Manuel Rodríguez Becerra

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 2015-2030, serán aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes y sustituirán los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados hace quince años.

En buena hora se revigoriza la concepción del desarrollo sostenible, que, lanzada por las Naciones Unidas en 1987, ha sido objeto de no pocos usos y abusos.

En efecto, son incontables las empresas que utilizan el término como arma para las relaciones públicas, mientras que en lo fundamental se mueven en otra pista. Basta con recordar la empresa ExxonMobil, que lideró durante varios años una efectiva campaña para desacreditar la ciencia del cambio climático, no obstante que al mismo tiempo afirmaba su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental. Cesó su participación en esta campaña, pero son muchas las empresas que la siguen alimentando. Como lo dijera el premio nobel Paul Krugman, la Exxon pasará a la historia como una gran enemiga del planeta, puesto que la falsificación de la ciencia del cambio climático es uno de los factores que explican el aplazamiento del combate del calentamiento global y crea inevitables costos sociales y ambientales, algunos de los cuales podrían ser catastróficos.

Y, en forma similar, los gobiernos de diversos países predican el desarrollo sostenible, mientras que muchas de sus políticas van a contrapelo de esa senda, como se tipifica en aquellas que están causando degradación y destrucción ambiental. Pero en el campo social el discurso de numerosos gobiernos, incluyendo el de Colombia, sería menos deficitario, como lo demostraría el cumplimiento, total o parcial, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo referente a la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, la mayor cobertura de la educación primaria, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna y la promoción de la igualdad de géneros, entre otros.

Diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible sustituirán a los ocho Objetivos del Milenio, lo que para muchos es una inconveniente proliferación. Es un aumento que se explica por el hecho de que los ODM se concentraron en el campo social, dejando prácticamente por fuera el ambiental. Puesto que se trata de una agenda para el desarrollo sostenible, fue necesario adicionar objetivos de naturaleza socioambiental –como la construcción de ciudades más incluyentes y sostenibles, la protección de los mares, la protección de los ecosistemas terrestres, y el cambio de patrones de producción y consumo–, toda vez que es imperativo adelantar un desarrollo económico y social que respete los límites ecológicos del planeta.

El Gobierno de Colombia jugó un papel crucial en la incorporación de los ODS en los acuerdos alcanzados en Río+20 en el 2012, y en su posterior proceso de negociación. Fue una iniciativa que, liderada por Paula Caballero, entonces funcionaria de la Cancillería, encontró un apoyo definitivo en la ministra María Ángela Holguín. Se reafirmó así la positiva tradición de Colombia en política exterior ambiental, que se inició hace cerca de treinta años con la brillante participación de Margarita Marino como uno de los 24 miembros de la Comisión Brundtland, la cual lanzó y conceptualizó el término “desarrollo sostenible” en su histórico informe ‘Nuestro futuro común’. Es una tradición que registra muchos momentos sobresalientes; pero, infortunadamente, existe poca coherencia entre lo que los gobiernos de Colombia predican en el exterior y lo que hacen en casa, como lo atestiguan la persistente inequidad social y la desenfrenada destrucción ambiental hoy en marcha, en este país de la Magia salvaje.