Manuel Rodríguez Becerra

Una vez anunciada, con bombos y platillos, la decisión política de transformar el Parque Natural Nacional de Gorgona en una cárcel, el gobierno quedó condenado a enmendar tan monda y lironda metida de pata. No sólo porque la implementación de esa decisión significaría un grave daño a ese valiosísimo recurso natural, tal como fue argumentado hasta la saciedad por diversos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. Sino también porque la decisión traería altos costos para la política domestica e internacional que, en su momento, el Consejo de Seguridad, con Presidente y Ministros de Justicia y de Defensa a la cabeza, no supieron valorar.

En efecto, para establecer una cárcel en la isla, la única posibilidad era sustraer una parte de la misma como Parque Natural, ya que de acuerdo con la normatividad, vigente desde 1977, una cárcel no puede existir dentro de una área protegida. Y esa decisión de sustracción, previo un complejo proceso jurídico y técnico cuyos resultados podrían I legar a ser negativos en términos de la satisfacción de las intenciones del gobierno, sólo estaba en capacidad de tomarla el Ministro del Medio Ambiente, mediante resolución firmada por él.

Y que la ministra Cecilia López fuese a firmar tal resolución no era políticamente viable: Minambiente hubiese perdido toda credibilidad a nivel doméstico y a nivel internacional, y con él la política ambiental del gobierno Samper, agravándose la situación, aún más, ante la forma muy negativa como la ciudadanía recibió el anuncio de las pretensiones gubernamentales. En otras palabras, la ministra y el ministerio hubiesen quedado en una situación insostenible que, con la transformación de Gorgona en cárcel, la política ambiental de Colombia hubiese recibido un golpe mortal a nivel internacional es de fácil ilustración. Porque, entre otras cosas, en los últimos tres años ésta ha entregado a Colombia cerca de US$80.000.000, para la protección de los recursos naturales renovables del andén Pacífico, señalado como una de las regiones con más alta biodiversidad -diversidad genética de especies animales y vegetales y ecosistemas-, y con más abundantes recursos hídricos del planeta, que a la vez registra una de las tasas de destrucción más aceleradas de estas riquezas. En síntesis, con el anuncio de la cárcel insular de Gorgona, el Consejo de Seguridad, y con él el Gobierno, hicieron el oso ante la comunidad internacional; pero de todas formas, nos debemos consolar con un “nuevo triunfo moral para Colombia”: porque, al echarse para atrás tan improvisada decisión, nos evitamos una estruendosa silbatina global, que hubiese acallado con creces el pequeño aplauso que, dicen, comenzaba a oírse en uno de los recónditos rincones de certificación de la Secretaría de Estado norteamericana. Y de regreso a lo local, es evidente que el gobierno no estimó el muy previsible rechazo de la ciudadanía al anuncio de la conversión de Gorgona en cárcel, una expresión de la creciente sensibilidad por lo ambiental, que se ha ido formando en diferentes sectores de la población. Y así lo pudo confrontar, también, en la solicitud que, un representativo grupo de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, hicieron al Presidente Samper de incorporar en el proceso decisorio sobre Gorgona una consulta formal a los ciudadanos, haciendo uso del derecho constitucional que los colombianos tienen de participar en las decisiones que puedan afectar la calidad del ambiente (Art.79). Pero resulta bien preocupante que, mientras la ciudadanía defiende un valor natural, paisajístico y recreacional, como Gorgona, una buena parte de la alta administración gubernamental parece continuar ajena a este interés público fundamental, e ignorar la creciente sensibilidad de los colombianos por este tipo de valores. (¡Y por ello es necesario insistir, aunque nos hagamos cansones, en la necesidad de que Minambiente inicie su campaña educación ambiental por allá en la élite gubernamental!). En fin, Gorgona salió bien librado, hecho con el cual se fortaleció la causa que busca detener y echar para atrás la creciente destrucción de nuestros recursos naturales, ganó terreno el nuevo ministerio del Minambiente, y triunfó el buen sentido de la comunidad.