Manuel Rodríguez Becerra

El ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo en entrevista con PORTAFOLIO que Colombia ha dado muestras de ir camino a prostituirse en materia de expedición de licencias para el desarrollo de la actividad minera en zonas donde, por respeto a la naturaleza, no es viable emprender proyectos.

También afirma que hay países que prostituyen sus exigencias ambientales. Agregó que “Hay indicios de que por allí vamos”.
La polémica sobre la convivencia entre la explotación minera y el medio ambiente está al rojo vivo.

El ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo en entrevista con PORTAFOLIO que Colombia ha dado muestras de ir camino a prostituirse en materia de expedición de licencias para el desarrollo de la actividad minera en zonas donde, por respeto a la naturaleza, no es viable emprender proyectos.

¿Son compatibles el desarrollo minero y la protección del medio ambiente?

Todas y cada una de las posibles actividades mineras no son necesariamente compatibles con la protección del medio ambiente. Si no lo entendemos así, se harán irreparables daños a la gran riqueza en biodiversidad y agua de Colombia, dos recursos que tienen una importancia vital e innegociable para el desarrollo productivo y para garantizar la calidad de vida de los colombianos en el largo plazo.

¿Qué se necesita, entonces, para que las cosas funcionen?

Tener claro en qué áreas del territorio colombiano se puede, o no, realizar la actividad minera, y en aquellos lugares en que sea viable, asegurar que se adelante mediante el cumplimiento estricto de la ley, que se base en los más altos estándares ambientales y sociales a nivel internacional, y que se demande el uso de tecnologías de punta.
Digámoslo con claridad: hay países que se prostituyen en sus exigencias ambientales y sociales con miras a atraer la inversión extranjera, y sería grotesco que este fuese el camino que nuestro país tomara.
Infortunadamente existen indicios de que por allí vamos, como se observa en el acelerado desmonte de las licencias ambientales, que incluye la iniciativa de que los sectores minero o de infraestructura tengan una fuerte intervención en su otorgamiento. ¡Lo único que nos faltaba: que formalmente los objetos de la regulación se conviertan en jueces de sí mismos!. Igualmente preocupan las voces que se están abriendo paso para impedir que se expida normatividad ambiental dirigida a modificar o a imponer nuevos estándares ambientales, que son indispensables frente a las locomotoras económicas.

¿Cuál es el problema que tiene Colombia en este campo?

Unas autoridades ambientales y mineras que son una vergüenza y que no dan ninguna seguridad para que la actividad minera se realice en forma tal que se garantice a los colombianos su derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano.
Estoy seguro, y conozco, que en Minambiente, las CAR e Ingeominas existen algunos funcionarios y técnicos rigurosos y honestos. Pero eso no basta y, crecientemente, son más la excepción que la regla.
El balance de estas entidades durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe es lamentable, su capacidad técnica para lidiar con las “locomotoras del desarrollo” da grima, y su independencia frente a los sectores regulados, en este caso de las empresas mineras, y de la voluntad del jefe de Estado de turno es absolutamente cuestionable.

¿Qué propone usted?

Se requiere dotar a Minambiente, responsable por las licencias ambientales de la gran minería, así como a las CAR e Ingeominas, de una alta capacidad técnica y de la suficiente independencia, así como establecer mecanismos para erradicar la corrupción en estas entidades.
¿Acaso a alguna gran empresa del sector privado se le ocurriría la estupidez de entregar su operación a gerentes de segunda y a técnicos de tercera, con salarios de cuarta, seleccionados mediante intrigas politiqueras, y de no contar con el suficiente número de funcionarios y expertos para atender sus departamentos de producción, ventas y financiero?
Pues este último es el estado de cosas de las autoridades ambientales y mineras en Colombia, una situación que para cambiarla requeriría de un revolcón radical y no simplemente de unos pañitos de agua tibia.
Si van a ingresar miles de millones de dólares a las arcas públicas procedentes de la minería, sería irresponsable que no se utilice una parte de esos recursos para que el Estado garantice un impecable control de su gestión ambiental, y también unos recursos para hacer las necesarias compensaciones ecológicas por los daños inevitables que la actividad minera tiene para la biodiversidad y las aguas, así se adelante con los más altos estándares ambientales. Es urgente, además, cerrar las enormes troneras ambientales del Código de Minas.

La opinión tiene la percepción de que cualquier desarrollo minero que se haga en el país conduce a un desastre ambiental. ¿Eso es válido?

Difícilmente puede tener una percepción distinta. Si se pasea hoy por las playas pavimentadas de carbón de Santa Marta o por el deteriorado centro del Cesar, o semanalmente recibe noticias sobre nuevas víctimas producto de la minería legal e ilegal, incluyendo una historia de cientos de muertos, ¿qué otra conclusión puede sacar el ciudadano promedio?
Como es obvio, esto no necesariamente tiene que ser así y, como siempre, se encuentran excepciones.

¿Puede citar ejemplos?

Las empresas Cerrejón y Cerromatoso han cumplido con la normatividad ambiental y son muy estrictas en materia de seguridad industrial. No se ha producido allí un desastre ambiental. Incluso, Cerrejón saca pecho sobre las magníficas restauraciones que ha hecho de la capa vegetal afectada por su actividad, las cuales, hay que aclararlo, son simplemente el resultado de cumplir a cabalidad con la ley.
Pero en Cerrejón podemos avizorar también las huellas inevitables y que para siempre deja la minería a cielo abierto, cicatrices que son algo así como el costo en que una sociedad resuelve incurrir para recibir otros beneficios.

‘El país no puede ser una guaca de carbón y oro’

Al responder una pregunta sobre si la minería del carbón y el oro son indeseables, el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo que “lo indeseable es tratar de convertir al país, en forma indiscriminada, en una gran guaca para la explotación del oro, del carbón y de otros minerales sin ningún miramiento por la protección de valores ecológicos y sociales fundamentales, incluyendo el paisaje”. Y agregó: “La imagen del Cesar no es lo que debemos desear para el futuro del país”.