Manuel Rodríguez Becerra

Iván Duque es el primer presidente que ha liderado personalmente la lucha contra la destrucción de la selva amazónica, así como de los bosques de otras regiones de Colombia. Pero si no lo hace en forma mucho más contundente, va a acabar siendo derrotado, lo que en últimas sería una gran derrota para el país.

Y es que esta empresa para defender nuestra mayor riqueza natural ha resultado más difícil de lo previsto por el Gobierno cuando, en septiembre de 2018, instauró el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y, unos meses después, lanzó la operación Artemisa. Esta última ha registrado algunos logros, pero, en balance, está fracasando: durante los primeros tres meses de 2020 fueron deforestadas más de 75.000 hectáreas, lo que representó un incremento del 58 % con relación al mismo período en el 2019, y, en los últimos seis meses han aumentado los frentes de deforestación en el noroeste de la Amazonia colombiana, que incluyen los parques nacionales de Tinigua, Picachos, La Macarena, La Paya y Chiribiquete, y algunos resguardos indígenas.

En palabras de Rodrigo Botero, presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, después de un sobrevuelo a principios de este mes: “Sectores como Mapiripán, Vistahermosa, Calamar o Camuya mostraban una deforestación febril, con procesos que se ven coordinados en tiempo, intensidad y localización; es decir, allí hay planeación. También se veía una explosión vial por muchas zonas, abriendo nuevos frentes de colonización y apropiación de tierras. Más de 280 km fueron abiertos en ese principio de año, en áreas que hoy tienen grandes fincas ya consolidadas, con corral, casa, ganado y familias que administran. La deforestación y la apropiación de tierras van en jet, mientras la justicia y política de tierras, en mula” (EL TIEMPO, 15 de febrero, 2021).

Uno pocos días después, el pasado 18 febrero, la Fiscalía General de la Nación adelantó un operativo en contra de algunos de los responsables de la deforestación de grandes áreas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y en varias zonas aledañas. Siete personas fueron capturadas en situación de flagrancia y, más importante, tres personas fueron capturadas por orden judicial en Florencia (Caquetá), señaladas, según la Fiscalía, “de auspiciar actividades ilícitas en las Sabanas del Yarí, en inmediaciones de Chiribiquete, para la adecuación de terrenos con fines de ganadería extensiva, por lo que sus nombres estaban incluidos en el cartel de los más buscados por deforestación en la Amazonia”.

Sin duda, se requiere que la Fiscalía multiplique en forma sustantiva la detención y judicialización de personas que, como estas, dirigen y financian las gigantescas operaciones de deforestación en marcha. Y es que el grueso de la deforestación tiene como mira la apertura de amplias extensiones de selva ubicada en territorios baldíos de la nación o en parques nacionales, con el interés último de poner a pastar allí cientos de miles de cabezas de ganado. Es un acto criminal doble: la destrucción de la selva, uno de los mayores patrimonios de la nación, y el uso ilegal de bienes del Estado para el beneficio particular. Por eso urge que se establezca en el Código Penal que estos delitos sean castigados con una pena de cárcel de larga duración y se prevea el pago de sustantivas multas y de compensaciones económicas equivalentes al daño causado.

La Fiscalía y la Procuraduría deberían también identificar, investigar y sancionar a aquellos funcionarios de las entidades territoriales que hacen parte de los carteles de la deforestación (parece que se conocen a gritos) y que, incluso, han asignado recursos del Estado para financiar la construcción de carreteras para facilitar la colonización.

Aún es posible, señor Presidente, establecer una lucha efectiva del Estado contra la deforestación de aquí al final de su mandato. Sería un legado que los siguientes gobiernos estarían en obligación de continuar.