Manuel Rodríguez Becerra

Al leer las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, bien se podría concluir que Colombia es un país mediterráneo, a semejanza de Bolivia o Nepal, o, al menos, que tiene unas costas insignificantes sobre el mar Caribe y el océano Pacífico.

Más precisamente, la palabra mar aparece cinco veces en las 900 páginas que conforman el PND, y solo se hacen unas breves y difusas declaraciones de buenas intenciones sobre mares y costas, sin dientes algunas. Se ocupa, sí, de los recursos pesqueros, tanto marinos como de agua dulce, pero fundamentalmente para fines de explotación. Y no prevé prácticamente nada para la protección de los ecosistemas pesqueros marinos y continentales, en tan agudo proceso de deterioro.

En síntesis, no existe en el PND una visión del futuro de nuestros mares y costas, la cual necesariamente debería incluir la protección del medioambiente marino. Y no es la primera vez que se hace esta lamentable omisión, que ratifica que Bogotá está más cerca de las estrellas que de las costas y mares del país.

Brilla también por su ausencia la adopción del Plan de Ordenamiento Minero, que, elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética, de Minminas, muchos veíamos como una acertada estrategia para enfrentar los graves problemas del sector, incluyendo los múltiples y crecientes conflictos socioambientales. ¿Por qué este Plan de Ordenamiento parece haber sido archivado? ¿Será que no les conviene a aquellos influyentes grupos que piensan más en el lucro del corto plazo que en la protección de los bienes públicos, como el agua y la biodiversidad?

Al lado de estos y otros vacíos y ausencias, en el proyecto de ley por el cual se expide el PND se cuela un orangután: la licencia ambiental exprés que, como se ha repetido, contiene medidas que son un verdadero atentado a la protección ambiental, una crítica que el Ministerio de Ambiente nunca ha podido, ni podrá, responder satisfactoriamente, quizá como consecuencia de que esta política no está bajo su control y obedece a órdenes superiores. Como tampoco ha explicado por qué le entregó al Ministerio de Minas competencias en materia de protección de cuencas hidrográficas en territorios mineros, mediante decreto, que cuenta con la firma del ministro Gabriel Vallejo.

Y hechas estas observaciones, que no agotan todas las falencias ambientales de lo propuesto, es necesario reconocer que el documento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo contiene políticas positivas en la materia, entre las cuales se subrayan las referentes al crecimiento verde, incluyendo aquellas sobre la mitigación del cambio climático y la adaptación a este fenómeno. Sobresalen, también, los capítulos dedicados a las regiones del país, siendo esta, quizá, la primera vez que en un PND se hace un claro reconocimiento de nuestra diversidad territorial. Pero, inexplicablemente, la región amazónica se fragmenta, lo que lleva a los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, conjuntamente con Tolima y Huila, a conformar la región centro-sur, y a Guaviare, Guainía y Vaupés, a hacer parte de la región de los Llanos. Una regionalización absurda frente a las realidades biofísicas y territoriales del país que habría que debatir. ¿Acaso se trata de un anuncio de la futura potrerización de la Amazonia?

Desafortunadamente, existe un abismo entre las positivas iniciativas ambientales incorporadas en las Bases del PND y el articulado del proyecto de ley por el cual se expide el PND, puesto que este las incorpora muy parcialmente. Y, además, se mantiene el famélico presupuesto del sector ambiental, que, como la Ocde y el Banco Mundial han señalado, está muy lejos de lo requerido, con lo cual todo lo nuevo y positivo del Plan tendría una mínima probabilidad de ejecutarse.