Manuel Rodríguez Becerra

La Sabana de Bogotá está siendo destruida sin pausa. Quien no lo crea puede darse una vuelta a lo largo y ancho de la región, y le aseguro que cambiará de opinión. Y lo grave es que este proceso, de destrucción y degradación del medio ambiente y del paisaje, recibirá un nuevo impulso si el alcalde Samuel Moreno llega a firmar el decreto, que tiene sobre su escritorio, sobre la expansión de la ciudad en su límite norte.

Y es que a este paso, en un plazo no muy largo, y quizá hacia mediados de siglo, quedarán, si acaso, unos pocos restos de una de las regiones más singulares de los Andes suramericanos, en virtud de sus valores ecológicos y paisajísticos, y se habrán arruinado algunos de los suelos más fértiles del país. Y los habitantes de la capital de Colombia vivirán en esa especie de infierno que son, ya hoy, aquellos grandes centros urbanos de nuestro planeta que tomaron por la senda de la ciudad desparramada, atomizada, de baja densidad, y conurbada con las poblaciones vecinas, mediante una sobre-expansión que arrasa con las áreas que deberían dedicarse a la protección del medio ambiente y del paisaje, la agricultura y la recreación.

Con el fin de detener la instauración de tan indeseable modelo de desarrollo urbano, a principios de la década pasada, se declaró a “la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”, y se ordenó al Ministerio del Ambiente, al Distrito Capital y a los municipios vecinos la expedición de una reglamentación consecuente con esa concepción (Ley 99 de 1993). Y, como es obvio, la concepción que orienta esta norma exige propiciar la conformación de una ciudad densa que permita la conservación de la máxima extensión rural posible.

En el 2002, en consonancia con este precepto legal, el Ministerio del Ambiente, entonces bajo responsabilidad de Juan Mayr, y en el contexto de un complejo proceso conducente a definir el plan de ordenamiento de Bogotá, tomó la decisión de establecer, en el límite norte de la capital, una franja de conexión, restauración y protección entre los cerros orientales y el río Bogotá, con el propósito de conservar especiales valores ecológicos de la Sabana, ofrecer espacios para la recreación y evitar la conurbación con Chía, como se explicó en esta columna (12 de octubre de 2008). Y en la misma determinación ministerial se señalaron las áreas dentro del Distrito Capital que podrían dar cabida a las nuevas viviendas requeridas por el crecimiento de la población.

Ahora, el alcalde Moreno, con su Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, echará por la borda la anterior decisión ministerial, al permitir el desarrollo urbanístico de una amplia zona de la mencionada franja.

Entre tanto, la CAR ha permanecido en silencio, una actitud que no parece extraña, si se toma en cuenta que durante ocho años se resistió a reglamentar el mandato de Minambiente y que durante las últimas dos décadas ha tolerado el creciente caos urbanístico de los diferentes municipios de la Sabana y su región vecina.

De no cambiar las cosas, los habitantes de la Sabana de Bogotá debemos prepararnos para un futuro ambiental bastante infeliz. ¿Qué podrían decirnos sobre esta situación los mandatarios y concejales que han dirigido los destinos del Distrito Capital y los municipios de la región en los dos últimos decenios? ¿Ha sido, acaso, el producto de la omisión, la estupidez, la corrupción, la incapacidad, la impotencia, o de las cinco a la vez? En últimas, los únicos favorecidos con este modelo de ciudad, que nos están imponiendo, son los grandes urbanizadores y propietarios de tierra, sin que a nadie le parezca importar la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente sano.