Manuel Rodríguez Becerra

Fotografías aéreas tomadas recientemente del cauce y las riberas del río Dagua, en la vecindad de Zaragoza (Valle del Cauca) muestran un inenarrable paisaje de destrucción, que se extiende por cerca de 20 kilómetros del curso del río: grandes cráteres de lodo, materiales de desecho amontonados, suelos deforestados y arruinados que fracturan el verdor de la selva tropical, una corriente de agua que transcurre penosamente en medio del caos y 270 retroexcavadoras y dragas responsables por la perpetración de este irreparable ecocidio.

Como ocurre en estos casos, cientos de mineros artesanales han trabajado también en el lugar, buscando sobrevivir de las briznas que les han dejado los verdaderos dueños del negocio -los de las retroexcavadoras y las dragas y los compradores del metal-, que ladinamente los utilizan como blindaje para justificar su actividad.

Es una operación ilegal adelantada ante las narices mismas de las autoridades públicas del Valle del Cauca: a la altura del kilómetro 27 de la carretera Cali-Buenaventura, justo a la vera de un largo trayecto de lo que será la doble calzada, se puede observar una parte del desastre e intuirlo en toda su magnitud. Los impactos ambientales son innumerables: destrucción del bosque, la fauna y las tierras agrícolas ribereñas; miles de toneladas de sedimentos que han incrementado la colmatación de la bahía de Buenaventura; alteración del régimen del río y del nivel freático; cambios en la morfología del terreno; aguas y suelos contaminados con mercurio; modificación de los cursos del agua y formación de grandes lagunas para material descartado, y pérdida de recursos hidrobiológicos. Los impactos sociales han sido también trágicos: se dice que han ocurrido más de 30 homicidios, pero nunca lo sabremos con certeza.

Todo se inició con una pequeña explotación por parte de habitantes de la región, a principios del año 2009, y muy pronto comenzaron a llegar gentes de afuera con su maquinaria y capitales; se estima que la población flotante y residente llegó a ascender a nueve mil personas. ¿Por qué la CVC, la alcaldía de Buenaventura y la gobernación del Valle no intervinieron a tiempo, cuando apenas se iniciaba la explotación ilegal, teniendo todos los instrumentos para hacerlo? Estas tres autoridades parecerían haber actuado más con complicidad que con incompetencia. De otra manera no se podría explicar la situación.

Se habla de poderosos personajes y organizaciones del Valle que están detrás del negocio y de comisiones y tributos que van a parar a sus manos como garantía de la impunidad. Se señala, entre otros, al PIN, esa especie de mano invisible y siniestra que, como las otras agrupaciones de su laya, es, también, una máquina productora de senadores y votos. Todos estos rumores apuntan hacia lo que ya todos sabemos: Zaragoza es, en gran parte, una expresión más de la acción de los grupos de la “nueva política”, que se están apoderando de las instituciones y los recursos públicos en diversas regiones del país, para esquilmarlas en su propio beneficio.

Por fortuna, aún quedan rastros de decencia en el Valle. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, a partir de una acción popular presentada por un ciudadano, produjo un fallo que ordena el cese de actividades mineras en Zaragoza a finales de abril. Después de año y medio, y desde la semana pasada, retroexcavadoras y dragas están siendo evacuadas y la hecatombe parecería llegar a su fin, dejando indelebles y profundos daños ecológicos y sociales.

Pero lo grave es que si la ilegalidad, la corrupción y el todo vale siguen avante y en aumento, como ha sido la lamentable historia del país en estos años, hecatombes ambientales como la de Zaragoza serán más frecuentes. Precisamente, para salir del abismo de ilegalidad e impunidad en que estamos sumidos, tenemos ahora la oportunidad de elegir a Mockus-Fajardo, lo que significa también dirigirnos a un nuevo destino ambiental.