Manuel Rodríguez Becerra

El futuro post-Kioto está ligado a que el nuevo Presidente de E.U. varíe 20 años de política sobre cambio climático.

Altos funcionarios de las Naciones Unidas, representantes de los gobiernos y muchos observadores han calificado como exitosos, o esperanzadores, los resultados de la Conferencia de Bali. Pero, algunos pensamos que, infortunadamente y por ahora, no hay razones para tanto optimismo.

Antes de la conferencia, la Unión Europea, junto con otros países, habían declarado que, como pieza fundamental de la hoja de ruta de la negociación a efectuarse en los dos próximo años con el fin de sustituir el Protocolo de Kioto que en su primera fase se vence en 2012, era necesario establecer, para los países desarrollados, una meta de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) entre el 25 y el 40 por ciento, para el año 2020. La hoja de ruta debería concentrarse en fijar los parámetros para que los gobiernos negociaran a partir del próximo año las medidas de mitigación, adaptación, financieras y tecnológicas para lograrlo.

El propósito de establecer metas y fechas se basaba en la contundente recomendación del Grupo de Expertos de Cambio Climático de reducir las emisiones en un 80 por ciento al año 2050, como única forma de impedir que la temperatura promedio de la tierra ascienda más allá de 2 grados centígrados, límite después del cual se considera que los impactos del calentamiento podrían llegar a ser catastróficos.

No obstante, en Bali no se incluyó ninguna meta de reducción de GEI, un hecho que simplemente refleja una de las condiciones impuestas por Estados Unidos, y algunos de sus aliados, con el fin de entrar en el acuerdo, una situación que se asemeja a lo ocurrido durante la negociación de la Convención de Cambio Climático firmada en Río de Janeiro.

En efecto, en la Cumbre de Río, en 1992, E.U. logró que no se estableciera ninguna obligatoriedad y que, en su lugar, los países desarrollados se comprometieran a efectuar reducciones voluntarias. Diez años después, los resultados eran bien claros: aquellos países en su conjunto habían incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 11 por ciento. Ante esta grave situación, se acordó el Protocolo de Kioto, que los Estados Unidos no ratificó, por contemplar metas de reducción que deberían ser alcanzadas antes del 2012.

Sin duda, es positivo el consenso alcanzado en Bali por 194 países de establecer una hoja de ruta para la negociación que se adelantará en los dos próximos años, aunque, como lo anotara uno de los directores de la WWF, es una ruta sin destino.

Pero, después de Bali, la fiesta por el regreso de E.U. a la mesa de negociaciones parece estarse aguando ante recientes decisiones del gobierno Bush: se negó al estado de California el derecho a establecer una norma, mucho más estricta que la nacional, dirigida a que los automóviles que se fabriquen en el futuro emitan menos GEI. Esta decisión -que también afecta a otros 12 estados de la Unión que se disponían a poner en marcha la misma medida-, se suma al anuncio del Ejecutivo de no sancionar la ley de origen demócrata de fijar una meta nacional de reducción de GEI, que está en curso en el Congreso. Son decisiones que ratifican la clara preferencia del gobierno del presidente G.W. Bush por las metas voluntarias para combatir el cambio climático global frente a los controles obligatorios, posición que de mantenerse durante las negociaciones post-Bali las llevaría al fracaso.

Se podría, entonces, afirmar que el futuro del acuerdo post-Kioto está profundamente ligado a que el nuevo presidente de Estados Unidos, a elegirse a finales de este año, y su Congreso varíen radicalmente la política sobre cambio climático mantenida por ese país durante ya casi 20 años. De lo contrario, no habría Bali que valga.