Manuel Rodríguez Becerra

Afirmar que Colombia ha perdido y sigue perdiendo buena parte de su riqueza natural es un lugar común. Lo sabemos y lo hemos vivido, y es una situación que nos causa sentimientos de impotencia y frustración. Pero a pesar del deterioro y aunque suene inverosímil, Colombia está clasificada como uno de los países que, en balance, cuenta con una base natural con menor grado de perturbación. Según el índice de sostenibilidad ecológica del Foro Económico Global de Davos (2001), Colombia ocupa el puesto 36 entre los 122 países del mundo más representativos por su importancia económica y ecológica. Y según Green Peace y Friends of the Earth, que han hecho una revisión crítica y recálculo del índice del foro de Davos, Colombia ocupa el puesto 13 entre esos mismos países. En otras palabras, dos de las ONG ambientales más radicales nos clasifican bastante mejor que el foro de los líderes de los negocios y la economía.

La posición relativamente alta de sostenibilidad ecológica de Colombia se explica por la enorme riqueza hídrica, en biodiversidad y en bosques que aún posee y que se concentra, en particular, en la costa pacífica y en la región amazónica. Su protección no ha sido propiamente el resultado del buen gobierno sino del azar -su aislamiento ante las dificultades de acceso-, y del manejo sostenible dado a esos territorios por las minorías étnicas que tradicionalmente las han habitado. Pero esa riqueza tiene poco significado e impacto para la vida cotidiana del 80% de los habitantes que viven en regiones o en lugares pobres en relación con uno o más de los recursos ambientales críticos para su supervivencia: agua, suelo, aire, bosques y biodiversidad.

En síntesis, la mayor parte de colombianos enfrenta una creciente pobreza ambiental en un país considerado único por su riqueza en aguas y biodiversidad en el mundo. Esa situación de escasez ambiental -concentrada en la zona andina, los valles interandinos y la región Caribe-, ha sido en esencia el producto de inadecuadas intervenciones humanas en territorios que otrora fueran pródigos en recursos naturales. Como es obvio, los colombianos debemos hacer uso del medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, un hecho que origina gran presión sobre aquel y que se ha magnificado con el aumento de la población que en los últimos 50 años pasó de 11 millones a 42 millones de habitantes. Pero con frecuencia los recursos naturales se han aprovechado en forma irracional, sin tratar de prever y evitar los daños ambientales, e incluso se han adelantado intervenciones innecesarias y destructivas de los hábitats naturales, como se evidencia en multitud de casos relacionados con los bosques, los suelos y las fuentes de agua.

MAL USO DEL SUELO Y TALA

El mal uso de los suelos y la tala innecesaria de bosques figuran entre las tendencias ambientales más perversas de Colombia y son dos de las más elocuentes expresiones de la irresponsabilidad e incompetencia con la cual la dirigencia nacional ha orientado el uso de nuestro rico y complejo patrimonio natural. De las 36’700.000 hectáreas dedicadas a pastos para la ganadería, 17’500.000 no tienen potencial alguno para esa actividad y se encuentran en proceso de erosión. De esta última cantidad cerca de 12’000.000 son suelos que sólo tienen vocación forestal; es decir, el 17% de los ricos bosques naturales del país se perdieron para siempre y fueron convertido en potreros para crear grandes latifundios improductivos, un fenómeno que sigue su marcha. No es entonces de extrañar que las zonas andina y caribe sólo cuenten con un 15% y un 5%, respectivamente, de sus bosques naturales, siendo está última la región del país más deteriorada desde el punto de vista ambiental.

Entre las muchas secuelas de la deforestación se subraya el declive de la biodiversidad que se manifiesta, entre otras, en la desaparición de ecosistemas únicos para el soporte de la vida, y en el incremento del número de especies amenazadas de extinción. Además, con la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas boscosos, que también se registra en materia grave en los ecosistemas acuáticos marinos y continentales, estamos arruinando oportunidades para nuestro desarrollo económico y social, como se manifiesta en los casos de la biotecnología y el ecoturismo.

La deforestación ha traído también graves impactos para la calidad del agua (por la sedimentación), y ha generado la desregulación de los ciclos hídricos (aumento de la escasez en las estaciones secas y exceso de disponibilidad durante las estaciones lluviosas). Según el Ideam, en su reciente Perfil del estado de los recursos naturales y del medio ambiente (2002), “en relación con la disponibilidad de agua en los sistemas hídricos que abastecen las cabeceras municipales, 86 de ellas están actualmente dentro del rango del índice de escasez alto, en condiciones hidrológicas secas, mientras que para 2015 este número se incrementaría a 170 y podría alcanzar, en 2025, un total de 240, con una población potencialmente comprometida de 29 millones”. Es una situación que incide en el suministro de agua potable y golpea la actividad agrícola e industrial. Además, se ve agravada por la contaminación puesto que una mínima parte de los municipios del país (12%) cuentan con sistemas eficientes para el tratamiento de aguas servidas -el caso de Bogotá es dramático-, y muchos disponen de sus basuras en las fuentes de agua, dos hechos con graves secuelas para la salud humana.

LA CIUDAD AMENAZADA

La mayor parte del impacto de los problemas ambientales tienen como principal escenario a los centros urbanos, donde vive el 72% de la población. Además de los mencionados, los habitantes urbanos enfrentan el aumento de la contaminación del aire -en particular en las grandes ciudades-, y la inadecuada disposición de las basuras, un fenómeno común a la mayoría de municipios del país.

Pero quizá el problema social y ambiental más dramático de nuestras ciudades son los asentamientos de los habitantes más pobres en suelos vulnerables y no aptos para la urbanización, conformados por barrios, agrupaciones habitacionales y viviendas que no tienen condiciones mínimas para la vida humana, incluyendo las ambientales. Es un fenómeno que se ha agudizado como consecuencia del incremento de la pobreza y de los millones de desplazados por la violencia, y que no ha recibido hasta el presente una debida atención.

A estas amenazas ambientales que se ciernen sobre el futuro de Colombia habría que añadir el cambio climático global cuyas consecuencias se acentuarán desde mediados del presente siglo; los impactos sociales, económicos y políticos serán de consideración, en particular los causados por la gran alteración que sufrirán los páramos y las zonas costeras e insulares.

QUÉ HACER

¿Es posible desarrollar políticas para reversar o aminorar este balance general de deterioro? La experiencia colombiana en materia de gestión ambiental nos ofrecería una respuesta positiva, como lo indican los cientos de planes y programas de prevención, conservación y restauración adelantados con éxito a lo largo y ancho del territorio nacional por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y el sector privado en la última década. Y si bien es cierto que no han estado en capacidad de detener las principales tendencias, han servido para proteger algunos valores ecológicos fundamentales y para disminuir la presión humana sobre el medio natural. Sin embargo, al lado de estas realizaciones, se observa que la inversión ambiental de los sectores público y privado está lejos de ser suficiente. De acuerdo con diferentes estudios, se requeriría un incremento de la participación del gasto en el PIB, que no debería ser menor a tres veces el actual (que se sitúa en 0,6% del PIB). Pero en lugar de crecer, esa participación ha venido decayendo desde 1998 como resultado de la actual crisis económica. Una vez reactivada la economía es imperativo aumentar en forma gradual esa participación hasta llegar a los niveles mencionados, si el objetivo es reversar la degradación y la destrucción. Pero el aumento de la inversión en protección ambiental no es suficiente. Se requieren instituciones eficaces y eficientes para ejecutarla, lo cual significa corregir la marcha de las agencias públicas existentes. Más importante aún, como condiciones necesarias para alcanzar un manejo adecuado del medio ambiente en el largo plazo, se identifican la erradicación de la pobreza y la inequidad; la reforma de la tenencia del suelo rural y urbano; el cambio de los patrones de producción y consumo que son insostenibles desde el punto de vista ambiental; la derrota de los cultivos ilícitos, y la construcción de la paz. La posibilidad de construir una sociedad que viva en armonía con la naturaleza y haga buen uso de ella para su bienestar, está ligada en forma indisoluble con la solución de aquellos problemas estructurales que son causa de los agudos problemas sociales que aquejan a Colombia y que, en alguna medida, explican el origen de un conflicto armado que tiene ya una historia de más de cuatro décadas.