Manuel Rodríguez Becerra

La nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, afirmó que convencerá a Iván Duque, el presidente, de que “es posible implementar el ‘fracking’ (o fracturamiento hidráulico) con responsabilidad ambiental” (La W, 13 de agosto de 2018). Y es que la ministra tiene claro que Iván Duque, el candidato, anunció en su campaña: “En Colombia no se hará ‘fracking’ ” (Noticias Caracol, 11 de abril). Fue una promesa que hicieron también los candidatos Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

Recientemente, el contralor saliente, Edgardo Maya, solicitó al Gobierno la suspensión de las actividades que se adelantan en Colombia para desarrollar el ‘fracking’, una técnica para extraer gas de esquisto, después de que, en 2012 y 2014, la misma entidad expidió dos funciones de advertencia sobre los riesgos ambientales que podrían generarse con esta actividad.

La solicitud de suspensión de la Contraloría se suma a la de diversos movimientos cívicos de protesta y acciones de organizaciones de la sociedad civil y el sector político, entre otras: tres acciones populares presentadas ante los tribunales administrativos de Cundinamarca, Santander y Boyacá, una demanda admitida por el Consejo de Estado y el proyecto de ley para la prohibición del ‘fracking’, radicado por más de 30 congresistas y elaborado por la Alianza Colombia Libre de Fracking.

¿Qué tiene en común la oposición al ‘fracking’ que surge de tan variadas organizaciones y personas? Todos fundamentan su posición en el principio de precaución, que, consagrado en la legislación ambiental de Colombia y diferentes tratados internacionales, establece que cuando existan indicios de daño ambiental, así no se cuente con total certeza científica, es imperativo tomar todas las medidas que sean del caso para evitarlo. Los riesgos para la salud y el medioambiente han sido documentados en numerosos estudios científicos realizados principalmente en Norteamérica y Europa. Los múltiples riesgos, de muy diverso grado y distinta naturaleza (desde altos hasta bajos riesgos, pasando por moderados), y sus evidencias llenan miles de páginas. Además, sobre algunos temas críticos existen grandes vacíos de información que no permiten aún llegar a conclusiones definitivas.

A partir de básicamente la misma evidencia científica, un número amplio de países y localidades permiten la técnica (los más), mientras que otros la han prohibido (los menos). El estado de Nueva York prohibió el ‘fracking’, aunque está sentado sobre un yacimiento de gas de esquisto de enorme riqueza, mientras que estados vecinos, sentados sobre el mismo yacimiento, lo han permitido. ¿Por qué? El gobernador Cuomo atendió la opinión predominante de los habitantes de su estado que consideran está técnica demasiado arriesgada para la contaminación del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, y para su salud y su calidad de vida.

Se podría afirmar que el entendimiento del principio de precaución por los habitantes y líderes políticos de aquellos países o localidades que lo han prohibido es muy diferente al de aquellos que lo han aceptado. Pero es claro que la prohibición y los movimientos sociales en contra del ‘fracking’ avanzan en diversos países y localidades del mundo ante nuevas evidencias.

En Colombia, los riesgos para el medioambiente y la salud son mucho más altos que en los países desarrollados, como consecuencia de dos factores. Por una parte, la gran debilidad técnica y operacional de las autoridades ambientales y mineras y, por otra, los enormes vacíos de conocimiento científico y técnico sobre los territorios en los cuales se prospecta, como la Contraloría lo demuestra en sus contundentes informes. ¿Con qué argumentos la ministra Suárez tratará de convencer al presidente Iván Duque y a su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, sobre las bondades del ‘fracking’?