Manuel Rodríguez Becerra

Se ha repetido, una y otra vez, que lo ambiental podría constituir una carta muy positiva para las relaciones internacionales de Colombia, al reconocer y materializar el hecho de que en nuestro territorio se ubica tal diversidad de ecosistemas y paisajes naturales y, de especies animales y vegetales, que somos, después del Brasil, el segundo país con más alta biodiversidad del planeta. Por ello, se arguye con razón que nuestro país tiene la oportunidad y el deber de participar en forma activa y de ejercer un liderazgo en las múltiples instancias en las cuales se construyen los programas y la normatividad ambiental de carácter global, con consecuencias ineludibles para nuestro desarrollo. Y que tiene también la oportunidad de desarrollar una estrategia encaminada a mostrar las posibilidades de negocio ofrecidas por esas riquezas, en campos tales como el turismo y la investigación y el desarrollo de productos basados en la biodiversidad. Y todo ello, finaliza el argumento, serviría para amortiguar la lamentable imagen que en la arena internacional pesa sobre Colombia, generada por la violación de los derechos humanos, el narcotráfico, la criminalidad generalizada y la guerrilla.

¿Una imagen internacional positiva?

Los anteriores supuestos llevaron al gobierno anterior a participar en forma activa y sistemática en la «Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo» y a desarrollar el «Programa Colombia de Cooperación Internacional para el Medio Ambiente», mediante el cual se obtuvieron donaciones y cooperación técnica internacional por un valor que se acerca a los US$100 millones. Y son las principales motivaciones del actual gobierno para definir lo ambiental como una de sus prioridades para la política internacional, tal como se establece en el «Plan de Desarrollo, el Salto Social». Pero estas realidades no deben hacernos perder de vista los riesgos que existen de que lo ambiental se torne en una nueva estrella negra en el ámbito de las relaciones internacionales de Colombia. Porque, al mismo tiempo que contamos con una de las mayores riquezas en recursos naturales del planeta, somos uno de los países que la está destruyendo con una mayor velocidad, como lo evidencian, por ejemplo, la contaminación de nuestros ríos, o la deforestación que se ubica entre las 300.000 y las 600.000 hectáreas por año. Si bien ni siquiera sabemos a ciencia cierta la magnitud del daño al bosque, cualquiera de los dos extremos de la estimación constituyen una vergüenza y un grave estigma para el país. Y así se expresa en otros rubros de depredación ambiental, como son la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres, la alta emisión de gases de efecto invernadero como producto de la deforestación, o el tráfico ilegal de especies en extinción. En suma, a la par que somos el país con la más alta tasa de homicidios del mundo, también ocupamos hoy uno de los primeros lugares en materia de violencia contra la naturaleza.

Estos hechos los conoce la comunidad internacional y, por ello, en los últimos años se han desarrollado diversas actividades informativas dirigidas a mostrar los esfuerzos que el país viene adelantando para detener los graves procesos de deterioro ambiental. Nombramos unas. La creación del Ministerio del Medio Ambiente, la incorporación en la Constitución de 1991 de cerca de 40 artículos referidos a lo ambiental y la destinación de nuevos recursos económicos. Igualmente iniciamos ambiciosos programas, tales como Biopacífico, la estrategia de conservación de la biodiversidad y aquellos financiados con créditos y donaciones internacionales.

¿Un nuevo motivo de escarnio internacional?

Si bien estas realizaciones han sido miradas con mucha atención, lo más probable es que se comience a confrontar cuáles han sido sus resultados prácticos. Se puede predecir que la comunidad internacional estará, cada vez más, interesada por conocer y verificar informaciones que muestren en qué medida se han logrado detener los procesos de deterioro ambiental y menos inclinada a que le contemos nuestras innovaciones normativas e institucionales. Porque paulatinamente nos hemos ganado la reputación de que somos tan creativos para legislar como incapaces para hacer cumplir la ley, tal como se evidencia en la escandalosa impunidad reinante en Colombia.

Si no llegásemos a mostrar unos indicadores que muestren una evolución positiva ello se podría traducir, no sólo en motivo de nuevo escarnio público internacional sino incluso en fuente de eventuales condicionalidades, o sanciones. Ya se han presentado hechos que indicarían ese posible escenario. Por ejemplo, los intentos de sancionar al país a través de CITES -la convención referente al comercio de especies en peligro de extinción- al detectarse pieles obtenidas del medio natural en exportaciones certificadas de pieles provenientes de zoocriaderos. O las diversas expresiones de Venezuela sobre los daños ambientales originados por Colombia, como consecuencia de los atentados guerrilleros y la alta sedimentación y contaminación de muchos de nuestros ríos que fluyen al vecino país, hechos que, incluso, han llegado a ser calificados como delitos, o como acciones que merecerían una respuesta militar -recuérdese al respecto la intervención de su Ministro de Ambiente en mayo de 1994, con relación a la tala de los bosques por colonos colombianos al otro lado de la frontera que, a su juicio, debería ser objeto de un bombardeo!

De otra parte, es preocupante ver la forma como se comienza a modelar la opinión pública internacional con relación al manejo de nuestro medio ambiente. Así lo indican las diversas campañas adelantadas en contra del consumo de flores colombianas en Europa, o contra la importación de carbón a la Gran Bretaña, que afirman la existencia de prácticas ambientalmente insanas en los cultivos de origen de las primeras y en las prácticas de explotación del segundo, así como el muy negativo informe sobre el estado de nuestros parques naturales nacionales aparecido recientemente en el New York Times.

Por una estrategia proactiva

Es urgente que los ministerios del Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores desarrollen una agresiva estrategia de difusión de los principales logros alcanzados y programas en ejecución, en los campos de la protección y restauración de los recursos naturales renovables, que son múltiples y, algunos, sui-géneris. Las diversas acciones de tutela y populares que han demostrado ser un efectivo instrumento de defensa del medio ambiente por parte de los ciudadanos y de hacer cumplir la ley. La creación de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras, como modalidad de conservación de grandes perspectivas, cuya concreción requiere de la solidaridad internacional. Los programas en marcha para la restauración de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pioneros en el mundo y los nuevos proyectos para la protección de los parques naturales. Los positivos resultados que muestra el Ecofondo, una institución de gran avanzada en el campo de la promoción y financiación de las organizaciones ambientales no gubernamentales. O los avances en el control de la gestión ambiental de las petroleras y en la descontaminación de algunos de nuestros ríos. Simultáneamente a esta estrategia de difusión, se debería adelantar una campaña de consecución de recursos y cooperación internacional, que se vincule a la resolución de problemas de interés para la humanidad, como son típicamente los casos de la protección de la biodiversidad y de los mares, o la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero o de los que destruyen la capa de ozono.

Se requiere participar en forma intensa en el tema de comercio y medio ambiente, mediante la definición de una política y una intervención vigorosa en los diversos foros internacionales, en particular en el Comité de Medio Ambiente y Comercio de la Organización Mundial de Comercio, la Comisión de Desarrollo Sostenible y la Unctad. Al gobierno le toca también trabajar en forma conjunta con el sector privado en este frente tan crucial para el futuro de nuestro comercio. Así, por ejemplo, el sistema de certificación ambiental de las fincas productoras de flores a establecerse entre Asocolflores y el gremio alemán de importadores del producto, por exigencia de este último, al menos requiere de la asesoría de los ministerios de Comercio Exterior y del Medio Ambiente ya que constituye un precedente en el área del eco-etiquetado, que bien puede ser positivo o negativo para otros sectores de nuestro comercio internacional, dependiendo de la forma como se conciba e implemente.

A negociar después de los bajonazos

Sobre todo, es prioritario concebir y desarrollar una estrategia sistemática en el frente de las negociaciones internacionales que se realizan en cerca de 40 instancias diferentes, tal como se observa en el recuadro. Porque las recientes malas noticias sobre los resultados de las negociaciones internacionales en materia ambiental, no deben hacernos bajar la guardia en un frente tan crítico para el futuro del país. Es cierto que en la Cumbre sobre Cambio Climático (ESTRATEGIA, abril 30) se avanzó muy poco hacia la solución de ese problema global. Como es cierto que la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, encargada de hacer el seguimiento de los acuerdos de Río, culminó su tercera reunión con un balance tan lamentable como el de sus dos primeras. Estos dos hechos, ocurridos en el mes de abril, se suman al pobre balance exhibido por la Primera Reunión de las Partes de la Convención de Biodiversidad, a finales del año pasado y, al evidente retroceso registrado en la Cumbre de las Américas con relación a los acuerdos de la Cumbre de Río, sobre Medio Ambiente y Desarrollo (véase ESTRATEGIA, noviembre 30).

Son datos que seguramente podrían servir de aliciente a algunos burócratas de las tesorerías y de las oficinas de control del gasto gubernamental para recortar los rubros presupuéstales vinculados a la representación del país en estos foros. Pero esperamos que el alto gobierno no vaya a tener esa mirada de ciego contabilista, porque los cacareados fracasos no nos pueden hacer perder de vista todo lo que está en juego en la arena internacional. Independientemente de estos bajonazos coyunturales, tenemos que entender que tanto en estas negociaciones, como en otras tres docenas de instancias internacionales, se están estableciendo los derechos y obligaciones de los estados en materia ambiental, un asunto de alta prioridad para Colombia dado su enorme patrimonio natural. Basado en este entendimiento parece estar moviéndose MinAmbiente… ojalá persevere, puesto que en el país de la biodiversidad y del Sagrado Corazón todo parece conspirar contra las instituciones de largo plazo.