Manuel Rodríguez Becerra

Rudolf Hommes se lamenta de que la locomotora minera se haya detenido, y señala que “gran parte de la oposición al desarrollo minero empresarial surgió de los ambientalistas, cuyos elementos más radicales y más vocales no aceptan nada distinto a impedir que se desarrollen los proyectos sin tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales de ese desenlace” (EL TIEMPO, primero de diciembre del 2013).

Pero Hommes parece olvidar que gran parte de los cuestionamientos a la minería han sido originados por la forma inadecuada, para decir lo menos, con que gobiernos y empresarios la han conducido. Y es que, parodiando al exministro, la actual política minera no tiene en cuenta las graves e injustificadas consecuencias ambientales y sociales que, en balance, esta necesaria actividad económica ya ha ocasionado, y, además, no se observa ningún intento para corregirla.

La posición de Hommes me recuerda la de uno de los ministros de Minas del gobierno de Uribe, al que, ante las críticas de algunos periodistas y ambientalistas a la política minera, no le faltaron palabras para descalificarlos.

Y para que el país se percatara de que ni el ministro ni el coro de empresarios mineros que lo alababan tenían la razón fue necesario que un economista ambiental, Guillermo Rudas, auspiciado por el Consejo Nacional de Planeación, hiciera pública (2010), con cifras contundentes, la forma caótica como se estaba conduciendo la política minero-ambiental, la mano ancha con la cual se estaba devolviendo a los mineros una parte sustancial de las regalías y la precaria situación social de los municipios mineros.

Y fue Carlos Rodado, el primer ministro de Minas del gobierno Santos, quien se encargó de confirmar y ampliar las que habían sido calificadas como injustificadas denuncias de los ambientalistas. Desde entonces, el gobierno Santos ha intentado poner la casa minera en orden, como se manifiesta en la creación de la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pero, por ahora, ese nuevo orden parece estar orientado a procurar que la minería se haga a toda costa y a cualquier costo.

Y es que la política minera sigue hoy sin cuantificar, calificar y hacer transparentes los beneficios sociales y económicos, así como los costos sociales, ambientales y culturales que podrían derivarse de la minería, en general, y de los diversos proyectos mineros, en particular. Esa sería una de las aproximaciones que podrían servir para dilucidar en forma pública en qué regiones se debe hacer minería y en cuáles no, cuándo, a qué ritmo y cómo.

Este es uno de los planteamientos del informe ‘Minería en Colombia’ (2013), de la Contraloría, que infortunadamente no pocos empresarios mineros han buscado desprestigiar. Y es que, con frecuencia, se encuentra más cómodo estigmatizar a quienes con evidencias y argumentos cuestionan la actual política minera, denominándolos como ambientalistas fundamentalistas, opositores del progreso, etc., que hacer el necesario debate público.

Pero los cuestionamientos y, en algunos casos, la abierta oposición a diversos proyectos no vienen simplemente del ambientalismo (con sus diversas vertientes ideológicas y científicas), sino también de movimientos sociales que, con no pocas razones, se preguntan por el futuro de bienes básicos como el agua y la agricultura, así como de sus derechos fundamentales y colectivos.

Nota. Muchos lamentamos el fallecimiento de Alberto Umaña Carrizosa, que fuera un gran empresario, en particular de la industria gráfica y editorial. Pero, sobre todo, sus amigos lo recordamos por su calidad humana, su generosidad, su alegría y su singular carisma.