La mejor Orinoquia que podemos construir: Elementos para la sostenibilidad del desarrollo
Director del Proyecto: Manuel Rodríguez Becerra
Autores: Germán Ignacio Andrade Pérez, Luis Guillermo Castro Gutiérrez, Armando Durán Durán, Manuel Rodríguez Becerra, Guillermo Rudas Lleras, Eduardo Uribe Botero y Eduardo Wills Herrera.
Primera edición: octubre de 2009
Fuente: Corporinoquia, Facultad de Administración Universidad de los Andes, Foro Nacional Ambiental, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia
ISBN: 978-958-99007-5-8
La Orinoquia se considera hoy (2022), a similitud de hace quince años, una de las fronteras agrícolas del país más promisorias para diversificar su economía, en particular en el campo de la agricultura. Esto fue lo que nos motivó en el Foro Naciona Ambiental a efectuar un debate sobre el futuro de la región, en un momento en que se anunciaban grandes proyectos agroindustriales. En este libro se concluye que si bien existen grandes potenciales en materia agrícola su futuro dependerá en que se desarrollen en el contexto de la sostenibilidad ambiental. A principios de la primera década de este siglo el auge de proyectos de transformación de los llanos orientales para la agricultura se disminuyó sustancialmente como consecuencia de los problemas generados por las modalidades ilegales que se utilizaron para generar extensos predios para la agroindustria. De nuevo se está planteando la necesidad de que el país amplie su producción agrícola y la Orinoquía necesariamente jugará un papel central en ese propósito. De allí la actualidad de este libro y del debate que en su momento planteamos desde el Foro Nacional Ambiental que tuvo diversas repercusiones, tal como se evidencia en el siguiente editorial de El Espectador:
“Durante los últimos años han estado ocurriendo cosas en la Orinoquia. Desde escándalos como el de Carimagua cuando el gobierno optó por no darle a un grupo de desplazados la oportunidad de volver a ser campesinos, hasta enormes descubrimientos de petróleo y gas. Grandes empresas nacionales, multinacionales, empresarios de los sectores de hidrocarburos, aceite y biodiesel; y productores de arroz, caucho, madera, soya y maíz, entre otros, han concurrido para buscar nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Se trata de emprendimientos que, casi sin excepción, tienen su origen por fuera de la región; en las oficinas del gobierno nacional, de los banqueros de inversión, las empresas, los gremios y las multinacionales. Los principales motores de esos nuevos procesos de ocupación y transformación del territorio de la Orinoquia han sido el debilitamiento de los grupos armados ilegales, la propaganda gubernamental, y los subsidios del gobierno. Y mientras esto ocurre, los habitantes de la región, las autoridades e instituciones locales, y las comunidades indígenas y campesinas, se limitan a observar la transformación de sus culturas, y el deterioro de sus ecosistemas y paisajes. Se trata, en realidad, de un proceso acelerado pero relativamente nuevo de ocupación y transformación del territorio. Un proceso que amerita que el Estado, desde los niveles nacional hasta los locales, intervenga de manera pronta, coordinada e inteligente, para asegurar su sostenibilidad ambiental y su equidad social.
En ausencia de esa intervención, es previsible que a la vuelta de pocos años los ecosistemas de la Orinoquia se vean severamente deteriorados y que las comunidades vulnerables sean las más afectadas. Ya se ha visto en Colombia como, en ausencia del Estado, las avanzadas de los inversionistas sobre “regiones nuevas” han dejado estelas de deterioro ambiental, inequidad y violencia. En esta ocasión las cosas podrían ser distintas. Para asegurar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos que están avanzando sobre la región, resulta estratégica la conservación de los recursos hídricos y de sus ecosistemas asociados, y la puesta en marcha de instrumentos efectivos de ordenamiento territorial y de compensación ambiental. Para asegurar la equidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, el gobierno debe favorecer la creación de espacios de resolución de conflictos, concertación y diálogo social en donde todos los actores que intervienen en la región, incluidos los más vulnerables, puedan participar en la construcción del futuro en condiciones de igualdad. Las actividades productivas que están avanzando sobre la región y que han desatado su proceso acelerado de transformación, deben generar los recursos necesarios para prevenir el deterioro de los ecosistemas, asegurar la sostenibilidad ambiental y la equidad social. En esta ocasión, rompiendo con una larga tradición, las regalías del petróleo deben gastarse de manera trasparente y equitativa y destinarse hacia inversiones que como la investigación agrícola, la conservación de ecosistemas, la educación, y el fortalecimiento de las instituciones locales aseguren que las generaciones futuras puedan también percibir beneficios. Los incentivos y subsidios del gobierno para promover el desarrollo agrícola y rural en la región deben invertirse de manera transparente, beneficiando a los ciudadanos más pobres y vulnerables; y no al contrario.”
El Espectador. Editorial. 23 de octubre de 2009.
Fecha: octubre 17 de 2009
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 25 de 2013
Fuente: El Tiempo