Manuel Rodríguez Becerra

En Colombia no contamos con la institucionalidad requerida para administrar la locomotora minera del desarrollo, como los hechos lo han demostrado hasta la saciedad. Es una situación reconocida por el ministro de Minas, Carlos Rodado, quien ha reiterado la incapacidad de su cartera en áreas críticas. Así, Ingeominas, según su exdirector, Andrés Ruiz, cuenta solamente con el 15 por ciento de los recursos requeridos para fiscalizar los cerca de diez mil títulos mineros otorgados, hoy bajo la responsabilidad de 40 funcionarios.

A todo lo anterior se añade un código minero que, según diversos especialistas, tiene vacíos que no favorecen la protección del medio ambiente, como lo ha subrayado de tiempo atrás la doctora Eugenia Ponce de León, brillante abogada, entre cuyas múltiples contribuciones se encuentran los planteamientos jurídicos que llevaron al establecimiento de la exclusión de la minería de los páramos y, a la postre, a la defensa de Santurbán.

La situación no es mejor por el lado de las autoridades ambientales, encargadas de aprobar o negar las licencias ambientales y de monitorear y de vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas mineras. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), responsable del licenciamiento de las explotaciones a gran escala, no cuenta con ningún técnico de planta en el campo de la minería, y pretende cumplir su exigente tarea a partir del trabajo de 12 contratistas. Precisamente, el viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, al referirse a la impotencia del Ministerio y a las debilidades de las CAR en esta materia, afirmó, en reunión con sus directores, que el medio ambiente de Colombia está enfrentado no a una “locomotora minera”, sino a una “aplanadora minera”. Sobran los comentarios.

El caso es, entonces, que el Gobierno Nacional se encuentra promoviendo la explotación de carbón, metales preciosos, y otros minerales, estando lejos de contar, en este campo, con la capacidad para cumplir con sus obligaciones constitucionales de “proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica” (art. 79), y de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados” (art. 80).

El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que el Gobierno fortalecerá la institucionalidad ambiental y minera, habiendo puesto en marcha el restablecimiento del Ministerio del Ambiente. Pero se requiere mucho más que dividir en dos un ministerio mediocre (el MAVDT), puesto que seguramente acabaremos por tener dos ministerios mediocres (vivienda y ambiente). Es fundamental inyectar sustantivos recursos técnicos y económicos al sector ambiental, para corregir las graves debilidades de Minambiente y de las CAR, instituciones que, además, requieren de una profunda revisión.

Pero reconstruir y fortalecer la institucionalidad ambiental y minera no es tarea que pueda hacerse de la noche a la mañana. Y, entre tanto, fomentar la minería a sabiendas de que, ante la gran incapacidad del Estado, se multiplicarán los daños ambientales y sociales, no solamente sería violatorio del orden jurídico, sino, también, constituiría una falta a la ética. Por eso, sería del caso que el Gobierno Nacional declarara una moratoria en el otorgamiento de títulos y licencias ambientales en el campo minero hasta que se demuestre que cuenta con la capacidad para superar tan anómala situación. Evidentemente, la minería es una oportunidad para el desarrollo económico del país, pero, en la forma como se está enfrentando, sus costos sociales y ambientales son inaceptables.