Manuel Rodríguez Becerra

Miles de ciudadanos lamentamos y condenamos el afloramiento de petróleo en el pozo Lizama 158, una tragedia con graves impactos sociales y ambientales cuyo balance final solo sabremos cuando se controle el origen del derrame. Y exigimos también una sanción ejemplar a Ecopetrol, la restauración de los ecosistemas requerida y el pago de unas justas compensaciones a las comunidades afectadas.

Así mismo, los ciudadanos merecemos una explicación sobre por qué las autoridades ambientales –Minambiente, la Anla y Corposantander– tardaron en reaccionar, y sobre cómo respondieron estas entidades y Ecopetrol a la auditoría efectuada por la Contraloría, hace cerca de dos años, en la cual se advierten falencias en la planeación y gestión del abandono de pozos en el área en la cual se encuentra Lizama 158. El incumplimiento de la ley también lo encontró la Contraloría en otros sitios vecinos a Barrancabermeja en los que, además de no haberse cerrado técnicamente varios pozos, no se ha hecho la recuperación técnica de piscinas petroleras (depósitos de desechos contaminantes).

La iguana, símbolo de Ecopetrol, está mortíferamente embadurnada de petróleo. Y es que Ecopetrol, a mediados de la década pasada, en un intento por salir de su atraso en gestión ambiental y no volver a incurrir en incumplimientos de la normativa ambiental, un hecho frecuente en su trayectoria, anunció que se transformaría en una empresa responsable con la naturaleza y, para demostrar su voluntad en hacerlo, adoptó la iguana como logo. Quienes algo conocíamos de la historia ambiental de Ecopetrol recibimos con beneplácito ese anuncio, puesto que se trata de una de las empresas que han hecho un mayor daño a los ecosistemas de Colombia en diversos rincones de su territorio, quizás la que más. Un tema sobre el que no pocos prefieren guardar silencio o una dulce e interesada tolerancia frente a la más poderosa empresa del país.

Algunos argüirán que muchos de esos negativos impactos ambientales fueron responsabilidad de otras empresas, cuyos campos y pozos petroleros a la postre revirtieron a Ecopetrol. Eso es cierto, pero Ecopetrol ha sido también actor directo de innumerables daños a los ecosistemas y, por exigencia de la ley, tiene la obligación de restaurar tanto estos como los pasivos ambientales que recibió de otras empresas.

En efecto, lo ha hecho en algunos casos, como se evidencia, a partir de robusta información, en la tesis de grado ‘Los daños causados a las ciénagas aledañas a la ciudad de Barrancabermeja por empresas petroleras y su proceso de recuperación: 1970-2005’ (Sandra Milena Jiménez, ingeniería industrial, Uniandes, 2006). Pero la misma tesis señala que la tarea estaba entonces lejos de culminarse y demuestra también el muy cuestionable desempeño ambiental de Ecopetrol, frente a la autoridad y la normativa en pleno vigor desde 1968 y 1974, respectivamente.

A finales de la década pasada, poco tiempo después de lanzada la iguana de Ecopetrol al ruedo, el gerente Javier Gutiérrez efectuó una detallada presentación sobre lo que sería el futuro de la gestión ambiental de la empresa ante un amplio grupo de ambientalistas. Todo parece indicar que desde entonces ha habido avances de importancia, pero no tantos como para evitar y controlar desastres como el reciente. En la misma presentación se anunció que Ecopetrol haría un juicioso inventario de sus pasivos ambientales y un plan para enmendarlos. No apareció, o no se conoce públicamente, pero se sabe que cerca de setenta pozos abandonados no han sido cerrados técnicamente.

¿Qué otros pasivos ambientales existen y con qué riesgos? Ante el desastre de Lizama, Minambiente tiene la obligación de exigir a Ecopetrol que haga públicos sus pasivos ambientales, y los enfrente y resuelva, en el más corto tiempo posible, una condición necesaria para evitar que acaezcan nuevas tragedias.