Manuel Rodríguez Becerra

La Conferencia de la Convención de Cambio Climático en Lima dejó el vaso medio lleno y medio vacío.

Medio lleno porque, después del colapso de la Cumbre de Copenhague, en el 2009, las condiciones requeridas por las partes para realizar unas negociaciones tan complejas, como son la confianza y la transparencia, parecen haberse recuperado paulatinamente en los últimos años, como se evidenció en la forma en que se realizaron las negociaciones en Lima. Que no es un asunto de poca monta si se piensa que todavía resta un año para realizar la Cumbre de París, que es la meta final del proceso que se inició en Cancún en el 2010 después del fracaso de Copenhague.

Pero el vaso quedó medio vacío porque en Lima no se lograron despejar las grandes incertidumbres existentes sobre la Cumbre de París. Y es que la evolución de las negociaciones y los desacuerdos entre los países desarrollados y en desarrollo, que se reiteraron en Lima, bien podrían conducir a que no se logren los compromisos requeridos para que el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra no pase el umbral de dos grados centígrados, que la ciencia considera peligroso. Y para implementar todas las medidas requeridas para mantenerse por debajo de este umbral, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha señalado que solamente restan entre veinte y veinticinco años.

Como el tiempo es tan angustiosamente corto y el acuerdo de París solo entraría en vigencia en el 2020, se ha acordado que todos los países presenten en el primer semestre del próximo año las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los próximos cinco años, que, no obstante ser de carácter voluntario, marcarían en mucho el tono de lo que ocurrirá en París.

Los países desarrollados pusieron en Lima, como lo venían haciendo desde antes, el mayor énfasis en este aspecto de la negociación, es decir, en la mitigación para el período pre-2020 y para el pos-2020, pero, al mismo tiempo, siguen sin comprometerse con los niveles de reducción de emisiones que sería necesario.

Pero, además, la mayor parte de los países en desarrollo considera que no será posible llegar a los acuerdos requeridos para la mitigación si no se llega simultáneamente a los necesarios en materia de adaptación y de daños y pérdidas, y si los países desarrollados no hacen compromisos firmes y de largo plazo para la financiación de estos tres frentes, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

Y es que se prevé que los países en desarrollo deberán hacer un sustantivo esfuerzo financiero para la adaptación al cambio climático, que incluye tanto las estrategias para hacer más resistentes sus ecosistemas al clima cambiante como las inversiones en que crecientemente ya están incurriendo para enfrentar las embestidas climáticas. Y para todo ello tendrán que acudir tanto a sus propios recursos económicos como a aquellos que se deberían acordar en París. Además, cuando se presenten daños y pérdidas, los países en desarrollo deberán ser en muchos casos compensados y reparados, tal como en principio se ha acordado.

En cuanto a la mitigación, los compromisos de los países en desarrollo deberían estar en consonancia con la responsabilidad que tengan con respecto a las emisiones procedentes de su territorio. Pero la eventual mitigación adicional que podrían hacer, y más allá de la que sea justa desde el ámbito nacional, para contribuir a que se alcancen las metas globales, tiene que ser necesariamente financiada por los países desarrollados.

En Lima quedó claro que los países desarrollados siguen evadiendo el tema de la financiación, así hayan hecho ruido con las anunciadas contribuciones económicas, de lejos insuficientes, y sin aquella no será dable pensar en un acuerdo con dientes en la Cumbre de París.