Manuel Rodríguez Becerra

No pocos colombianos aplaudimos las decisiones de la ministra de Ambiente, Luz Ángela Sarmiento, de suspender el cargue de carbón con barcazas a la empresa Drummond, y de sancionarla por el derrame de carbón en Ciénaga.

Y ese beneplácito refleja la fatiga de gran parte de la ciudadanía con la arrogancia y el desafío al cumplimiento de la ley demostrados por la Drummond durante tantos años, al punto de que su desempeño en los asuntos sociales, ambientales y de derechos humanos y en sus obligaciones en materia tributaria y del pago de regalías está hoy profundamente cuestionado. Además, esta empresa ha logrado, como ninguna, colocar a la minería a gran escala en la picota pública.

Las interpretaciones sobre las medidas tomadas han sido variadas. Las más optimistas han visto en ellas un cambio de rumbo en las políticas minera y ambiental, mientras que otras las han juzgado como un simple artilugio del presidente Santos para lavar la imagen de la grisácea política ambiental de su gobierno, ahora en época de elecciones.

Pero cualquiera que sea el caso, y frente a esta lamentable historia, lo único razonable sería que se efectúe una evaluación a fondo del desempeño de la Drummond y de sus impactos, en sus veinte años de operación, con el fin de decidir si se le prorroga, o no, el contrato, que vence en el 2019. ¡Que no se vaya a hacer su renovación a puerta cerrada!

En medio del debate causado por el caso Drummond, la Ministra anunció que se propone presentar un proyecto de ley para restablecer la licencia de exploración para las actividades mineras, eliminada por el Código Minero del 2001, por considerar que allí se originan muchos de los actuales conflictos socioambientales de la minería.

Sin embargo, resultaría muy simplista reducir su solución a esta necesaria medida. Ante todo, se requiere una revisión a fondo del Código Minero, en cuyas normas se origina una variedad de problemas presentados con diversos proyectos mineros. Y una de las medidas que podrían ayudar a evitarlos, y a resolver muchos de los crecientes interrogantes que suscita hoy la actividad entre la ciudadanía, es la de establecer que, como condición para aprobarlos, o negarlos, se efectúe un análisis beneficio-costo que incorpore en forma integral los aspectos económicos, sociales y ambientales. Así lo han señalado diversos expertos, como el economista Miguel Urrutia, en seminario realizado en la Universidad de los Andes, el año pasado, y más recientemente el profesor Juan Benavides, en un artículo publicado en Portafolio en que propugna una intensa actividad minera.

Como lo afirmó Rudolf Hommes, en su columna en este diario, el crecimiento económico requerido para asegurar la prosperidad y financiar la paz debe fundarse, en parte, en una minería que sea ambientalmente sostenible. Pero este propósito difícilmente se alcanzará con el actual código minero, la debilidad de la institucionalidad ambiental, y la confusión que parece existir en el Gobierno y en la dirigencia del sector privado sobre la gestión del territorio nacional, caracterizado, a la vez, por una gran riqueza ambiental y una gran fragilidad.

En últimas, tras las medidas tomadas frente a la empresa Drummond, las reales intenciones del actual gobierno en materia de política minero-ambiental solamente las sabremos en el próximo cuatrienio, para el cual el presidente Santos muy probablemente será reelegido. Y, en el poco tiempo que resta del actual gobierno, ojalá que la ministra Sarmiento siga adelantando su gestión con la misma contundencia y claridad demostradas en sus decisiones sobre la Drummond.