Manuel Rodríguez Becerra

La explotación de la mina de La Quebradona, ubicada en el municipio antioqueño de Jericó, y la operación del complejo minero que se proyecta establecer en el municipio de Támesis –para el procesamiento del oro, el cobre etc., que se extraerían– serían el principio del fin de uno de los paisajes más hermosos de Colombia.

Sería, también, el principio de un grave declive de la vocación agrícola de la región, de sus valores ambientales, de sus tradiciones culturales y de su enorme potencial turístico, con lo que se arruinaría una fuente de creación de empleo y riqueza de largo plazo.Y esta última no es una especulación. Confama canceló la construcción de un impresionante parque ecoturístico ubicado entre Támesis y Jericó, a partir de seis estudios en los que se evaluaron los efectos paisajísticos, ambientales y sociales de este proyecto minero.

Sin embargo, el alcance del proyecto de La Quebradona en Jericó-Támesis va muchísimo más allá de aquel para el cual se ha solicitado la licencia ambiental. En un video promocional producido por Anglo Gold Ashanti de Colombia, propietaria del proyecto, Felipe Márquez, su presidente, subraya: “No es una mina, es un distrito minero”, y añade que el proyecto, que se desarrollaría entre 2025 y 2047, apenas cubre el 20 por ciento de este yacimiento. Así, pues, que La Quebradona es tan solo un proyecto puntual y detrás de este vendrían muchos otros proyectos de gran minería en la región.

A los graves impactos ambientales y sociales del proyecto de La Quebradona se ha referido hasta la saciedad Jorge Eduardo Cock, exministro de Minas y Energía, en diversas columnas de EL TIEMPO, así como en artículos en otros medios. También lo han hecho muchos otros creadores de opinión. Ningún proyecto minero en Antioquia ha creado tantas voces en contra y tan pocas a favor. Y entre quienes se oponen se encuentran líderes políticos de diversas vertientes, como el expresidente Álvaro Uribe y el exalcalde y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Y, sobre todo, se encuentran trece municipios de la región del suroeste antioqueño, que han dicho no a la minería, por considerar que esa no es la vocación de su territorio. No se entiende por qué el Gobierno Nacional no está escuchando este clamor.

Pero La Quebradona no es un asunto que atañe tan solo a los antioqueños. Es, ante todo, un asunto de interés nacional puesto que, entre otras razones, se está poniendo en juego el paisaje, que el Estado tiene la obligación legal de proteger (una obligación que los gobiernos parecen olvidar). Como lo anotara el escritor Héctor Abad Faciolince: “Cuando mi padre era niño mi abuelo lo llevó al alto de la Mama, en Jericó, y le mostró la vista de una de las regiones más hermosas, dramáticas y conmovedoras de América. Desde una altura de 2.300 metros se veía el majestuoso cañón verde del río Cauca, con más de un kilómetro y medio de profundidad” (‘El Espectador’, 20 de junio de 2020). Y ese paisaje es el producto de las condiciones topográficas, hidrológicas y biológicas de este territorio, a las que se suman transformaciones introducidas por los laboriosos campesinos y empresarios antioqueños, iniciadas a finales del siglo XVIII.

He tenido el privilegio de visitar esta excepcional región en numerosas ocasiones, en los últimos cuarenta años, y cada que regreso a ella descubro nuevos valores, todos los cuales se arruinarían en la medida en que avance su transformación para convertirla en un activo distrito minero. Los colombianos debemos aprender que hay lugares, más allá de los parques naturales nacionales, que hay que proteger en virtud de sus valores paisajísticos, naturales y culturales, y de sus tradiciones y dinámicas agrícolas, siendo el suroeste antioqueño uno de ellos.

La decisión de transformar tan profundamente una región no puede depender exclusivamente de una solicitud de una licencia ambiental, para un proyecto puntual, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.