Manuel Rodríguez Becerra

No pocos respaldamos y aplaudimos el proceso de paz lanzado por el presidente Juan Manuel Santos. Pero para lograrlo es necesario reorientar políticas que, como la minera, están atizando la guerra y generando nuevos conflictos sociales y nuevas violencias.

Se oye decir que promover la minería formal es la gran alternativa para evitar estos problemas. Pero es un camino plagado de espinas, puesto que son muchas las empresas mineras formales que están generando nuevos conflictos sociales -como los presentados entre campesinos del suroeste antioqueño y la Anglo Gold Ashanti- y produciendo inaceptables daños ambientales. Además, diversas empresas han acabado financiando a la guerrilla y a los ‘paras’ como producto de la extorsión o por pago directo a grupos ‘paras’ para que las protejan.

El Gobierno argüirá que esas son historias del pasado y que a las autoridades ambientales, mineras y de seguridad se las está dotando de la capacidad para garantizar que las empresas cumplan con la normativa ambiental, no sean objeto de la extorsión y tengan un desempeño que, en lugar de exacerbar los conflictos sociales, contribuya a resolver los problemas de inequidad y de pobreza. Ello podría llegar a ser cierto para el caso de las grandes empresas, pero, definitivamente, no para todas y cada una las mineras y petroleras del país, incluyendo las operaciones que surjan de los 9.000 títulos mineros ya otorgados y los que vienen en camino.

A su vez, la gran minería ilegal -la de dragas, retroexcavadoras, etc., distinta de la artesanal-, no solamente está causando indecibles daños ambientales y sociales, sino que, además, es una fuente de financiación de la guerrilla y de las ‘bacrim’. Infortunadamente, muchas de las operaciones conjuntas de unidades del Ejército, la Policía, las autoridades ambientales, la Fiscalía, etc., para erradicar este millonario y depredador negocio, se han quedado a mitad de camino, cuando la “justicia local” ha resuelto devolver la maquinaria incautada a sus propietarios, no obstante que la ley sancionatoria ambiental prevé el decomiso definitivo de todo implemento que se utilice en actividades que violen la normativa.

Es urgente establecer, entonces, una erradicación sistemática de la minería ilegal dotando a las Fuerzas Militares, a la justicia y a los servicios de inteligencia de los recursos para adelantar esta titánica tarea. Y es que, de expandirse, se podría desatar una guerra de impensables proporciones entre los grupos ilegales -incluyendo los ‘paras’, las ‘bacrim’, la guerrilla y aquellos que surgirían en el camino- por el control de este jugoso negocio. Y sus víctimas las pondrá, como siempre, la población civil. Basta con examinar la trágica experiencia de diversos países africanos para entender los altos riesgos que se corren.

Posiblemente, la dirigencia colombiana, así como despreció la guerra que se inició hace cincuenta años por desplazados de la tierra, otra vez despreciará los nuevos conflictos sociales y las nuevas guerras que se está iniciando como producto de la minería legal e ilegal. Y, seguramente, no pocos dirigentes nacionales y regionales preferirán desconocer esos riesgos en aras de lucrarse del negocio.

En síntesis, por unos dólares mineros más se está colocando al país al filo de un nuevo y peligroso precipicio de inseguridad nacional y de destrucción social y ambiental. Es un tema que debe, necesariamente, estar en el corazón del proceso de paz.

Coletilla. Bienvenida la valiente y acertada resolución del ministro Frank Pearl de no tramitar solicitudes de levantamiento de la reserva forestal de la Amazonia para operaciones mineras, hasta que se adelante su ordenamiento ambiental. Pienso, de todas formas, que la Amazonia debe ser excluida de la minería.