Manuel Rodríguez Becerra

El mapa de los ecosistemas de Colombia 2017, que diagnostica una grave situación ambiental del territorio nacional, debería ser un argumento más que suficiente para que los candidatos a la presidencia den la mayor prioridad al tema en sus propuestas programáticas.

En particular, es imperativo establecer políticas de Estado para la protección ambiental, toda vez que las alarmantes y crecientes tendencias de destrucción y deterioro, que han advertido los mapas de los ecosistemas en los últimos diez años, solo se lograrían detener y revertir mediante políticas continuadas de varios gobiernos.

Esta no es una afirmación retórica. Por fortuna, en el campo ambiental se cuenta con el caso de los parques nacionales naturales de Colombia, el cual es un gran ejemplo sobre la posibilidad de concebir y poner en marcha políticas de Estado. Desde que se creó el primer parque, la Cueva de los Guácharos hace cerca de cincuenta años, no ha habido gobierno que no haya creado nuevas áreas protegidas o ampliado las existentes, o tomado medidas para su fortalecimiento institucional o para su blindaje legal. Hoy se cuenta con 59 parques nacionales terrestres y marinos, que comprenden 142.682 km² de la superficie nacional (14’268.224 hectáreas), donde el 11,27 por ciento constituye el área continental y 1,5 por ciento, el área marina. Es un historia de éxito y de ascenso, así se registren falencias, vacíos y debilidades cuyo desafío es corregir.

En el marco de esta política de Estado, el presidente Juan Manuel Santos dejará uno de los mayores legados en materia de áreas protegidas en la historia del país. Es un reconocimiento ineludible, así desde esta columna se hayan cuestionado muchas de sus políticas ambientales. Pero este gran incremento del número de parques y de la ampliación de otros no ha estado acompañado de un aumento del presupuesto, que ya de por sí era precario, un asunto que al nuevo gobierno le tocará comenzar a resolver. Y, tan importante como ello, es urgente reexaminar diversas políticas sobre las áreas protegidas para enfrentar con solvencia las consecuencias de diverso orden que está trayendo el posconflicto con graves amenazas para su integridad.

Obviamente, el de los parques no es un asunto que ataña solamente al Gobierno, como lo evidencian en forma muy positiva diversas organizaciones no gubernamentales y comunidades que por años se han dedicado a su conservación. Y, siguiendo esta línea, diez de estas organizaciones que trabajan por los parques están constituyendo en la actualidad una ambiciosa alianza con miras a contribuir a su consolidación, que incluye su defensa frente a aquellos fundamentalistas del interés particular que preferirían que desapareciera más de un área protegida de la faz de la Tierra para dar paso a sus ambiciones extractivistas. Es una nueva organización con la que tengo un fuerte compromiso personal, y ¡es un tema obligado para próxima columna!

Pero parques nacionales es tan solo un punto de una extensa y compleja agenda que el nuevo presidente de Colombia tendría que adelantar para responder a los desafíos en materia de medioambiente y desarrollo sostenible; entre otros: poner coto a la negativa transformación por la que atraviesan los ecosistemas terrestres y acuáticos de Colombia; enfrentar la cada vez mayor insostenibilidad socio-ambiental de los centros urbanos; detener la rampante minería ilegal; revisar la institucionalidad ambiental, hoy bastante debilitada; cumplir con los compromisos adquiridos por el país en relación con el Acuerdo de París sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y poner en marcha las ambiciosas recomendaciones que están surgiendo de la Misión de Crecimiento Verde, que, en síntesis, intentan insertar la protección ambiental y el desarrollo sostenible en las políticas macroeconómicas y sectoriales. ¿Qué dicen los candidatos?