Manuel Rodríguez Becerra

Todo parece indicar que las negociaciones para la paz están para iniciarse. Así que ahora es urgente adelantar un cuidadoso escrutinio de su agenda. Precisamente, el medio ambiente es uno de los temas que la integran, y su inclusión parece obvia puesto que durante décadas la gran mayoría de los colombianos hemos sido testigos impotentes de los inmensos daños ocasionados a los recursos naturales por la voladura de oleoductos, y por la destrucción de los bosques naturales para la plantación de cultivos ilícitos.

Son bien conocidos los costos humanos y ecológicos causados por la actividad terrorista perpetrada por los elenos en contra de la infraestructura para el transporte de hidrocarburos. El establecimiento de los cultivos de coca y amapola -tan celosamente protegidos por la guerrilla y los paramilitares a cambio de “jugosos impuestos” que les tributan los narcotraficantes-, son el detonante de la destrucción de extensas áreas de bosque natural. En 1997 se talaron entre 100.000 y 200.000 hectáreas una cifra que habría aumentado en 1998 (se estima que por cada hectárea nueva plantada se deforestan tres). Es un ecocidio de vastas proporciones y trágicas consecuencias puesto que conlleva la destrucción irreparable de valiosos ecosistemas boscosos, la mayor parte de los cuales se ubican en la cuenca amazónica, región en donde se encuentra una de las mayores riquezas de biodiversidad del planeta. Los daños ambientales del narcotráfico incluyen también el vertimiento de los químicos y desechos de los procesos de elaboración de los alucinógenos a los suelos y las fuentes hídricas.

Pero la agenda sobre la paz y el medio ambiente está lejos de agotarse en los temas de la voladura de oleoductos y los cultivos ilícitos. De ella también hacen parte la protección efectiva de los Parques Naturales Nacionales, el aprovechamiento y conservación de los bosques naturales, la reforestación,, y la protección y buen uso de las aguas, entre otros. Además, la dimensión ambiental constituye una consideración fundamental en las negociaciones de otros puntos de la agenda como son, por ejemplo, los correspondientes a la reforma agraria y la construcción de infraestructura.

Muchos de los Parques Naturales Nacionales están total o parcialmente controlados por la guerrilla o los paramilitares, sufren de una gran presión por parte de colonos en busca de subsistencia y están siendo crecientemente invadidos por los cultivos ilícitos. Tenemos por delante el gran reto de construir nuevos sistemas de manejo para su adecuada protección que incorporen a las comunidades, ong’s y administraciones locales. De lo contrario lo único que podemos esperar es la continuación del paulatino deterioro de un sistema de áreas protegidas que representa el 10% del territorio nacional y concentra los ecosistemas más representativos del país .

Una nueva reforma agraria –que seguramente se adelantará mediante modalidades muy diferentes a la de las pasadas décadas -, debería excluir la conversión de bosques en tierras para la agricultura, desarrollarse en áreas ya abiertas y con potenciales productivos, e incorporar una estrategia para el establecimiento de modalidades de cultivo ambientalmente sostenibles. Ella debería contemplar la reubicación de millares de campesinos que hoy laboran suelos no aptos para la labor agropecuaria, -una situación de injusticia que genera agudas tensiones sociales-, así como la restauración de esas tierras degradadas mediante procesos de reforestación y revegetalización. En fin, existen profundas relaciones entre el deterioro ambiental y el conflicto, y por ello, las negociaciones de paz se perfilan como una oportunidad única para tratar de echar atrás la destrucción de los recursos naturales en que parecemos empeñados. Sin duda el mejor negocio que podríamos hacer los colombianos es el de conservar y hacer un uso equitativo y sostenible del medio ambiente, una política que generaría riqueza, empleo y bienestar.