Manuel Rodríguez Becerra

En qué medida factores de carácter ambiental han sido una de las causas de la guerra, y en qué grado la han favorecido u obstaculizado? Cuáles han sido las consecuencias de la guerra para el medio ambiente? Cuáles han sido los impactos de los cultivos ilícitos, un negocio que hoy está íntimamente ligado con los grupos insurgentes, para nuestro medio natural? En qué medida la conservación y uso sostenible del medio ambiente puede contribuir a la estabilidad social y la paz? Diez expertos provenientes de diversos campos de las ciencias sociales y ambientales han intentado responder estas preguntas en el libro Guerra, Sociedad y Medio Ambiente , publicado por el Foro Nacional Ambiental: Germán Andrade, Alfonso Avellaneda, Carlos Castaño Uribe, Hernán Darío Correa, Darío Fajardo, Guillaume Fontaine, César Ortiz, Alfredo Rangel, Manuel Rodríguez, y Ricardo Vargas.

En qué medida factores de carácter ambiental han sido una de las causas de la guerra, y en qué grado la han favorecido u obstaculizado? Cuáles han sido las consecuencias de la guerra para el medio ambiente? Cuáles han sido los impactos de los cultivos ilícitos, un negocio que hoy está íntimamente ligado con los grupos insurgentes, para nuestro medio natural? En qué medida la conservación y uso sostenible del medio ambiente puede contribuir a la estabilidad social y la paz? Diez expertos provenientes de diversos campos de las ciencias sociales y ambientales han intentado responder estas preguntas en el libro “Guerra, Sociedad y Medio Ambiente”, publicado por el Foro Nacional Ambiental: Germán Andrade, Alfonso Avellaneda, Carlos Castaño Uribe, Hernán Darío Correa, Darío Fajardo, Guillaume Fontaine, César Ortiz, Alfredo Rangel, Manuel Rodríguez, y Ricardo Vargas.

A lo largo de los diversos ensayos se muestra como el conflicto en el país tuvo desde su inicio una dimensión ambiental y como la tierra no es el único recurso que ha estado en disputa, sino en general el uso de los recursos naturales (agua, madera, productos no maderables). Además, se concluye que lo ambiental continúa jugando un papel de relevancia como combustible del conflicto armado. Una evidencia contundente en esa materia la ofrece la dinámica y localización de los desplazamientos que según Darío Fajardo guardan relación con el acaparamiento de tierras o al control de territorios estratégicos por sus recursos naturales renovables y no renovables o por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura o por su significado militar y político dentro de la confrontación armada, lo cual se convierte en motivación para despoblar estas zonas. De acuerdo con la información disponible, el 78.4% de las personas desplazadas pertenecían a departamentos con un coeficiente de Gini superior al 0.73% para concentración de la tierra. Sin embargo, los diversos ensayos al mismo tiempo que identifican que la dimensión ambiental se encuentra en el origen del conflicto armado colombiano y que lo ha alimentado a lo largo de su historia, subrayan que ella no es, por sí misma, suficiente para causarlo. Porque si bien lo ambiental contribuye a la generación de la violencia, siempre lo hace en interacción con otros factores económicos, políticos y sociales.

Las consecuencias de la guerra para el medio ambiente son múltiples, incluyendo las correspondientes a los cultivos ilícitos. Según Germán Andrade hoy es muy probable que en la selva haya sobreexplotación de poblaciones de fauna como fuente de proteína para las concentraciones humanas que allí habitan, la cual habría sido agudizada por los grupos armados ilegales, las fuerzas regulares del ejército y los cultivadores de coca y amapola. La defaunación está causando una degradación de muchos de los ecosistemas boscosos del país debido, entre otras, a la desaparición o disminución de dispersores críticos de las semillas vitales para la reproducción de la flora. Este fenómeno estaría teniendo un impacto tan grave como la deforestación causada por el establecimiento de los cultivos ilícitos fenómeno este último que algunos observadores ubican en más de 1.000.000 de hectáreas, aunque las estimaciones presentan grandes variaciones.

Tanto para Andrade, como para Ricardo Vargas y César Ortiz, el mayor efecto ambiental de los cultivos ilícitos se encuentra en su carácter itinerante causado principalmente por las políticas de erradicación. Es un fenómeno que no sólo tiene un carácter nacional sino también internacional como se manifiesta en la dinámica de migración de los cultivos entre Colombia, Bolivia y Perú, una de las más trágicas expresiones de la inutilidad de esta forma de lucha contra el narcotráfico global. Vargas concluye que como consecuencia de la intensificación de la erradicación mediante la fumigación, en el contexto del “Plan Colombia”, se ha transitado de una situación en la cual los cultivos se encontraban concentrados espacialmente en unos pocos departamentos, a una situación en la cual se han establecido cultivos en departamentos que antes no participaban en la actividad, o lo hacían marginalmente. Esta metástasis de los cultivos está llevando a la fragmentación y a la destrucción de algunos de los últimos relictos de bosque natural en diversas regiones andinas e interandinas del país. En estos últimos bosques se encuentra gran parte de la riqueza en biodiversidad de Colombia, por lo cual el impacto cualitativo de su tala y degradación tiene inmensas proporciones. Además, la política de erradicación está teniendo como efecto una mayor exclusión social y marginalización ecológica del amplio grupo de pequeños productores.

Otros temas de especial relevancia son objeto de amplios análisis, entre los cuales se mencionan los referentes a las relaciones del desarrollo vial y la explotación del petróleo con la guerra y el medio ambiente, así como el significado que para la insurgencia tienen la compleja diversidad biológica y geográfica de Colombia desde el punto de vista estratégico militar. Finalmente, se concluye como dos políticas ambientales adelantadas en el período 1994-2002 han sido ejecutadas con relativo éxito en medio de la guerra: un programa de reforestación comunitaria de 150.000 hectáreas en zonas especialmente conflictivas, y el proyecto de “parques con la gente” que busca incorporar y comprometer a las comunidades en su manejo. La documentación presentada para los dos casos es contundente en mostrar los enormes potenciales del medio ambiente para la construcción de la paz. Esta es una luz en medio del sombrío y complejo panorama que presentan las relaciones entre guerra y medio ambiente en Colombia.