Manuel Rodríguez Becerra

En los primeros tres años de la década de los años noventa del siglo pasado se adelantó una ambiciosa reforma de las instituciones ambientales con la expedición de la Constitución de 1991, denominada por la Corte Constitucional como la “Constitución Verde” que, posteriormente, en 1993, culminó con la expedición de la Ley 99 de creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Como gerente del Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (INDERENA) tuve la gran oportunidad de coordinar la elaboración este proyecto de ley y las diversas acciones dirigidas a que, una vez expedida la ley, Minambiente iniciara sus actividades con robustez. En particular se obtuvieron créditos, con el fin de poner en marcha la ministerio y adelantar sus primeros programas, con el BID y con el Banco Mundial que ascendieron a US$120 millones, así como recursos de la cooperación internacional que ascendieron a US$80 millones. Una vez creado el Ministerio tuve el privilegio de ser el primer ministro de esta cartera. En todo este proceso el Presidente César Gaviria jugó un papel central. Fue él quien me asignó las menciondas tareas y, en más de una ocasión debió intervenir para evitar el hundimiento del proyecto de ley ante la oposición de poderosos actores del sector privado.

En el libro “La Gestión Ambiental en Colombia”, publicado en 2002, intenté responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Para qué ha servido esta reforma que cumple ya diez años y que en su momento fue reconocida como una de las más ambiciosas en América Latina y el Caribe, constituyéndose en una audaz respuesta colombiana a la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992? ¿Cómo ha evolucionado la situación ambiental del país a la sombra de esta reforma ambiental? ¿Qué podemos decir hoy (2002) sobre la institucionalidad ambiental y el futuro ambiental de Colombia?

Al examinar en retrospectiva este texto, así como el libro “La Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe”, también publicado en 2002, encuentro que mis preocupaciones tenían como base fundamental el imperativo de detener el deterioro ambiental en el territorio nacional y de asegurar que la actividad económica del país se adelantara en el marco del desarrollo sostenible. Si bien, se reconocía el cambio climático y el declive de la biodiversidad como problemas de alta jerarquía a nivel global, la visión predominante entonces en el mundo era que estos dos problemas podrían resolverse. Esa era la esperanza. Hoy 20 años después, el mundo enfrenta una emergencia ambiental que ya en nuestro territorio se expresa en eventos climáticos extremos (sequías, inundaciones, huracanes (recuérdese el Iota que azotó a la isla de Providencia) que están afectando la actividad económica, con fuerte acento en la agricultura, y que están afectando a cientos de miles de colombianos (recuérdese las tragedias de los deslizamientos y las inundaciones que impactan con fuerza a las poblaciones más pobres). Se expresa, también en fenómenos como la muerte del coral y el deretimiento de los glaciares, los cuales no tenemos posibilidad alguna de detener. Precisamente, en marzo de 2023 me propongo publicar el libro “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia” en el que al reconocer estas realidades se plantea la adaptación al cambio climático (que incluye detener la deforestación y la protección de nuestra riqueza en agua) como uno de los ejes fundamentales de la gestión ambiental en las próximas décadas, eventualmente en los próximos siglos. Es la gestión del medio ambiente y del desarrollo sostenible centrada en el riesgo.