir y que no resuelve los problemas de conectividad con el Distrito Capital”. Se trata, en suma, de proteger los excepcionales valores paisajísticos, ambientales, agrícolas y culturales de los valles de Tenjo y Tabio, para el beneficio no solamente de sus habitantes, sino también de la región y del país.

Al eliminarse este proyecto, existen alternativas para el imperativo mejoramiento de la conectividad de Bogotá y el occidente de la Sabana, siendo la más obvia la ampliación y modernización del corredor vial Madrid-Chía. Pero, aunque el lector no lo crea, no obstante la posición del gobernador, del Iccu y de las comunidades en contra de la construcción de la Perimetral, la empresa antioqueña Odinsa insiste en su realización, lo que evidentemente se puede interpretar como la prioridad que le adjudica a su lucro económico, pasando por encima del hecho de que no cuente ni con licencia política (la de la Gobernación) ni con licencia social (la de las comunidades de Tenjo y Tabio). Qué paradoja. Ciudadanos muy prominentes que pertenecen al grupo empresarial de Antioquia, del cual hace parte Odinsa, se oponen a rajatabla al proyecto minero de La Quebradona en Jericó –de la multinacional Anglo Gold Ashanti–, con argumentos bien fundados y similares a los presentados por las comunidades de Tenjo y Tabio: sería el principio del fin de la vocación agrícola y de los singulares valores ecológicos de la bella región del suroccidente antioqueño. Propenden, por fortuna, a la protección socioambiental del suroccidente antioqueño, pero infortunadamente actúan en dirección opuesta en la sabana de Bogotá.