Manuel Rodríguez Becerra

En los últimos tres meses se han registrado noticias muy positivas sobre la protección ambiental, fruto del gobierno del presidente Iván Duque. Soy consciente de que hablar bien de un gobierno tan impopular no gustará a muchos de los lectores, a quienes les informo que ni voté por Duque para presidente, ni nunca he estado en las filas uribistas ni aspiro a trabajar con el Gobierno. Pero en esto bien vale el dicho de ‘dar al césar lo que es del césar’. Veamos:

– En la reforma de la ley de regalías, aprobada el 10 de diciembre, se adicionaron 900.000 millones de pesos anuales para la protección ambiental, lo que significa un incremento del 35 por ciento sobre el total del gasto e inversión pública en la materia. Se trata, de lejos, del mayor aumento registrado en los últimos 25 años. Los nuevos recursos fueron asignados como producto de una iniciativa liderada por la senadora Paloma Valencia que recibió su debido apoyo de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

– Al final del gobierno del presidente Duque, el país contará con 2.250 megavatios adicionales en energías renovables no convencionales, que equivale casi al 10 por ciento del total de la capacidad del sistema, un enorme salto frente a su participación actual, que tan solo asciende a un 0,02 por ciento. Es una meta que supera con creces la fijada por el propio Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue el resultado de una exitosa subasta pública realizada en octubre y liderada por la ministra de Minas y Energía. Esta nueva capacidad en energía eléctrica limpia (la que no emite gases de efecto invernadero y no contribuye al calentamiento global) se suma a la procedente del sistema hidroeléctrico, que representa el 70 por ciento de la matriz de energía eléctrica del país.

– El presidente Duque anunció el pasado 28 de noviembre el compromiso de llevar a cero la deforestación en los parques nacionales en el año 2022. Esta fue la respuesta que dio a una solicitud debidamente argumentada que Parques Cómo Vamos le envió al Presidente, en el pasado mes de junio, y fue ampliamente analizada en sus implicaciones con el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y su equipo.

– El Gobierno subió las metas de reducción de la deforestación en todo el territorio nacional en una declaración de intención firmada, el pasado 10 de diciembre, por el ministro Lozano y los representantes de los gobiernos de Noruega, el Reino Unido y Alemania, en el marco de la COP 25, realizada en Madrid. En esta declaración se prevé, entre otras metas, reducir la pérdida de bosque natural a “155.000 hectáreas o menos para el año 2022, y a 100.000 hectáreas o menos para 2025”. También se prevén ambiciosos programas para proteger los bosques, entre muchos otros: el pago por servicios ambientales, la restauración de 200.000 hectáreas de bosques y la transformación de la ganadería por una más sostenible en un área total de 147.000 hectáreas. Lo que no pudimos los ambientalistas con el garrote de la protesta frente a las metas fijadas por el Gobierno en materia forestal en su Plan Nacional de Desarrollo lo pudieron estos tres gobiernos extranjeros con la zanahoria de 360 millones de dólares que entregarán a Colombia en la medida en que cumpla con los compromisos adquiridos. Pero todavía falta subir la ambición.

– El presidente Duque firmó el Acuerdo de Escazú, en acto celebrado en el Palacio de Nariño el pasado 12 de diciembre. Fue una respuesta temprana a una de las peticiones formuladas desde el paro nacional y que presentaron tanto líderes de este como de la Alianza por el Acuerdo de Escazú durante la primera conversación ambiental. Con este acuerdo, el país se compromete a fortalecer el acceso efectivo a la información ambiental, la participación en las decisiones ambientales y justicia ambiental, además de la protección de los líderes ambientales. Es decir, se compromete a fortalecer la democracia participativa, tal como miles de colombianos lo están reclamando en las calles.