Manuel Rodríguez Becerra

A Los ministros del Salto Social les importa un pito la cuestión ambiental. Eso fue lo que le entendimos a la Ministra del Medio Ambiente, Cecilia López Montano, cuando lanzó rayos y centellas contra sus colegas de gabinete, por su casi unánime inasistencia a la instalación del Consejo Nacional Ambiental. En contraste, el sector privado ha ofrecido alentadores indicios de su interés por la materia, tal como se ha expresado en su participación en este Consejo y en el Comité Técnico Asesor del Ministerio del Medio Ambiente. Y las organizaciones no gubernamentales ambientales nos están dando lecciones contundentes de responsabilidad ciudadana, tal como se manifiesta en el gran empuje del Ecofondo, que los altos jerarcas de la cosa pública deberían aprender.

Los ministros ausentes y renuentes

En el Consejo Nacional Ambiental, reunido el pasado 3 de abril, solamente contestaron a lista el ministro de Minas y Energía, Jorge Eduardo Cock, el viceministro de Desarrollo, Fabio Giraldo y el subjefe de Planeación Nacional, Luis Carlos Ramírez. También asistieron el Contralor General de la República, David Turbay y el Presidente de Ecopetrol, Juan María Rendón.

Los ministros ausentes del Consejo no tienen menores responsabilidades por la gestión ambiental que los funcionarios públicos mencionados. El Ministerio de Agricultura orienta el sector que utiliza más intensamente los recursos naturales renovables, en particular los suelos, las aguas, los bosques y los recursos vivos del mar y de los ríos. ¿Será que el ministro Antonio Hernández está tomando las medidas conducentes a detener el excesivo uso de pesticidas y otras dañinas prácticas degradadoras del medio ambiente, utilizadas por agricultores y ganaderos? O ¿será que está diseñando las estrategias dirigidas a ponerle coto a los caóticos procesos de expansión de la frontera agrícola y a la sobre -explotación de nuestros recursos pesqueros? El Ministerio del Transporte, además de exhibir uno de los currículos ambientales más cuestionables por la forma como ha diseñado y construido innumerables obras, muchas de las cuales las borra el invierno por sus inadecuadas previsiones ambientales, tiene que ver con la calidad del parque automotor y es responsable directo del vergonzoso grado de polución visual de los corredores viales. ¿O será, acaso, que el ministro Gómez Martínez mantiene en su agenda su obsesiva pretensión de atravesar el Parque Nacional de Catíos con la carretera panamericana, un proyecto soñado desde la gobernación de Antioquia? Si bien no hay para qué ahondar mucho en las responsabilidades de los ministerios de Educación y Salud, no sobra subrayar que aquél es el mayor responsable por la creación de una conciencia ambiental en las nuevas generaciones y que a éste le corresponde la tarea de liderar el saneamiento básico, en un país en donde prácticamente no existen sistemas de disposición de aguas negras. Al ministro Sarabia hay que decirle que el cuerpo sano, producto del deporte que tanto promueve, requiere de un ambiente sano y de una mente educada para la vida en armonía con la naturaleza; y al ministro Alfonso Gómez que, por lo menos, detenga la irresponsable disposición de los desechos peligrosos y tóxicos que hacen clínicas y hospitales, incluyendo las públicas. Al Ministerio de Defensa le corresponde enfrentar con las fuerzas del orden la gran violencia que millares de ciudadanos perpetran en forma indiscriminada contra la naturaleza. ¿O será que el ministro Botero se propone, por fin, poner en práctica el mandato legal de establecer una policía ambiental y de reorientar parte del servicio militar hacia la protección de los recursos naturales? ¿O será que se dispone a poner freno a los procesos de deterioro ambiental generados por las guarniciones bajo su mando? Y, finalmente, hay que recordar que al Ministerio de Comercio Exterior le toca la tarea de enfrentar las complejas relaciones entre comercio exterior y medio ambiente. Si el ministro Daniel Mazuera no le presta la debida atención a la cuestión ambiental, pone en riesgo el acceso de muchos de nuestros productos a los mercados internacionales, ya sea como barreras no arancelarias, o porque en realidad atentan contra la salud de nuestros compradores extranjeros y de nuestro medio natural.

Al no asistir al Consejo Nacional Ambiental, los anteriores ministros están renunciando a tomar parte en el organismo superior de coordinación entre los principales sectores usuarios de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, tanto del Estado como de la sociedad civil. Que tiene también la responsabilidad de formular recomendaciones dirigidas a adecuar el uso del territorio y los planes, programas y proyectos de construcción o ensanche de infraestructura pública a un apropiado aprovechamiento del medio ambiente y de nuestro patrimonio natural. Lo que equivale a decir que están dejando solitario al Ministerio del Medio Ambiente en su gestión, con el riesgo de que éste se convierta paulatinamente en un ente carente de los elementos de juicio requeridos para adelantar la necesaria conciliación entre el desarrollo económico y social y el buen uso y conservación de los recursos naturales renovables. Y que tenga, cada vez más, que recurrir a los mecanismos policivos, en perjuicio de la necesaria concertación con los sectores productivos.

¿Un Consejo o un apetitoso almuerzo?

Por fortuna, el sector privado parece haber tomado más en serio la existencia del nuevo Ministerio y la nueva legislación ambiental, que los mencionados funcionarios y entes gubernamentales, tal como lo evidenció su amplia participación en la primera sesión del Consejo. En ella tuvieron oportunidad de examinar la Política Ambiental del gobierno Samper, y la marcha del montaje del nuevo Ministerio, con base a las excelentes exposiciones efectuadas por la ministra, Cecilia López, y por el viceministro, Ernesto Guhl, exposiciones que no les hubiese sobrado escuchar a los ministros ausentes, para que por fin se enteren de las responsabilidades que les competen. Si bien, la participación de los representantes del sector privado hace que el nuevo Consejo no sea inane, ella se ve frustrada en sus posibilidades ante la ausencia de interlocutores gubernamentales estratégicos. Porque la constitución de este ente, así como de otros mecanismos previstos por la Ley 99 del 93, para la coordinación intergubernamental y la participación de la sociedad civil, parten del principio de que la gestión ambiental es una responsabilidad de carácter multisectorial que requiere de una agresiva presencia tanto de diversas entidades del sector público, como de la ciudadanía.

Le toca ahora al Ministerio buscar los mecanismos para enmendar los malos augurios con que inició su vida el Consejo. Después de la necesaria llamada de atención efectuada por Cecilia López se requiere, eventualmente, que sea el mismo Consejo de Ministros quien examine la situación y le busque una salida. Y que el Ministerio del Medio Ambiente dote al Consejo de una secretaría técnica fuerte y reglamente los comités intersectoriales y sectoriales previstos por la Ley, los cuales tienen enormes potencialidades para el debido ejercicio de sus necesarias funciones. Evitemos, pues, que el Consejo Nacional Ambiental se convierta en una amena charla semestral presidida por el Ministerio del Medio Ambiente, con almuerzo y copa de vino incluidos, sin la participación de los ministros cabeza de los sectores más depredadores, y de los que tienen responsabilidades tan críticas como la educación, la salud y la seguridad.

La participación que sí funciona

Como se evidenció en la instalación del Consejo, en algunos medios de la sociedad civil sí parece existir una gran motivación para participar en la gestión ambiental. Tendencia que también se ha expresado en el buen funcionamiento del Comité Técnico Asesor del Ministerio del Medio Ambiente que, con representantes del sector productivo, participó exitosamente en la reglamentación de las licencias ambientales y viene trabajando en forma ardua en lo correspondiente a las emisiones a la atmósfera.

Otro buen ejemplo de participación de la sociedad civil lo constituye el Ecofondo. Así se expresa en las múltiples realizaciones registradas en sus dos primeros años de funcionamiento. Todo parece augurar que esta institución, concebida para fortalecer las organizaciones no gubernamentales ambientales y dotarlas de recursos económicos para la realización de sus proyectos, llevará a buen puerto sus ambiciosos objetivos, que incluyen la administración y asignación de los millonarios recursos con los cuales ya cuenta, que ascienden a US$54 millones. Tan gruesas sumas proceden de la Iniciativa de las Américas (US$42 millones) y de una condonación de deuda por medio ambiente con el gobierno del. Canadá (US$12 millones). De hecho la creación del Ecofondo se vislumbró, en parte, como una respuesta colombiana a la promoción de instrumentos de financiación de las ONG’s que hizo el gobierno norteamericano a partir de la mencionada iniciativa. Y se dice en parte, porque, desde los inicios de la administración Gaviria, las ONG’s y el gobierno colombiano venían explorando y probando diversos mecanismos para fortalecer a estas organizaciones.

El Ecofondo: enorme potencial

En octubre de 1991 el DNP, el Inderena y un conjunto de organizaciones no gubernamentales convocaron a una preasamblea para fundar el Ecofondo, y de ella siguió un complejo proceso de concepción de la nueva institución que finalmente se constituyó como una corporación sin ánimo de lucro, controlada por las ONG’s, con participación minoritaria del gobierno. En efecto, su Junta Directiva está integrada por siete miembros, dos en representación del gobierno nacional (el Ministro del Medio Ambiente y el Jefe del Departamento Nacional de Planeación) y cinco elegidos en forma directa por la Asamblea de la Corporación. En la última de ellas, realizada el pasado 24 de marzo, 183 organizaciones no gubernamentales, de las 261 que hacen parte del Ecofondo, eligieron sus representantes.

Pero la elección fue tan sólo el último acto de una reunión a la vez seria -los ambientalistas son muy serios- y divertida -a pesar de la seriedad de los ambientalistas-. Como ya se ha vuelto tradicional, sesionó por espacio de 12 horas, y faltó tiempo, ya que la mayor parte de las organizaciones hacen uso de su derecho a la palabra. En ella los participantes examinaron en detalle el informe presentado por la Junta Directiva, presidida por Javier Márquez, de la Fundación Penca de Sábila de Medellín, y por el Director Ejecutivo, Juan Pablo Ruiz, quienes con gran acierto han dirigido el Ecofondo. Allí intervinieron representantes tanto de organizaciones ubicadas en las más apartadas regiones del país como de aquellas asentadas en los grandes centros urbanos. Allí estaban desde los representantes de organizaciones de base y comunitarias, como son los cabildos verdes y la asociación de recicladores, hasta aquellos de las ONG’s de cuello blanco -con sus másteres y PhD’s a cuestas-, como son las defensoras de los derechos ciudadanos y las universidades. No faltaron los pintorescos saboteadores, que en ésta, como en las anteriores asambleas, fracasaron en forma estruendosa, con sus denuncias vacuas que parecen ir perdiendo lugar en el movimiento ambiental, pero que hicieron rabiar a más de un participante. Lo que querían los asambleístas era verificar la marcha del Ecofondo, señalar sus fortalezas, advertir sus debilidades, dar nuevas orientaciones, intercambiar experiencias… Los directivos afirmaron la descentralización de aspectos vitales del fondo, las regiones abogaron por un menor centralismo… En alguno de los muchos momentos en que la discusión perdió su rumbo y se enredó en minucias -un hecho del que no puede estar exenta una reunión tan maratónica e intensa-, el secretario general de la Asociación Nacional de Recicladores observó: «No nos enredemos en carajadas y en discusión de tonterías, que el Ecofondo es una institución con grandes potencialidades y futuro, no sólo un ejemplo para Colombia sino para el mundo. Ocupémonos de que así sea». Ese fue el clima predominantemente de la Asamblea, toda una lección de participación ciudadana, en particular para aquellos escépticos de la democracia participativa.

No era de extrañar que así fuera. El Ecofondo ha montado una eficiente administración, con un estricto sistema de calificación de proyectos y programas para capacitar y dar fortaleza institucional a las ONG’s. En su primera salida, en 1994, otorgó financiación a 34 proyectos, escogidos entre 260 propuestas, por un valor de $ 1.600 millones. En 1995, financiará proyectos por un valor de $4.300 millones. Cualquier organización no gubernamental con antecedentes en el campo ambiental tiene acceso a estos recursos, independientemente de que haga parte, o no, del Ecofondo.