Manuel Rodríguez Becerra

“Son verdades a medias”, afirmó un representante de los gremios de la minería como reacción al libro Minería en Colombia, producto de una investigación dirigida por Luis Jorge Garay, uno de los más reconocidos economistas del país, y realizada para la Contraloría General de la República.

En el libro participan con sendos capítulos los expertos Mauricio Cabrera, Julio Fierro, Rodrigo Negrette, Luis Álvaro Pardo, Guillermo Rudas, Jorge E. Espitia y Fernando Vargas, que analizan la minería en todos sus frentes –geopolítico, económico, social, ambiental, normativo y de derechos humanos y gobernanza–, basándose en la mejor información disponible del Gobierno, la academia y el sector privado, como lo subrayaron en su respuesta a la arrogante salida de los gremios.

Se publica en un momento caracterizado por el avance desbocado de la minería ilegal y por el creciente desprestigio público de la gran minería suscitado por hechos lamentables que mucho desdicen de su publicitada “minería responsable”. Entre los más recientes se mencionan: el derrame de cientos de toneladas de carbón de la Drummond en la bahía de Santa Marta, la burda pre-consulta previa efectuada por El Cerrejón a las comunidades wayús en relación con la desviación del río Ranchería, las graves faltas en que en materia económica, social y ambiental podría haber incurrido la empresa Cerromatoso, según denuncias del senador Jorge Enrique Robledo –que en entender de muchos no han sido resueltas–, los altos niveles de contaminación del aire durante meses en el centro del Cesar, las inauditas presiones de Anglo Gold Ashanti (¿chantaje?) sobre el director de Cortolima, y las recientes denuncias del director de la Dian sobre la evasión tributaria de empresas del carbón en paraísos fiscales a través de prácticas corruptas, y el intento de una evasión de impuestos multimillonaria de Glencore-Xstrata.

Y a todo lo anterior se añade la creciente claridad sobre las conexiones existentes entre la minería y la financiación de la guerra y de las ‘bacrim’, así como sobre los conflictos sociales en aumento, incluyendo los atropellos a comunidades campesinas (para hacer “efectivos” los títulos mineros otorgados en sus tierras), en una zona gris en la cual, en algunos casos, parece aliarse lo legal con lo ilegal.

Al leer el libro, se concluye que los anteriores problemas no han sido la excepción, sino manifestaciones del modelo minero que se estableció en el país, caracterizado por un extractivismo extremo. Y lo más paradójico es que, frente a los altos e injustificados riesgos y costos ambientales y sociales de la minería que se desarrolla en Colombia, evidenciados en el libro, la renta minera que recibe el Estado no sería la adecuada, en comparación con muchos de los países mineros, según Guillermo Rudas.

Como bien dice Luis Jorge Garay, es imperativo replantear la política minera a partir de considerar “a la minería como un macrosistema y no como un mero sector individual, en razón de los ámbitos y la gran variedad de impactos determinantes generados, que van desde el ámbito de los derechos fundamentales de poblaciones y comunidades étnicas hasta el de los intereses del Estado en la participación de la renta minera (a través de impuestos, regalías, recuperación de costos de dis-externalidades, etc.), pasando por los ámbitos medioambiental, geofísico, económico y social, a nivel territorial y nacional, entre otros”.

Muchos esperamos que este estudio, en buena hora propiciado por la Contraloría, sea punto de partida de un debate profundo y transparente que sirva para reorientar la política minera. Como es obvio, un libro tan ambicioso en sus miras tiene mucho para controvertir. Pero sus planteamientos son contundentes en lo mucho que el país podría llegar a perder y lo poco que podría llegar a ganar si las cosas siguen como van. Y ese no necesariamente es el único destino.