Manuel Rodríguez Becerra

Jorge Orlando Melo, amigo y gran historiador, descalificó el referéndum por el agua (EL TIEMPO, 21-08-08) por considerar que “hay derechos como el de no ir a prisión sin orden legal o la libertad de expresión, que se defienden ante todo con normas legales. Hay otros cuya protección depende de acciones concretas de la sociedad o el Estado, o cuya violación surge de situaciones complejas, que es difícil impedir con mecanismos judiciales”. Y como el acceso al agua potable pertenecería a esta última categoría, no tendría ningún sentido consagrarlo como derecho fundamental en la Constitución Nacional, un objetivo que se propone alcanzar el amplio grupo de organizaciones sociales promotoras del referéndum, que a la fecha ha recolectado más de un millón doscientas mil firmas.

El argumento de Jorge Melo parece desconocer contundentes lecciones de nuestra historia reciente, como son las positivas consecuencias de haber consagrado en la Constitución de 1991 diversas obligaciones del Estado, así como múltiples derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección ambiental y de participación en las decisiones que afecten sus modos de vida. Por ejemplo, a la luz de esas normas, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley General Forestal, sancionada por el Gobierno Nacional en el 2006, que, además de violar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras, fomentaba la explotación a gran escala de nuestros bosques naturales y su consecuente degradación y destrucción. Así mismo, a partir del derecho colectivo a disfrutar de un medio ambiente sano y de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, miles de ciudadanos han defendido en forma efectiva valores ambientales críticos mediante acciones de tutela y populares, que han sido falladas favorablemente por los organismos judiciales.

Melo desconoce también la existencia de un creciente movimiento social internacional que busca establecer el acceso al agua potable como derecho fundamental, y que es, en parte, una respuesta a los procesos de privatización de este recurso, que, con frecuencia, han conducido a que se niegue a los grupos más vulnerables de la población la posibilidad de contar con agua para beber y para sus usos domésticos, incluyendo las labores agrícolas, y que ha conducido a graves conflictos sociales, como los acontecidos en Argentina, Bolivia y Chile, o en diversas provincias de la India.

Justamente, en Colombia, el referéndum tiene uno de sus orígenes en la gran alarma causada por la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley del agua, que establecía unos mecanismos de privatización de este recurso que, claramente, atentaban contra su acceso por parte de amplios grupos de la población y que eran lesivos de los intereses del Estado colombiano, como en su momento lo denunció el experto de la Cepal Miguel Solanes. Por fortuna, el proyecto fue retirado después de ser aprobado en primera vuelta, sin que ello signifique que haya muerto. Y, precisamente, mediante el referéndum por el agua, y como ya lo han hecho otros países, se pretende impedir para siempre que se abran paso este tipo de iniciativas.

En el referéndum también se propone que el servicio de agua potable sea prestado exclusivamente por el Estado, un asunto también objetado por Melo, quien no toma en consideración que, ante la creciente escasez del agua, las empresas de acueducto están en la obligación de impulsar su ahorro y protección. Y que ello no es factible en empresas privadas que, en su legítimo interés de lucro, buscan estimular el incremento de su consumo y encarecerlo artificialmente. Las graves realidades del agua en el mundo de hoy plantean la necesidad de que los acueductos sean propiedad del Estado, y, por fortuna, existen ejemplares empresas públicas del agua en Colombia y en el exterior que demuestran que, además de deseable, es posible.