Manuel Rodríguez Becerra

‘Positivas noticias ambientales’: así titulé mi columna de finales del año 2019. Para entonces, el gobierno de Iván Duque había iniciado la implementación de razonables políticas en los campos energético y forestal y, además, el Congreso de la República había aprobado nuevos recursos para la gestión ambiental (5 % de las regalías), un incremento muy significativo para el presupuesto del sector. En contraste, el título de la columna de hoy refleja el hecho de que el gobierno de Duque haya formulado unas políticas ambientales muy ambiciosas en campos críticos para el país, sobre cuya capacidad y voluntad para cumplirlas, en el corto período que le resta, existen muchos interrogantes. Veamos.

Entre las políticas más notables se encuentran las referidas a los bosques. Se prevé la lucha contra la deforestación, el principal problema ambiental del país, de conformidad con el acuerdo alcanzado con los gobiernos de Alemania, el Reino Unido y Noruega a cambio de un jugoso paquete de ayuda económica para lograrlo. Se prevé, también, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la reforestación de aproximadamente 360 millones de árboles, una meta nunca vista en la historia de nuestra gestión forestal. Sin explicación, el Gobierno la rebajó a 180 millones, en un anuncio que el presidente Duque hizo en Davos, en enero de 2020, pero, de todas formas, sigue siendo una meta muy ambiciosa.

Y, a finales del 2019, el Gobierno se comprometió a formular un plan nacional forestal 2020-2030, como respuesta a la solicitud que hizo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de la conversación nacional que convocó el Gobierno a raíz del paro. ¿Qué ha pasado? Del plan nacional forestal 2020-30, cuyos primeros lineamientos construyó el ministro Ricardo Lozano con el soporte de un amplio grupo de ONG, no se volvió a saber nada. El pasado 21 de diciembre, el Conpes expidió la ‘Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’, un hecho positivo pero que, de ninguna manera, reemplaza aquel compromiso. Y sobre la meta de 180 millones de árboles, no es para nada claro qué es lo que van a hacer para realizarla.

¿Y con la deforestación qué ha ocurrido? Necesario es recordar que el gobierno de Juan Manuel Santos comprometió al país en llevarla a cero hacia el año 2020, en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. Pero durante su segundo gobierno la deforestación se incrementó en una forma sin precedentes; entre 2016 y 2018 fueron deforestadas casi 200.000 hectáreas por año, en promedio, en comparación con 125.000 deforestadas en 2015. En 2019, ya en el gobierno de Duque, la deforestación bajó a 158.000 hectáreas. Sin embargo, en el primer semestre de 2020 se incrementó en un 82 % en relación con la del mismo trimestre del año pasado, lo que auguraría un fracaso en la lucha contra la deforestación.

La política ambiental más ambiciosa, entre las planteadas por los gobiernos de Colombia en las últimas décadas, la anunció recientemente el presidente Duque en la Cumbre Mundial para la Ambición Climática: reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 51 % en el período 2021-2030. Y para cumplirla, hoy es aún más imperativo llevar la deforestación a cero y, simultáneamente, realizar un programa gigante de reforestación en la década que se inicia, así como subir sustantivamente la ambición en materia de energías renovables y de transformación agrícola, industrial y del transporte.

En lo que queda de su período presidencial, Iván Duque deberá liderar la generación de un plan creíble, que formule en detalle las estrategias y los recursos económicos para que los próximos gobiernos estén en capacidad de cumplir con la meta climática trazada. Además, el gobierno de Duque deberá cumplir con las políticas ambientales con que se comprometió en los inicios de su gobierno, las que registran un notable rezago. Son dos retos descomunales. Como ambientalista, lo último que pierdo es la esperanza.