Manuel Rodríguez Becerra

Dos controvertidas políticas marcaron en materia ambiental los últimos meses del primer mandato del presidente Álvaro Uribe: la expedición de la Ley General Forestal y la derogatoria de la resolución que prohibía el ingreso de desechos peligrosos al país. Son dos de los múltiples hechos ocurridos en el período 2002-2006 que le sirvieron al politólogo inglés Henry Mance para concluir, en su tesis de posgrado presentada en la Universidad de Oxford, que el Ministerio de Ambiente registró un agudo proceso de declive durante ese cuatrienio, en contraste con los tres gobiernos anteriores, cuando la primera autoridad ambiental del país experimentó un proceso de ascenso y continuidad en sus políticas.

Un examen de lo acontecido en el año 2006 con las políticas de bosques y residuos peligrosos permite ilustrar por qué muchos colombianos coincidimos en señalar que el Ministerio de Ambiente dejó de ser el vocero del interés ambiental para pasar a supeditar la protección del medio ambiente a los más diversos intereses empresariales de corto plazo. Y permite vislumbrar también algunos de los grandes problemas que deberá enfrentar el nuevo ministro, Juan Lozano, que en sus primeros meses en la cartera ambiental ha mostrado buena voluntad.

La ley de bosques

A principios de 2006, el Presidente anunció la devolución al Congreso de la Ley General de Bosques con un conjunto de objeciones por inconveniencia (al final fueron 20). La Ley había sido aprobada por el Congreso a finales del año anterior y sometida a la sanción presidencial en medio de una gran controversia. En efecto, los opositores habíamos reiterado durante cerca de año y medio que la Ley estaba dirigida a promover la explotación de los bosques naturales sin tomar en debida cuenta sus innumerables servicios ambientales y sociales. ¿Por qué el Presidente tomó la inusual medida de objetar esta ley? José Obdulio Gaviria ha sintetizado la historia de la decisión presidencial en su reciente libro A Uribe lo que es de Uribe (2006):? “La síntesis de la política que (el presidente Álvaro Uribe) quería impulsar era, primero, que tuviese prioridad nacional e importancia estratégica la conservación -sin condiciones, absoluta, sin esguinces- de nuestros bosques naturales. Y, segundo, establecer, por fin, plantaciones forestales comerciales en suelos con esa vocación… El Presidente estaba convencido de que la ley iba por el camino que él había trazado desde la campaña. Cuando supo de los cuestionamientos de los ambientalistas, los citó a su despacho… A los cinco minutos había pleno acuerdo entre las partes. ‘Dado que compartimos la misma filosofía -dijo el Presidente-, corrijamos lo que haya quedado oscuro, sujeto a interpretación o que ponga en peligro nuestras selvas y bosques”

La visión del Presidente sobre la Ley no coincidía entonces con la de los ministros de Agricultura y del Ambiente ni con el texto aprobado por el Congreso. Como lo advirtiera SEMANA (01/27/2006): “El ministro Arias, pero en especial su colega Suárez, encargada de proteger el medio ambiente, aún le deben una explicación al país, que de estar ubicado en otra latitud, habría tenido profundas consecuencias políticas”. No dieron ninguna explicación y, antes por el contrario, a mediados del año 2006, el Ministerio de Ambiente colocó en su página web unos proyectos de decreto reglamentarios de la Ley que se apartan de la visión presidencial y de su mandato de hacer una reglamentación acorde con el propósito de proteger “sin condiciones y sin esguinces” los bosques naturales. Por ello el nuevo Ministro retiró los mencionados proyectos y anunció su revisión a la luz del mandato presidencial.

De la prohibición a la permisividad

La política de prohibición total de ingreso a Colombia de desechos peligrosos estuvo vigente entre 1994 y 2006. Pocos días antes de dejar su despacho, la ministra Suárez tomó un conjunto de determinaciones dirigidas a permitir el ingreso al país esos residuos -mediante autorización previa del gobierno-, un inusitado hecho que le estalló en las manos al nuevo ministro Lozano, en medio del gran escándalo que se generó ante la eventual conexión entre la nueva política y el permiso de importación del país de desechos de plomo a una firma perteneciente a la familia de un alto funcionario del gobierno.

Esa nueva política crea graves riesgos para la salud de los colombianos y para el medio ambiente, puesto que si en el país no existe capacidad para procesar sus propios residuos, menos la tiene para hacerlo con los importados, como sorprendentemente se reconoce en documentos del mismo Ministerio. La ex ministra justificó su decisión de derogatoria de la prohibición, argumentando a posteriori que la prohibición no estaba vigente en razón de un conjunto de actos jurídicos tomados por los anteriores ministros y que por consiguiente su decisión era simplemente un asunto de reiteración, argumento que se desvirtuó ampliamente como inaceptable. ¿Por qué si la ministra Suárez consideró que había una derogatoria tácita, no planteó transparentemente los graves riesgos que podría enfrentar el país al pasarse de un régimen de prohibición total a un régimen abierto para la introducción de desechos peligrosos y, en consecuencia, no tomó las medidas conducentes para evitarlos?

Al mismo tiempo que el ministro Lozano toreó el temporal, anunció que presentará un proyecto de Ley en el cual se definirían taxativamente aquellos desechos peligrosos de prohibido ingreso, así como aquellos que podrían ser susceptibles de importación por contar el país con la tecnología para disponerlos. Aunque esta posible solución no resulta del todo satisfactoria, seguimos esperando su concreción. Posibles cambios pero no hay conque Así pues que el Ministro Lozano tiene la gran oportunidad de corregir, así sea parcialmente, las políticas de bosques y desechos peligrosos de su antecesora Sandra Suárez. Pero tendría además que revisar otras medidas del anterior cuatrenio como es la caótica política de licenciamiento ambiental de los puertos que ya llevó al Ministro Lozano a suspender la licencia del puerto de Dibuya. También deberá reconsiderar la proyectada ley de aguas que de acuerdo a calificados expertos nacionales e internacionales, como Miguel Solanés de la CEPAL, favorecería fundamentalmente a las multinacionales del agua en detrimento de los grupos más vulnerables de la población y de la protección ambiental del recurso. Estos y otros cambios de política, incluyendo la referente a la fumigación de parques nacionales adoptada por el propio Lozano, serán necesarios si se resuelve enfrentar cabalmente los grandes problemas de deterioro ambiental del país que fueron diagnosticados en un reciente y completo informe del Banco Mundial que advierte, además, sobre las graves consecuencias que están teniendo para la salud humana y la economía.

En todo caso se pronostica que el nuevo ministro Juan Lozano, pese a su acertado nombramiento de la viceministra de ambiente, no estará en posibilidad de responder con solvencia a los anteriores retos puesto que la cartera ambiental fue víctima de un gran proceso de debilitamiento en su capacidad técnica, presupuestal y de liderazgo durante las administraciones de las dos ministras del primer período presidencial de Alvaro Uribe. Así, una de sus primeras tareas debería ser la de reparar el descuadernado ministerio rector de la política ambiental del país y fortalecer las demás instituciones del Sistema Nacional Ambiental como condición necesaria para recuperar la brújula perdida y trabajar por la sostenibilidad ambiental del país.