Manuel Rodríguez Becerra

A partir de una sólida evidencia científica, el Instituto Alejandro von Humboldt, en su excelente Atlas de los Páramos de Colombia, de reciente publicación, nos advierte acerca de las crecientes amenazas que penden sobre estos ecosistemas como consecuencia de la transformación del uso del suelo para actividades agrícolas y ganaderas insostenibles, las quemas y la presión de la gran minería, entre otras. Y también nos señala su extremada fragilidad y vulnerabilidad que se manifiesta tanto en la delicada conformación de su flora y fauna, como en sus complejos suelos, que actúan como maravillosas esponjas de agua y almacenadores de CO2.

Históricamente, la sociedad colombiana, en general, y las autoridades públicas, en particular, han demostrado una gran indolencia frente a la protección de los páramos, que, con una cobertura que apenas alcanza el 1,3 por ciento del territorio nacional, constituyen una fuente de agua fundamental para el país. Así, por ejemplo, la mayoría de alcaldes y gobernadores no han asumido cabalmente las responsabilidades que les confiere la ley frente a su conservación, como se evidencia en que hayan hecho caso omiso a la norma ambiental de 1993 según la cual los municipios y departamentos tienen la obligación de invertir el 1 por ciento de su presupuesto en compra de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos.

En últimas, esa disposición pretende que las entidades territoriales adquieran tierras en las cuales se establezcan medidas especiales de manejo para proteger las fuentes de agua y perpetuar otros valores ambientales, sociales y culturales. La estrategia no puede incluir sólo la compra de predios, puesto que muchas de estas áreas se encuentran habitadas por comunidades indígenas con derechos territoriales inalienables o por poblaciones locales asentadas desde hace muchos años, lo que exige contemplar la posibilidad de efectuar con ellos acuerdos para implementar planes de manejo participativos, que incluyan compromisos de modificación de prácticas insostenibles en zonas críticas, acompañados de una debida asistencia técnica. A los escépticos de esta última posibilidad hay que recordarles que otros países, como es el caso de Costa Rica, muestran exitosas experiencias en este campo que bien podríamos imitar.

Frente a lo anterior, alientan las declaraciones del ministro del Ambiente, Juan Lozano, que, en reciente entrevista en la TV sobre los dañinos impactos del cultivo de papa en Sumapaz, afirmó: “… el derecho al agua potable nace en los páramos de manera que hay que meter toda la batería de normas legales y de instrumentos jurídicos para que se protejan” y continuó: “Es un mensaje a todas las autoridades ambientales locales, a las Corporaciones Autónomas Regionales y también a la policía y a la Dijín para que nos ayuden a cuidar los páramos que son de todos los colombianos…”.

Y, frente a la actividad minera en estos ecosistemas, señaló en forma contundente: “Ingeominas ha venido dando títulos mineros por doquier en los páramos. Nosotros le estamos diciendo que en el páramo no puede haber explotación minera” (Dinero, Septiembre, 2007). Se trata de una posición más que justificada del Minambiente si se tiene en cuenta que cursan solicitudes de títulos mineros que ascienden a más del 32 por ciento del área de los páramos del país.

Es urgente lograr la efectiva protección de los páramos mediante la acción conjunta de las autoridades nacionales, regionales y municipales, que incluya programas con las comunidades que los habitan. Y por eso estamos en el momento justo para preguntarles a los candidatos a las gobernaciones y alcaldías, con jurisdicción en la región andina y los valles interandinos, qué van a hacer para conservar estos ecosistemas tan críticos para el futuro de sus localidades y del país.