Manuel Rodríguez Becerra

Colombia entró en la era del fracking, o fracturación hidráulica, para la extracción de gas –denominado gas de esquisto– y petróleo.

Esta técnica está revolucionando el mercado de energía global, al punto de que Estados Unidos se convertiría en exportador de combustibles fósiles, y su dependencia del Oriente Próximo se haría cada vez menor. Pero no obstante el impacto económico y geopolítico del fracking, en particular al permitir el acceso a inmensas reservas de gas, algunos países lo han prohibido, como Francia, o han declarado un período de moratoria, como Alemania.

¿Por qué? Existen riesgos e incertidumbres sobre las consecuencias ambientales y sociales del fracking, como se señala, en forma contundente, en dos informes recientes: ‘Toward an evidence-based fracking debate’ (Union of Concerned Scientist, USA, 2013) y ‘Environmental Impacts of Shale Gas Extraction in Canada’ (CAC, 2014), este último realizado por su prestigioso consejo de academias, a solicitud del Gobierno.

Y es que el fracking es un método de extracción consistente en taladrar, en forma vertical, un kilómetro o más bajo tierra, y luego taladrar, horizontalmente, en longitudes que oscilan entre 1,5 y 3 kilómetros e inyectar fluidos al suelo, a muy alta presión, para fracturar rocas cargadas con hidrocarburos y liberarlos. Los fluidos son una mezcla de agua, arenas de sílice especiales y químicos, algunos de los cuales son tóxicos.

Por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías. Y, según el CAC, la mayor amenaza para el agua subterránea es el escape de los gases de los pozos, para lo cual ni aun las mejores prácticas pueden asegurar su prevención a largo plazo, incluyendo el período después de su cierre.

Pero, al tiempo que, en múltiples casos, estas formas de contaminación se han documentado, existen muchos sitios en que no se ha encontrado ninguna contaminación de las aguas subterráneas.

Además, el mal manejo de la parte de los fluidos utilizados en el fracking que regresan a la superficie, así como de los millones de metros de litros de agua residual contentivos de contaminantes y que están asociados a la extracción de los hidrocarburos, puede generar grave contaminación de las fuentes de agua superficiales y de los acuíferos.

Como se afirma: “Varios miles de pozos de gas de esquisto están en producción en Norteamérica. Pero, no obstante el número de accidentes e incidentes, no se han hecho la investigación y el monitoreo necesarios. Se carece de la información para caracterizar y evaluar adecuadamente los impactos ambientales del gas, en particular en relación con la potencial contaminación de las aguas subterráneas y las emisiones fugitivas de metano (CAC).”

Uno de los mayores problemas, como lo afirman los dos informes citados, es la falta de transparencia de los gobiernos y las empresas frente a la ciudadanía sobre los riesgos ambientales del fracking, que se explicaría por los no pocos “huecos negros” que existen sobre la técnica.

Por eso, tienen la razón quienes, en Colombia, piden una moratoria para aclarar muchos temas que los preocupan. Obviamente, el gobierno de Santos, en su urgencia por tener ingresos adicionales, no la concederá y enfrentará, eventualmente, el incremento de los conflictos socioambientales con diferentes comunidades del país, que, como siempre, acabarán pagando los platos rotos.