Manuel Rodríguez Becerra

La paz ofrece la oportunidad única de salvar los parques nacionales naturales ubicados en el Área Especial de Manejo de la Macarena, en donde el conflicto armado dejó profundos daños socioambientales.

La creación de la reserva ecológica de la Macarena, en 1948, es el principal antecedente de la constitución de las áreas protegidas en Colombia. Fue declarada por iniciativa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, que, desde años antes, con la Smithsonian Institution, de Washington, identificó sus excepcionales valores ecológicos en el ámbito mundial, los cuales están asociados, entre otros, con el hecho de que en la región confluyen los ecosistemas andinos, orinocenses y amazónicos. La Macarena era entonces una densa selva, prácticamente inaccesible, con pequeños frentes de colonos, de campesinos sin tierra expulsados por la violencia política de los años cuarenta y cincuenta, que con los años habrían de aumentar.

No mucho tiempo después de esta declaratoria, en 1964, las Farc se establecieron en la región luego de que fueran expulsadas de Marquetalia, en donde un grupo de campesinos se había refugiado y levantado en armas, al haber sido, a su vez, expulsado de la región del alto Magdalena. Si bien hasta principios de los años ochenta el conflicto fue de baja intensidad, el aislamiento de la región favoreció el cultivo de la coca, cuya alta rentabilidad habría de atraer la presencia de nuevos colonos y detonar la deforestación de cientos de miles de hectáreas de selva. Desde entonces la región fue uno de los principales escenarios del conflicto armado en Colombia, y la zona comprendida entre el río Duda, la serranía de la Macarena y el río Guayabero, entre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, llegó a ser reconocida militarmente como área de retaguardia de las Farc.

Sin embargo, en estas siete décadas se mantuvo la idea de dar una protección especial a la región. En 1977 se creó el Parque Nacional Natural de la Cordillera de los Picachos, y en 1989, los parques de la Sierra de la Macarena y de Tinigua. En este mismo año se constituyó el Área de Manejo Especial de la Macarena, un territorio con una extensión de 3’892.000 hectáreas, del cual aproximadamente la tercera parte, 1’342.000 hectáreas, corresponde a estos tres parques nacionales más una porción del parque de Sumapaz ubicada en el Área de Manejo.

Estos parques registran hoy innumerables y profundos daños ambientales y sociales, producto de la guerra. Su magnitud no se ha evaluado, pero los indicadores con que se cuenta son más que inquietantes. En estas áreas legalmente protegidas habitan entre 3.000 y 4.000 familias, que requieren ser reubicadas en tierras titulables y aptas para la agricultura y en donde puedan ser beneficiarias de los bienes públicos requeridos para que su producción sea competitiva. En 2012, la pérdida de la cobertura forestal en los parques Picachos, Tinigua y Sierra de la Macarena ascendía a 17.000, 44.000 y 67.000 hectáreas, respectivamente, cuantificación que no lo dice todo sobre su destrucción ambiental, puesto que también presentan una grave degradación de diversos bosques en pie y un dramático declive de muchas de las poblaciones de su rica fauna. Pero lo que hoy resulta muy alarmante es que durante las negociaciones de paz, así como después de firmado el acuerdo, el deterioro se ha profundizado con el aumento de los cultivos ilícitos y la actividad ganadera.

Con la paz, el Estado colombiano se encuentra en la obligación de recuperar estas áreas protegidas para la nación y restaurarlas. Es la última oportunidad y un reto colosal que exige la intervención de diversas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil y un revolcón y fortalecimiento de la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para que esté en capacidad de gobernarlas puesto que, en la práctica, las gobernaron las Farc por décadas.