Manuel Rodríguez Becerra

El acuerdo sobre minería responsable podría resultar inviable, puesto que en Colombia no existen las condiciones institucionales y de política pública mínimas para exigir a las empresas mineras un adecuado desempeño ambiental.

El Gobierno se propone presentar a consideración del Congreso un proyecto para un nuevo código minero, una oportunidad única para corregir los graves vacíos y falencias del código vigente, así como un proyecto para reformar las corporaciones autónomas regionales. Las trece empresas que hacen parte de la Asociación del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE) firmaron un acuerdo sobre minería responsable –actuando como testigo el presidente Juan Manuel Santos–, mediante el cual se comprometen a regirse por los más altos estándares internacionales en materia social y ambiental. Y es un reto formidable, si se toma en consideración que algunas de las empresas mineras a gran escala no sólo están lejos de cumplir con la ley, sino que han dejado tras de sí pasivos socio-ambientales de consideración. Y como se sabe, la responsabilidad social corporativa (RSC) consiste en ir más allá de lo que la ley exige.

Se ha dicho mucho, más no lo suficiente, sobre la debilidad de la política pública minero-ambiental que se evidencia, entre otras, en el caótico otorgamiento de más de seis mil títulos mineros, en la incapacidad de fiscalización, en la persistencia de actividades mineras ilegales de origen criminal, y en el práctico desconocimiento de los pasivos ambientales dejados por la actividad, todo lo cual se traduce en un balance de destrucción y degradación ambiental, y daños a la salud humana, originado por empresas mineras, tanto de carácter legal como ilegal. Obviamente, existen firmas que hacen la excepción, pero no la regla.

Un asunto de la mayor gravedad es el hecho de que, a partir del Código Minero, los títulos y las licencias ambientales se otorguen uno a uno, desconociendo los impactos ambientales acumulados de las operaciones mineras actuales y potenciales. Y es que en una determinada región puede suceder que a pesar de que cada empresa cumpla individualmente con la normatividad, el conjunto de los impactos de todas las empresas lleguen a generar una crisis ambiental de mayores proporciones. Así, por ejemplo, antes de seguir otorgando títulos mineros en La Guajira, debería hacerse un estudio minucioso de la oferta y demanda de agua en el largo plazo, y a partir de allí determinar la escala a la cual se podría llevar la actividad minera, sumada a otras actividades económicas, sin que exista el riesgo de que en la región se presente una escasez crónica de agua. La gran crisis del agua que está viviendo el norte de Chile, en donde se desarrolla una amplia actividad minera, debería servirnos de lección.

Más grave aún, el Gobierno y el sector minero parecerían estar desconociendo las complejas características de la región montañosa andina y de los valles interandinos de Colombia, en la cual se concentra la mayor parte de títulos mineros otorgados y por otorgar en el futuro inmediato. Es una de las más vulnerables del mundo al cambio climático –como se evidenció en las recientes olas invernales–, cuenta con una alta densidad poblacional en gran parte de su territorio (con más del 70 por ciento de la población), y allí se ubica una de las mayores y más frágiles riquezas en biodiversidad y agua del planeta. Existe poca experiencia minera en una región con estas características –por ejemplo, la diversidad biológica promedio por kilómetro cuadrado en las montañas colombianas podría superar entre tres y treinta veces la de áreas mineras de países como Canadá, Australia y Chile–, y ello conlleva riesgos para la calidad de vida y el medio ambiente que se requieren precisar.

El Gobierno está poniendo en marcha diversas y ambiciosas reformas para corregir algunas de estas situaciones, pero tomará años antes de que sepamos a ciencia cierta su grado de éxito. Y ahora se propone presentar a consideración del Congreso un proyecto para un nuevo código minero, una oportunidad única para corregir los graves vacíos y falencias del código vigente, así como un proyecto para reformar las CAR. En, últimas, en estas reformas se concretarán sus reales intenciones en materia de protección socio-ambiental.

Así, pues, el acuerdo sobre minería responsable podría resultar inviable, puesto que en Colombia no existen las condiciones institucionales y de política pública mínimas para exigir a las empresas mineras un adecuado desempeño ambiental. Y es que si existen compañías de minería a gran escala que no cumplen con la ley, y el Estado no tiene la capacidad para hacer que la cumplan, ¿por qué suponer que aquellas se van a alinear con unas metas de carácter voluntario?