Manuel Rodríguez Becerra

El pasado 11 de enero, el presidente Iván Duque comprometió al país en la protección de al menos el 30% de ecosistemas terrestres y marinos del territorio nacional para 2030, en el marco del lanzamiento de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza. Este es el quinto compromiso internacional que se adquiere en materia ambiental en un poco más de un año.

El primero fue el Pacto de Leticia para la lucha contra la deforestación, septiembre de 2019. El segundo fue el anuncio de la ratificación del Acuerdo de Escazú, diciembre de 2019. El tercero, la plantación de 180 millones de árboles, anunciado en la Conferencia de Davos, enero de 2020. Y el cuarto, adquirido hace un poco más de un mes, compromete al país en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 51 % de aquí al año 2030. A los dos últimos hice referencia en mi columna anterior, ‘¿Mucho ruido y pocas nueces? I’.

Somos muchos los ciudadanos que hemos dado la bienvenida a estas cinco políticas, pero también estamos pidiendo al Gobierno que precise cómo el país las podría cumplir. En el caso del cambio climático se conoció, en la última semana, un informe en el que establece en forma detallada 60 medidas para la mitigación y adaptación, pero que, como lo ha señalado Juan Pablo Ruiz (‘El Espectador’, 12 de enero), si bien representa un avance, adolece de dos enormes y graves vacíos: no se señalan los recursos económicos con los cuales se van a financiar y no se establece una estrategia para fortalecer y asegurar la capacidad institucional para desarrollarla. Tampoco parecen hoy claros ni el futuro de la plantación de 180 millones de árboles ni el de la lucha contra la deforestación con su baja ambición, y menos aún el de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En contraste, la meta de alcanzar la protección de un 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos del país no parece una tarea difícil. Por fortuna, es mucho lo que Colombia ha logrado en tres políticas para la protección de la diversidad biológica y cultural: el sistema de parques nacionales naturales, los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras.

Estas tres modalidades abarcan el 45 % de la extensión de territorio continental del país, siendo exitoso el balance de su implementación: solamente han sido transformados el 4 % del área de los parques nacionales y el 6 % de la de los resguardos y de las propiedades colectivas. Si bien se deberá hacer un esfuerzo en la ampliación de las áreas marinas protegidas, es claro que el compromiso presidencial está hoy cumplido con creces en el territorio continental.

Y lo estaría aún más si concluyera la declaración de nuevos parques nacionales iniciada por Julia Miranda, la anterior directora de la unidad de parques. Es del caso mencionar que no contabilizo aquí otras tres categorías de áreas protegidas existentes en el país que abarcan aproximadamente el 13 % del territorio continental –reservas forestales, distritos de manejo integrado y áreas protegidas regionales–, pues hoy su protección efectiva es, en general, débil.

El compromiso internacional sobre las áreas protegidas forma parte de un conjunto mucho más amplio de metas en materia de la conservación y el buen uso de la biodiversidad que están en proceso de negociación, en el marco de la Convención de la Biodiversidad, con las que Colombia se comprometerá. Y es que la protección de la diversidad biológica es mucho más que las áreas protegidas y se juega en todos los ecosistemas terrestres y marinos, lo que incluye la necesidad de adelantar una profunda transformación de los ecosistemas agrícolas y ganaderos y de los ecosistemas urbanos, campos en los que se registra un gran atraso.

En síntesis, la implementación de las cinco políticas aludidas parece estar hoy más llena de sombras que de luces. Nuestro derecho, como ciudadanos, es pedirle cuentas al Gobierno sobre cómo diablos las va a convertir en realidad y nuestro deber es apoyarlo en su realización.