Manuel Rodríguez Becerra

Votaré por Juan Manuel Santos. Estoy entre aquellos que hemos vivido en un país en guerra, durante más de 50 años, y consideramos que hoy estamos ante la oportunidad más clara que se haya tenido para firmar la paz. Como afirmamos en carta abierta, liderada por Antanas Mockus y firmada por más de 10.000 colombianos, “si el conflicto armado continúa, persistirán los horrores de la guerra y en particular las violaciones del derecho fundamental a la vida. Y la vida es sagrada. La paz va en serio”.

Y hay que recordar, además, que la oportunidad que hoy brinda el gran avance registrado en las negociaciones de La Habana tiene como telón de fondo la ley de víctimas y restitución de tierras. Hace cuatro años, en los sueños más optimistas de los defensores de las víctimas de la guerra, no se contemplaba la posibilidad de que se formulara una política con este talante. Entre otras, por el hecho de que no pocos de los beneficiarios del despojo de tierras, el desplazamiento y la violencia se encuentran incrustados en altas esferas del poder nacional y regional.

Pero ello no fue motivo para que Santos se arredrara, y, por eso, merece nuestro reconocimiento. Como lo dijera en su momento Norbert Wühler, jefe del Programa de Reparación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta ley es la “más ambiciosa e integral de reparación que se haya visto en el mundo entero”.

Evidentemente, su puesta en marcha no ha tenido la celeridad requerida. Lo que se explica por el desbarajuste institucional que heredó el gobierno de Santos en el sector agrario, por la complejidad inherente en la construcción de nuevas instituciones especializadas para administrar el proceso, y, en general, por la guerra misma. Pero son hechos que no le restan a esta política su importancia crucial para la paz.

Que me proponga votar por Juan Manuel Santos, por el hecho de que en su gobierno vea representada la paz, no significa que cambie mi posición crítica frente a su política ambiental gris. Sin embargo, reconozco que la reconstitución del Ministerio de Ambiente ha representado un avance en comparación con la nefasta fusión que, en el gobierno de Álvaro Uribe, se hiciera del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo, en el 2003.

Y, como lo he argüido en anteriores columnas, la política ambiental requiere reorientarse, y el Ministerio y, en general, la institucionalidad ambiental requieren ser fortalecidos, propósitos que el gobierno de Santos está intentando alcanzar a partir de las recomendaciones de la Ocde.

En contraste, el candidato Óscar Iván Zuluaga ha propuesto, en su programa para la Presidencia, fusionar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda. O, en otras palabras, retornar a la desastrosa política ambiental del gobierno de Uribe, su jefe.

Y es que, además, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental lo exige el proceso de paz, puesto que se requiere dotarla de las capacidades requeridas para enfrentar el posconflicto. Lo que incluye, entre otras, enfrentar el proceso de erradicación de los cultivos ilícitos –un punto esencial, ya acordado con las Farc–, cultivos, que como se sabe, son una de las mayores causas de la deforestación.

Pero ello no agota las actividades que podrían realizarse desde el sector ambiental para la construcción de la paz. Así, por ejemplo, la urgente restauración requerida por diferentes ecosistemas, en particular los bosques, así como la reforestación comercial constituyen oportunidades para generar empleo y actividades empresariales para los reinsertados de la guerra, la mayoría de origen campesino. Pero el hecho de que existan estos potenciales no debe hacernos perder de vista que, como lo indica la experiencia internacional, el posconflicto podría ser más dañino para el medioambiente que el conflicto mismo si no se toman medidas, como aquellas, para evitarlo.